Este miércoles el Gobierno se la jugará toda en el Senado, donde tendrán el último plazo para votar el proyecto de ley que establece el procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.

En palabras del mismo ministro del Interior, Guillermo Rivera, para evitar más dilaciones en la discusión de este proyecto, que tiene mensaje de urgencia, se votará con o sin un acuerdo sobre cada uno de los puntos que aún generan polémica.

Así también se sabrá si los senadores que decían apoyar la paz antes de elecciones presidenciales aún lo hacen, o si desde ya le mostrarán su apoyo al presidente electo Iván Duque y a su bancada, el Centro Democrático.

Pero esta decisión, que fue propuesta por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, implica el riesgo de que el proyecto termine hundiéndose.

Para fortuna del Gobierno, la Plenaria del Senado confirmó que hay 27 congresistas impedidos para votar, más 4 sillas vacías, por lo que solo se necesitarán 36 votos a favor de la iniciativa.

Otro punto a favor es que el senador ponente, Roy Barreras, pidió que aprobaran el texto que pasó en la Cámara de Representantes para evitar una comisión de conciliación después de que sea aprobado en el Senado.

Propuestas polémicas

Con todo lo anterior, este miércoles empezará la discusión en el Congreso con el total de los articulados que ya fueron aceptados, entre los que hay 24 proposiciones del Centro Democrático que el Gobierno terminó aceptando.

Sin embargo, no se llegó a un acuerdo sobre la comparecencia de los miembros de la Fuerza Pública en la JEP y sobre las solicitudes de extradición de miembros de las Farc.

Aunque la senadora uribista, Paloma Valencia, miembro de la subcomisión creada para aclarar los puntos polémicos, insiste en que se debe congelar la presentación de los miembros de la Fuerza Pública ante la JEP y, en cambio, crear una sala especial para ellos, el ministro Rivera aclaró que esa es una propuesta inconstitucional. “Es contraria a la Constitución Nacional, por cuanto quedó establecido que para los miembros de la fuerza pública la comparecencia para la JEP es obligatoria”, dijo.

Finalmente, Rivera propuso que se logre “un informe de la subcomisión y que en ese informe se consignen los temas en los que están de acuerdo y en los que no están de acuerdo, extradición y congelamiento de comparecencia, democráticamente se dirima ese desacuerdo”.

De todas maneras, si no se aprueba el reglamento, “la JEP tendrá que darse sus propias normas para cumplir el mandato constitucional que le ordena actuar”, concluyó el ministro.

Lo que pasaría con los militares en la JEP

Rivera aprovechó su presencia en el Senado para recordar que de no aprobarse las reglas de procedimiento de la JEP quedarían en el limbo jurídico cerca de 2300 militares que ya se sometieron a la jurisdicción y que han recibido beneficios, como la libertad condicional.

De hecho, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, advirtió sobre el peligro que corren los militares acogidos a la JEP, debido a que podría intervenir la Corte Penal Internacional (CPI) por la “inacción de la justicia colombiana”.

“Estas normas de procedimiento son esenciales para otorgarles seguridad jurídica a quienes deben comparecer ante la JEP”, agregó el ministro de Interior.

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