El proyecto Meritage, ubicado en las afueras de Medellín, específicamente en la vereda Perico de Envigado, a pocos minutos de Las Palmas y sobre la vía que conduce al Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, prometía ser uno de los más exclusivos de la ciudad.

En el predio se planeaba la construcción de 414 apartasuites, 36 locales y 116 casas. Inmuebles que tendrían un valor comercial que estaba entre los $350 y los $1.200 millones de pesos.

La amplia divulgación y lo atractivo del proyecto atrajo la atención de Elkin Escobar, que decidió acercarse a la sala de ventas que estaba ubicada en el Centro Comercial El Tesoro, en el sur de la ciudad y solicitar toda la información.

Lo que más le llamó la atención a Elkin fue la cantidad de zonas verdes que tenía el proyecto, lo que le garantizaría vivir en un espacio semirrural en el municipio de Envigado, ideal para tener la tranquilidad que tanto buscaba y a pocos minutos de la capital antioqueña.

El proyecto consistía en 21 bloques de apartamentos, de los cuales inicialmente se construirían siete, además incluía un sector de lotes en el que se construirían casas, lo que según Elkin, le daría un mayor valor agregado porque incluía una zona comercial y empresarial, además de tener un convenio con una escuela de equitación, que sería vecina del lugar.

Los incumplimientos

El proyecto inicialmente debía haber sido entregado en octubre de 2016. Sin embargo, la constructora anunció que la entrega final sería en marzo de 2017, después de haber surtido todos los procesos de licencia de construcción, que fue otorgada por el curador de Envigado, y de haberse hecho efectivo el traslado del peaje a la ubicación actual.

“La primera mala noticia se recibió con la no entrega en el tiempo prometido del otorgamiento de la licencia por parte del Curador, porque el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, que existía en ese momento para Envigado no permitía este tipo de obras, por lo que el Concejo Municipal debió hacer una modificación y se permitió la realización del proyecto”, comentó Elkin.

Poco después, llegaría la peor noticia. “Iniciaron los rumores de que un exmiembro de la conocida ‘Oficina’, había sido propietario del lote, por lo que la Fiscalía inició un proceso y el 2 de agosto de 2016 se hizo la suspensión de todas las actividades de construcción por orden de las autoridades”, indicó el afectado.

Elkin ya había cumplido con lo pactado con la constructora que consistía en la cancelación del 50% del costo de la propiedad como parte de la cuota inicial y estaba pendiente del el 50% restante, que debía ser cancelado al momento de recibir el inmueble.

“Para algunos propietarios la historia es distinta porque días antes la constructora había hecho unos descuentos muy llamativos para quienes cancelaran el total de la obra, por lo que muchos vendieron sus propiedades e hicieron préstamos para poderse acoger a  este descuento”, reveló el propietario.

Hasta el momento se calcula que son 171 familias afectadas con el proceso que se adelanta por parte de la Fiscalía y que tiene suspendida hace dos años la obra en el proyecto.

La documentación

Según la información que a Elkin y a los demás propietarios les suministró la constructora, a los predios se les había expedido la documentación requerida y “la Fiscalía entregó un certificado en el 2007 y otro en el 2013, que indicaban que ninguno de los propietarios anteriores tenían problemas con la Ley . Adicionalmente, el proyecto era financiado por Corficolombiana, empresa que certificaba que había hecho el estudio de títulos con una reconocida firma de abogados, por lo tanto no tenía ningún impedimento para ser usado como parte de un proyecto inmobiliario. Todo esto nos dio confianza para invertir en este proyecto”.

El afectado es enfático al decir que “todos los actores involucrados en este proyecto nos han dado la espalda, primero porque la Fiscalía no nos reconoce como terceros exentos de culpa o adquirientes de buena fe, porque dicen que nosotros no somos poseedores del inmueble, por lo que tenemos es una inversión en Corficolombiana, quién nos dice que simplemente han cumplido su función como corporación, pero no nos dan la cara”.

PUBLIMETRO contactó a Corficolombiana, quien se limitó a indicar que se encuentran en el estudio del documento y que por el momento no tienen mayor información que suministrar.

Por su parte, el abogado, especialista en derecho y docente de la Universidad CES, José David Arenas, indicó que en este caso el inmueble hace parte del patrimonio autónomo; es decir, de la Fiducia, y cuando llegan las medidas cautelares, el único facultado para defender esos derechos son ellos.

“Los futuros compradores, son solo eso. Ellos han invertido un dinero y puede que hayan firmado un contrato con el constructor, donde están comprometidos a comprar el inmueble una vez esté terminado, pero todavía no tienen nada”, dijo Arenas.

Para el especialista el problema en este caso está en la imprescriptibilidad de la ley de extinción de dominio, porque la prescripción es la única manera de defender a las personas de buena fe y se debe entender que esta figura está para proteger a los buenos.

¿Qué dice el municipio?

El director del Departamento de Planeación Municipal de Envigado, Esteban Salazar Ramírez, dijo sobre el caso de Meritage que este es un proyecto que ya estaba en ejecución cuando inició esta administración, pero que a raíz de un proceso que se adelanta en la Fiscalía y en la Dirección Nacional de Estupefacientes, entró en extinción de dominio.

“Nosotros como administración municipal no hemos estado muy enterados del tema, porque no hemos sido notificados por ninguna autoridad judicial ni por la Fiscalía ni por la Sociedad de Activos especiales. El municipio otorgó una licencia de parcelación en todo el corredor, pero esa licencia no pudo seguir siendo ejecutada por este proceso que se adelanta”, dijo Salazar.

El funcionario indicó que lo que puede hacer el municipio de Envigado “es muy poco”, porque no existe ninguna injerencia en el proceso judicial y porque es una orden que no pueden contravenir. “Se tiene que esperar el resultado de ese proceso para que los propietarios puedan tener una respuesta más clara”.

“El proyecto tenía su licencia respectiva, debidamente otorgada, que no tenía ningún inconveniente y que venía pagando cumplidamente todos los impuestos y obligaciones urbanísticas que tenía a su cargo, pero al estar en un proceso judicial, lo único que se puede hacer es esperar a que salgan los fallos de estas entidades”, dijo el director.

Salazar también incluye al municipio como afectado porque hay saldos pendientes por $2.000 millones por obligaciones urbanísticas del proyecto. “El municipio quiere que el proyecto continúe y se termine, que los compradores de buena fe puedan tener el rédito de los recursos que han invertido, pero no podemos ofrecer ninguna ayuda porque no tenemos ninguna herramienta para poderlos apoyar jurídicamente”.

Incertidumbre para invertir

Elkin es enfático al decir que “existen riesgos de invertir en Colombia, porque a pesar que se han hecho todas las investigaciones y cumplimos todos los requisitos, nuestra obra está en ladrillos hace dos años y no hay quién nos responda”.

Al respecto Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia, dijo que “para el gremio esta situación es muy lamentable y desafortunadamente no hay precedentes. Lo que sucedió en Meritage no había pasado y que eso se denomina inseguridad jurídica”.

El gerente explicó que el mayor problema  que se tiene a nivel nacional es la inseguridad jurídica, “que consiste en que un empresario, promotor o constructor estructura un proyecto de construcción, pide todos los permisos, cumple con todos los requisitos, le dan la licencia de construcción, cumple con el reglamento y las normas, pero a mitad del camino alguna autoridad le dice que debe suspender. Si no se puede, ¿por qué no niegan la licencia desde el principio?”.

Loaiza dice que con esta situación, “pierden los constructores, el sector financiero, los compradores individuales, los inversionistas y se pierde la confianza, que es lo más sagrado en la economía”.

Sin embargo, afirma que para evitarse esas dificultades se le debe comprar a empresas serias, profesionales, reconocidas en el medio, de trayectoria y que hayan tenido proyectos en los que se pueda verificar su cumplimiento.

Por ahora los propietarios de Meritage, después de dos años, siguen a la espera de un fallo que permita vislumbrar el futuro del proyecto y de la inversión que realizaron.

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La cifra

171 familias afectadas con el proceso que se adelanta por parte de la Fiscalía de extinción de dominio en el predio donde se construía el proyecto.

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La frase

“Todos los actores involucrados en este proyecto nos han dado la espalda”, Elkin Escobar, comprador y afectado en el proyecto Meritage.

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