Fue por asistir a una cumbre de alcaldes organizada por la Presidencia de la República que José Antonio Castro Meléndez y su esposa estuvieron fuera de casa la noche del 31 de marzo del 2017, cuando una avalancha arrasó con 17 barrios de Mocoa y dejó más de 22.000 damnificados. Su hijo de 11 años se había quedado con la abuela materna en el barrio El Progreso, que hoy existe por pedazos. Dos minutos antes de que la casa se inundara, el pequeño salió y se trepó al segundo piso de la vecina.
Aunque en la familia de Castro Meléndez no hubo víctimas mortales, su vivienda y las de sus hermanas se destruyeron. El alcalde no duda en decir que entiende el dolor de los damnificados y que se ha esforzado para que la reconstrucción de Mocoa sea una realidad, a pesar de tener un proceso abierto en la Fiscalía por los delitos de homicidio culposo en posición de garante y prevaricato por acción y omisión, por no haber tomado medidas para evitar el desastre.
Es común que a su despacho lleguen damnificados a pedirle que los tenga en cuenta para la entrega de las viviendas. Si bien saben que todos recibirán la suya algún día, unos tienen prioridad. Ahí, en la Alcaldía, la avalancha no causó ningún daño. Hoy, las puertas del lugar hacen las veces de medio de comunicación en el que las distintas dependencias comparten información: el listado de propietarios que no han aprobado que se demuela su casa, los requisitos para recibir subsidios y los nombres de las 1209 víctimas que volverán a tener casa propia estaban ahí hasta hace dos semanas.
¿Cómo vive el rol de víctima y mandatario?
Ha sido una situación difícil. Yo no soy solamente alcalde, soy una persona común que ha vivido en carne propia esta tragedia, por eso creo que no hay nadie mejor para entender a las víctimas que yo, que también fui damnificado. A mi hijo no le pasó nada físico, pero estuvo 26 días hospitalizado por un trauma psicológico. Mis hermanas fueron desplazadas por la avalancha. Yo perdí la casa en la que nací y me crie.
¿Está entonces en el registro de damnificados que esperan una vivienda de interés prioritario?
Sí… pero porque le voy a dar esa vivienda a una familia que no pudo acceder al beneficio.
¿En qué va la construcción del proyecto habitacional?, apenas se terminaron 100 casas de 1461…
Los términos contractuales y legales de ese proyecto van en los plazos correspondientes, que indican que en mayo tienen que estar entregadas las primeras 300 viviendas. En Mocoa no pasó cualquier cosa, fueron 7680 familias afectadas. Construir una ciudad en un año es imposible. Para la construcción de las 906 viviendas urbanas que faltan van a entrar dos nuevas firmas. En la medida en que se vayan dando soluciones, la gente empezará a cambiar su forma de pensar.
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¿Quién eligió las primeras 100 familias que recibieron vivienda?
Desde el Ministerio de Vivienda me llegó un listado y lo rechacé. Si alguien conoce a la gente es el alcalde, entonces construí de nuevo esa lista con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Tuvieron prioridad las familias numerosas, familias con personas con discapacidad, adultos mayores o niños, minorías étnicas y desplazados por la violencia. Quienes aún no tengan vivienda seguirán recibiendo subsidios alimentarios y de arrendamiento.
Hay otra queja por el tamaño, la calidad y los acabados de las viviendas nuevas…
He llevado a mucha gente a verlas. Son incluso mejores que las que tenían antes: tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, patio y lavadero. Son las viviendas de interés prioritario más grandes del país. Cuando estén viviendo ahí, creo que esas personas tendrán otra percepción. Sobre la calidad, están construidas con fundiciones sismorresistentes. Apenas se han asignado 100, pero los recursos para las que faltan están asegurados.
¿Qué va a pasar con toda la zona que borró la avalancha?
Corpoamazonia, que es la autoridad ambiental del departamento, la declaró como una zona de conservación de las rondas hídricas. Nadie podrá vivir ahí, será un espacio destinado a proyectos ambientales enfocados en la conservación de los ríos.
Pero ya hay familias que han vuelto a las viviendas que no se destruyeron…
Sí, tenemos un censo de 126 familias, pero curiosamente muy pocas son propietarias. Sucede que han alquilado o prestado las casas que quedaron en condición habitable. Incluso hay personas que reciben el subsidio de arrendamiento y han alquilado su casa siniestrada, algo que se constituye como delito penal. Hemos hecho sensibilización y vamos a colocar unas vallas inmensas que indicarán que es zona de demolición y que primero está la vida que los bienes.
¿Qué ha pasado con la demolición, por qué hay tantas viviendas en esos barrios?
Se ha venido haciendo de manera aleatoria, pero ya decidimos hacerlo por manzanas para que se note más y se pueda desmotivar el retorno de la gente. A los propietarios de esas viviendas primero tenemos que citarlos para que den el consentimiento. Si dicen que no, renuncian a ser beneficiarios de vivienda y tampoco podrán vivir en la zona por ser de alto riesgo, o sea que sería una doble pérdida.
¿Es posible que el crecimiento demográfico de la ciudad obligue a habitar esa zona otra vez?
Depende de la autoridad de cada administración municipal y de que se construya un POT, que va a ser la herramienta más importante para que se cumpla la ley. Hace un tiempo, un juez permitió que se asentaran urbanizaciones y legalizó predios donde hoy prácticamente es un campo santo. La Alcaldía, con rigor, debe hacer valer la ley del uso del suelo. La vida de la gente está antes que las construcciones y los asentamientos.
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Es cierto entonces que era una tragedia anunciada…
Lo que pasó no fue que el río se metió a nuestras casas sino que nosotros nos metimos en zonas del río. Es una corresponsabilidad de todos los habitantes de los barrios afectados, entre los que está mi familia. La gobernadora y yo estamos involucrados en una investigación de la Fiscalía, pero hay científicos del Servicio Geológico Colombiano que dicen que este acontecimiento fue de fuerza mayor y de caso fortuito, como un terremoto o un tsunami.
¿Cómo está la gente?
La avalancha evidenció el abandono del Estado en una geografía endemoniada como esta. El 60% de los habitantes de Mocoa son víctimas de desplazamiento por el conflicto armado y se asentaron en zonas veredales o en montes de invasión. Con 22.000 damnificados, Mocoa es un ‘caldo de cultivo’ si no se les da la atención social que necesitan.
¿Cómo va la construcción de los puentes vehiculares?
Lenta, pero sin pausa. Así tengamos el dinero, no los podemos hacer de la noche a la mañana porque eso tiene unos procesos que llevan tiempo.
¿Qué zonas continúan siendo de alto riesgo?
Ya hay una mancha trazada por la huella del río. En barrios como San Antonio, Laureles, San Miguel, San Fernando, El Progreso, La Independencia, San Agustín y 17 de julio hay una franja con la que hay que tener mucho cuidado. Serán las obras de mitigación las que diezmen el riesgo de vivir ahí. Si se hacen disipadores de energía y un muro de contención, podrían llegar a ser zonas de amenaza media.
La gente no cree que haya habido solo 333 muertos. Usted, que vivía en uno de los barrios afectados, ¿qué opina?
Pues uno tiene que dar las cifras oficiales. Si no fueron registrados más, no podemos decir que fueron más. Se ha convocado a la gente para que traiga los datos, pero nunca llega; ni siquiera por el interés de reclamar las indemnizaciones por muerte.
¿Cuánto dinero recogieron con las donaciones?
Fueron un poco más de $37 mil millones. Es dinero que se ha invertido y todo está en la rendición de cuentas. Sin embargo, no alcanza a cubrir ni el 5% de lo que cuesta la reconstrucción de Mocoa. El presupuesto total lo tendremos cuando se defina el reasentamiento de las zonas de riesgo, eso lo indicarán el POT y un mapa de riesgo que sale en mayo.
¿La avalancha hizo que Colombia y el mundo le prestaran más atención a Mocoa?
De manera triste, hay que reconocer que sí aceleró ese progreso que para nosotros se había demorado muchas décadas. Hace unos días hicimos un convenio con el embajador de Alemania para iniciar un proyecto que busca empoderar a las mujeres rurales. Mocoa en dos o tres años va a ser diferente.
