La mas reciente decisión judicial en la Corte Constitucional no sólo dejo impávidos a cientos de ciudadanos que no logramos comprender el más grave desacierto de este tribunal. Dejando claro que se respeta la institucionalidad de la Corte y la justicia como institución jurídica de toda democracia, nos alejamos de manera abismal de decisiones que fragmentan no solo el espíritu de nuestra constitución, sino que también sirven de excusa a la hora de censurar hechos y circunstancias lamentables que vive nuestra sociedad: desde la misma campaña en el plebiscito refrendatorio del proceso de paz con Farc en La Habana se advirtió lo que podría suceder, y lamentablemente sucedió.

Es realmente muy triste que en el seno de la Corte Constitucional se desconozca el reconocimiento superior de los derechos de los niños sobre cualquier otro derecho y, peor aún, que se pretenda cobijar con manto de constitucionalidad la posibilidad absoluta de que los crímenes sexuales cometidos por miembros de la organización Farc en contra de menores y los responsables por todas las atrocidades contra niñas abusadas sean sancionados en la Justicia Especial para la Paz con penas simbólicas. Eso en una democracia seria, en un Estado fuerte, es totalmente inadmisible, no solo porque no fomenta la protección superior a nuestros menores, sino porque es una clara burla a la justicia y a toda la sociedad.

La afrenta social por la omisión de proteger nuestros niños no tiene antecedente alguno. Relatos y denuncias en la Fiscalía General y medios de comunicación en contra de cabecillas de Farc por violaciones, abusos, abortos y explotación sexual y todo tipo de vejámenes en contra de niños y niñas reclutadas por las Farc tampoco tiene antecedente alguno. De lo poco que hay documentado llegan a algo mas de 1.000 los casos de abusos en contra de menores por parte de esta organización. Los datos para el año 2014 llegan a un poco más de la mitad, eso para no mencionar las cifras de reclutamiento de menores durante las negociaciones en La Habana por parte de esta organización.

Los fines y propósitos de penalizar conductas salvajes y jurídicamente reprochables, como lo es el abuso de menores, actos sexuales sobre los mismos, reclutamiento forzado entre otros, es el control social y la protección jurídica de derechos tutelables como es el derecho de los menores en todo su conjunto. Es por ello que es muy contradictoria la posición de este máximo tribunal, como tampoco merece explicación alguna que una institución que busca la protección de la norma de normas como es la constitución política, deje sin efectos las penas severas por delitos sexuales en el marco del “conflicto”. Lo paradójico es que solo una magistrada valiente se apartó de tan aberrante y antijurídica decisión.

Si a la Corte le parece inconstitucional que el Congreso legisle dentro del marco de sus competencias y regule las conductas que pueden llegar a ser mas graves y reprochables en el marco de la sociedad y de su aparato de “dominación”, que es el derecho penal, estaríamos entonces en un total caos. Esa decisión, como lo expresa la única magistrada valiente, es una decisión “irrespetuosa” y este tipo de conductas deben tener penas severas para los responsables, pues ellas no son cualquier tipo de delito. Es por ello que sería menesteroso y acertado que en el marco del programa de gobierno del presidente Iván Duque, se examinara respetuosamente de manera urgente la posibilidad de una constituyente para reformar la justicia, por nuestros niños.

Por: Guillermo Rodríguez / @guillorodrig

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