El suceso ocurrió este viernes en una bodega donde se comercializa cacao en el caserío de San José de Apartadó, en la que un “comando paramilitar” quería asesinar al líder social, detalló la organización en un comunicado.

Intentaron primero hacer entrar a un cuarto a varios miembros de la Comunidad que se encontraban allí y a quienes amenazaron de muerte sacando sus armas“, detalló la comunidad, que agregó que algunas personas reaccionaron y lograron quitarle el arma a uno de los agresores y ataron a otros dos.

La organización, que no precisó el número heridos, aseguró que desde hace algunas semanas y meses “se notaba la intensificación progresiva de amenazas y operaciones de inteligencia que anunciaban un golpe grave contra la Comunidad de Paz”, que ellos denunciaron pero no “produjeron ninguna reacción ni protección” del Estado.

La información agrega que el colectivo se comunicó con el vicepresidente colombiano, Óscar Naranjo, quien les prometió analizar la situación.

La Comunidad de Paz fue conformada el 23 de marzo de 1997 por habitantes del caserío de San José de Apartadó, ubicado en el municipio de Apartadó, que acordaron no “ser parte ni directa ni indirecta del conflicto” armado colombiano.

La Defensoría del Pueblo de Colombia condenó y rechazó los “hechos violentos contra Germán Graciano Posso”, así como exigió una “investigación rápida y garantías de seguridad para la comunidad”.

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo en su cuenta de Twitter que es preocupante la denuncia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el jueves de la semana pasada su preocupación por “la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización” de los defensores de derechos humanos en el país.

El organismo reiteró que ser defensor de derechos humanos “es una labor legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de Derecho y la construcción de una paz sostenible”.

Aseguró haber verificado en lo corrido del año el asesinato de 105 defensores de derechos humanos, incluidos 73 homicidios contra líderes sociales, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales

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