No solo se trata de los 200 millones de dólares que donó la comunidad internacional al Fondo Colombia Sostenible (FCS), sino del total del Fondo Colombia en Paz, del que hace parte el FCS, que empezará a ser vigilado por las entidades del Estado para aclarar algunas dudas que surgieron de varios sectores.

El Fondo Colombia en Paz fue creado el 27 de abril del año pasado por el Presidente Juan Manuel Santos con dinero proveniente del presupuesto nacional y de donaciones del sector privado y otros países para que se invirtiera en el posconflicto.

Pero tal parece que no se ha invertido en eso. O, por lo menos, eso es lo que se quiere aclarar.

Toda la controversia empezó con una carta que enviaron los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza en Colombia al Ministerio de Hacienda, en la que piden hablar del manejo que se le ha dado a los recursos donados por sus países. Y luego se agrandó al coincidir la misiva con la renuncia del secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, que se hará efectiva desde el 1 de mayo.

Con estos dos hechos, los pronunciamientos del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no se hicieron esperar y antes de que la noticia llegara a oídos de los medios de comunicación envió una carta al Presidente contándole sobre las irregularidades que la entidad habría descubierto en la ejecución de proyectos relacionados con el posconflicto. Luego, reveló la carta y habló en público sobre lo que había encontrado, específicamente en los procesos de contratación de los proyectos productivos para los exguerrilleros de las Farc.

A él lo siguieron contralor general, Edgardo Maya, quien aseguró que esa entidad auditará los dineros del Fondo Colombia en Paz, y el procurador general, Fernando Carrillo, quien afirmó que no se puede permitir que “colapse el proceso de paz” por la mala administración de recursos, y por eso designó a Giancarlo Marcerano como agente especial de la entidad para que revise el uso que los funcionarios de la Presidencia le dan al fondo para el posconflicto.

Respuesta del Gobierno

Al conocerse las distintas reacciones, Santos aseguró que los embajadores le “ratificaron que no hay ningún señalamiento de corrupción o falta de transparencia” en el manejo de los recursos aportados y que, para evitar malentendidos, el Gobierno trabaja con “contundencia y diligencia para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos”.

La Cancillería, en nombre del Gobierno, también se pronunció. Dijo a través de una comunicación que es compromiso del Gobierno asegurar el manejo transparente de los fondos creados tanto con recursos de la nación como con la contribución de donantes internacionales.

Por eso consideran como una prioridad “garantizar una administración efectiva y eficiente de los recursos para que, de manera clara y directa, beneficien a las poblaciones con las que se trabajan los diferentes proyectos”.

Según la Cancillería, las declaraciones de los embajadores de los tres países europeos no se pueden interpretar como “señalamientos de corrupción” y detalló que al hablar de transparencia hacían referencia a procedimientos, operatividad, funcionamiento y cumplimiento del reglamento del Fondo.

De hecho, el mismo Comité Directivo de Colombia Sostenible, conformado por el Gobierno Nacional y los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza, había aclarado desde el lunes que cuando se pide mayor transparencia se hace referencia a la necesidad de poner a disposición del público la información sobre la operatividad de los recursos, la cual estará disponible en la página www.posconflicto.gov.co a partir del mes, sin especificar una fecha exacta.

Estos son los casos:

Presupuesto de la JEP

La primera vez que se puso en duda el uso del presupuesto de la JEP fue después de la renuncia del secretario Néstor Raúl Correa, cuando lo cuestionaron por el destino que le dio a casi 14 mil millones de pesos destinados a la creación de la jurisdicción en 2017.

Por este hecho, la Contraloría le pidió desde hace tres meses justificar las cuentas de la JEP en ese año.

En un informe no oficial que Correa le entregó a El Tiempo, dijo que en total gastó 11.765 millones de pesos en el cumplimiento de las funciones de la Secretaría durante 12 meses, además de la adecuación de las oficinas de los magistrados.

En la Cumbre Empresarial del Sector Privado para la lucha contra la Corrupción, el procurador Fernando Carrillo explicó que hay dos situaciones que le preocupan al interior de la JEP. Una es la relacionada con las donaciones de la comunidad internacional y la otra es sobre el uso que se le está dando a los recursos para el posconflicto.

“El señor Contralor General de la República ha puesto sobre la mesa un informe bastante preocupante de miles de millones de pesos que han estado en entredicho para cumplir con las obligaciones de la puesta en marcha de lo que es la columna vertebral de la consolidación del proceso de paz. Que no se crea que son terrenos vedados para las instituciones de control”, dijo Carrillo en la cumbre.

Coimas en los proyectos productivos

Quién plantó la duda en este tema fue el fiscal Néstor Humberto Martínez al advertir al Presidente sobre irregularidades en la ejecución de los proyectos productivos para las Farc.

En una carta le dijo que desde el año pasado la entidad lleva a cabo “una investigación sobre el proceso de contratación de los proyectos productivos en el posconflicto” que le han permitido obtener “evidencias concluyentes sobre la existencia de diversas circunstancias que conjuran contra la integridad del mismo”.

“De acuerdo con las evidencias obtenidas mediante controles técnicos y seguimientos legales, se advierte la existencia de una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de proyectos a determinados empresarios o contratistas”, dijo Martínez.

Según el fiscal, se estaría pidiendo “favores económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos”, aunque aclaró que hasta el momento ningún desembolso se ha realizado.

Lo preocupante es que, para obtener los contratos, los intermediarios accedían a información privilegiada sobre la adjudicación de los proyectos, para lo que ofrecían “compensaciones económicas” a funcionarios públicos, agregó.

Por estos hechos, Martínez le pidió a Santos que se intervengan los proyectos para asegurar que las contrataciones sean objetivas y que los recursos se inviertan integralmente en programas que “faciliten la reinserción de desmovilizados de las Farc”.

La renuncia del secretario de la JEP

El secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, presentó el lunes la renuncia “irrevocable” a su cargo en el ente judicial diseñado para juzgar los crímenes del conflicto armado colombiano tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.

En una carta dirigida a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y a los magistrados del organismo, Correa aseguró que dejará el puesto el próximo 1 de mayo “con la satisfacción del deber cumplido” por haber “diseñado y puesto en funcionamiento” la jurisdicción, una tarea que da por finalizada.

“Hace poco más de un año fui designado por la Organización de las Naciones Unidas y luego ratificado por el Comité de Escogencia para diseñar y poner a funcionar la JEP. Esta labor ya la cumplí sobre la base de una concepción humanista y respetuosa de la justicia”, detalló Correa en la carta.

Antes de conocerse su renuncia, Correa tuvo que defenderse de las críticas por no haber contratado vehículos blindados para los magistrados y funcionarios del ente judicial y explicó que se habían alquilado autos convencionales para “suplir una necesidad de transporte”.

Pero luego dijo que su renuncia a la JEP no está relacionada con “los episodios mencionados” por los medios, y que la decisión se debía a que su tarea había concluido.

Fondo Colombia en Paz

El contralor Edgardo Maya afirmó que la Contraloría auditará los dineros del Fondo Colombia en Paz, que está en el ojo del huracán a raíz de la carta de los embajadores.

Según Maya, le pedirá a la directora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina, información sobre el manejo de los recursos, y señaló que si no la reciben ejercerán sus funciones como “Policía Judicial para buscar las pruebas requeridas”.

La misma petición será extendida al secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, para que entregue un informe antes de dejar su cargo.

A la preocupación por el manejo del dinero del posconflicto se sumó el procurador Carrillo, quien afirmó que no se puede permitir que “colapse el proceso de paz” por la mala administración de recursos, y agregó que se inició una indagación preliminar para analizar los contratos del Fondo Colombia en Paz.

“Lo que es claro, y el país tiene que saber, es que todos estos son fondos públicos, aquí no hay dineros vedados a los controles en Colombia, incluso los que tienen que ver con la puesta en marcha de la paz”, manifestó Carrillo.

“Hoy hemos recibido una comunicación de varios de los contratistas del Fondo Colombia en Paz y vamos a iniciar las investigaciones porque tenemos noticia que ha habido una retención de honorarios. No podemos calificar si eso obedeció a una ineficacia de quienes controlan ese fondo o es falta de transparencia”, dijo el Procurador en la Cumbre Empresarial del Sector Privado para la lucha contra la Corrupción.

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