Los adolescentes de Colorado (EE.UU.) que compartan imágenes de carácter sexual estarán sujetos desde hoy a diferentes sanciones, con la puesta en vigor de una nueva ley estatal que elimina para ellos la acusación automática por explotación sexual de menores.

En mayo pasado, el legislativo local aprobó la ley HB 1302 que define las penas para los casos del llamado “sexting” entre adolescentes, técnicamente definido como el envío entre menores de edad por medios electrónicos (usualmente, teléfonos inteligentes) de imágenes de personas desnudas.

Desde hoy, los menores que distribuyan este tipo de imágenes ya no enfrentarán cargos de distribución de pornografía infantil ni deberán registrarse como depredadores sexuales, salvo casos extremos como que hubiese una marcada diferencia de edad entre los participantes del intercambio, entre otros.

Ahora hay distintas categorías de sanciones, cuya gravedad dependerá del número de participantes involucrados, la cantidad de imágenes compartidas, la naturaleza de esas imágenes y si existió consenso o, por el contrario, hubo intimidación y amenazas.

En los casos menos graves, los adolescentes deberán completar un programa de educación diseñado por el Centro de Recursos de Seguridad en Escuelas de Colorado (CSSRC) y pagar una multa de hasta 50 dólares. Los casos más graves serán penalizados con un año y medio de cárcel y multas de hasta 5.000 dólares.

La ley fue impulsada por los congresistas estatales Yeulin Willett y Pete Lee, en respuesta al pedido de los fiscales de Colorado de contar para este tipo de casos con más opciones de castigo antes que la de explotación sexual de menores.

“Todos estamos de acuerdo que (el 'sexting') es algo inapropiado. Por eso, establecimos una respuesta adecuada según la gravedad del delito”, expresó el legislador Lee tras, la aprobación unánime de la ley.

El debate legislativo se inició luego de que en 2015 se descubrió que más de cien estudiantes de la secundaria Cañon City, en el sur del estado, intercambiaron imágenes explícitas, y el fiscal se negó a presentar cargos al indicar que las leyes en ese entonces vigentes no se aplicaban para los protagonistas del incidente: “Adolescentes con malas conductas”.

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