Han sido 385 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados desde el primero de enero de 2016 hasta el 15 de mayo de 2018, señala el último informe entregado por Indepaz que se aleja considerablemente de las cifras del Gobierno: según el director del Cuerpo Élite de la Policía para la Protección de Líderes Sociales, coronel José Restrepo, al menos 178 líderes sociales han sido asesinados desde que se firmó en noviembre de 2016 el acuerdo de paz con las Farc.

Si se toma el número de Indepaz y se suman los 14 asesinatos de líderes que se han reportado desde mayo a la fecha, llegaríamos a la alarmante cifra de 399 personas asesinadas en relación a su labor. Sí, casi 400 defensores de la paz a quienes les quitaron la vida por no querer más violencia.

Pero ellos son más que cifras; son nombres, son familiares, son personas que luchaban día a día por transformar y proteger a sus comunidades. Sin embargo, parece que ellos se convirtieron en un ‘objetivo de guerra’ durante el posconflicto.

Este es el mapa con el número de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados por departamento:


399

Líderes asesinados entre el 1.º de enero de 2016 y el 5 de julio de 2018 (con información de Indepaz y Pacifista)


¿Quiénes y por qué los asesinados?

Es la gran pregunta que varias organizaciones le reclaman al Gobierno, un Gobierno que no ha logrado proteger con efectividad a estas personas que se dedicaban a hacer pedagogía de paz, que luchaban por el acceso a la tierra, que estaban en contra de la erradicación forzosa de la coca y a favor de la sustitución de cultivos, que día a día se enfrentaban contra los actores armados para evitar el ingreso a sus comunidades.

Por eso, un grupo de organizaciones presentó un informe, llamado ‘Defender la vida’ a la Comisión de la Verdad, sobre la situación de las personas que defienden los derechos humanos y el territorio. En este señalan, con 10 ejemplos de asesinatos durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, que sí existe un patrón en los asesinatos, amenazas y atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, “lo que permite concluir el carácter sistemático y generalizado de estos ataques, así como la impunidad generalizada en la que se mantienen estos casos donde no existen condenas en firme y donde las investigaciones no apuntan a los determinadores de los hechos”, se lee en el texto.

Según Indepaz, dichos determinadores o responsables, aunque en la mayoría de los casos son desconocidos, en otros señalan a grupos paramilitares, a las Águilas Negras, al Clan del Golfo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, disidentes de las Farc, el Eln y hasta miembros de las Fuerzas Militares.

“Con este panorama, entendemos que el país se encuentra en el inicio de un proceso de recrudecimiento de la violencia, caracterizado por la persecución armada a los sectores sociales, populares y alternativos. Sin lugar a dudas, los enemigos de la vida se sienten hoy empoderados, respaldados y legitimados”, manifestaron a PUBLIMETRO miembros de la organización Cxhab Wala Kiwe.

Este informe entregado a la Comisión de la Verdad toma importancia debido a los últimos cinco asesinatos que se han conocido en los primeros días de julio y por la violencia que se ha desatado en las regiones después de las elecciones presidenciales, lo que confirma que las inclinaciones políticas sí pesan.

Violencia política

Lo más preocupante es que año tras año la violencia contra los líderes sociales ha aumentado y de seguir con la tendencia con la que comenzó 2018, este será el más duro de todos.

Esto lo confirma el Cerac (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos) en un estudio sobre violencia política que fue publicado en febrero. En este señala que la violencia política letal fue alta desde la implementación del acuerdo de paz, el primero de diciembre de 2016; se mantuvo durante 2017 y “se disparó” en enero de 2018.

En esta clasificación, que excluye las muertes asociadas al conflicto armado y toma solo los casos relacionados con preferencias políticas, indica que en los últimos cuatro años el 45% de las víctimas por este tipo de violencias fueron organizaciones o líderes comunitarios. Además, meses antes de las elecciones de los últimos cuatro años las cifras siempre aumentaron.

Otro dato revelador de este informe asegura que en enero de 2018 las víctimas mortales por violencia política fueron tres veces más que las de enero de 2017.

Pese a todo esto, desde el Gobierno se insiste en que en Colombia hace mucho tiempo desapareció el paramilitarismo y que no existe un asesinato sistemático de los líderes sociales. En cambio, sus muertes podrían estar más relacionadas a “líos de faldas” o “vínculos con las redes de apoyo de grupos criminales”, como lo afirmó ayer el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en referencia a Ana Cortés, la víctima más reciente.

Lo cierto es que sí, nos están matando, y parece ser un tema que, por ahora, no le interesa ni a este gobierno ni al que sigue.

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