Uno de los peores males que agobian a América Latina es sin duda alguna la corrupción. Las perspectivas de desarrollo de políticas públicas y medidas idóneas que frenen y erradiquen ese fenómeno han sido pocas en los últimos años en Colombia, y no es para menos, muchos de los desarrollos normativos atienden de manera espontánea el afán populista de la Administración actual, la cual no para de cometer desaciertos en contra de la moral administrativa, como si el ejemplo a seguir fuera pulular en corrupción a lo largo y ancho de todo el país, esto para no mencionar países aún más inmisericordes con la pulcritud, como Venezuela, Argentina, Brasil, Panamá o, por qué no, muchos del Caribe y Centroamérica.

El paradigma de Colombia para ser un país más justo, más igualitario y competitivo es sin duda alguna erradicar la corrupción, ese mal que puede llegar a costarnos a todos los colombianos cerca de 50 billones de pesos, dinero que sería provechoso para proyectos de inversión en áreas de salud, educación, innovación tecnológica, infraestructura, administración de justicia, seguridad e implementación de políticas públicas encaminadas a hacer mejores ciudadanos, desde la aplicación de conceptos básicos en cultura de la legalidad, respetar las filas, turnos, semáforos y cebras peatonales; inclusive, enseñarles a caminar por la derecha a las personas.

La posibilidad de ser la Singapur de Latinoamérica no es un sueño lejano, podríamos serlo y quizás con la capacidad de ingresos superior al principal tigre asiático. Tenemos una inmensa mayoría con ganas de salir adelante, de aumentar sus ingresos y mejorar su calidad de vida. Singapur lo logró en 50 años, cuando entendió que su principal problema era la corrupción rampante a la cual era sometida por la clase política tradicional malasia, implementando políticas verticales basadas en el respeto por lo público, el decoro y el derecho ajeno. Colombia tiene el talante, la capacidad, las ganas, pero están ausentes las reglas.

La posibilidad de programarnos en ser la Singapur latinoamericana en los próximos 25 años depende de darle un giro a lo que ha permeado de corrupción todas las instancias de la nación; el daño está hecho, pero podríamos todos corregir el rumbo. Dentro de dos escasos meses elegiremos en primera vuelta al presidente de la República, y es nuestro deber cumplirle a Colombia, ya que tanto nos da y tanto potencial tiene. Debemos condenar sin cortapisa alguna todos los actos de pillaje inaudito de la Administración, no es justo que mientras en Perú, Brasil y muchos países del Caribe el escándalo de Odebrecht haya hecho estragos, en Colombia nada pase.

Lástima que los que se autodenominan defensores de derechos humanos sean tan indolentes con el “terruño”, con lo público y la moral administrativa. Feriaron a ‘precios de huevo’ Isagén, nada pasó. Odebrecht hizo fiestas aquí con la campaña presidencial. El poder electoral permitió el robo descarado del plebiscito, el cual buscaba evitar la capitulación del Estado colombiano, de su Constitución y de sus instituciones; para poder lograrlo hay que darle un giro de 180 grados a lo que está pasando, buscar la cultura de legalidad no es una utopía, lograrlo está en nuestras manos, la corrupción es el principal eje que destruye y vulnera los derechos humanos.

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