Que yo recuerde, Colombia nunca había vivido una contienda electoral tan viciada por la desinformación inducida y por la acusación irresponsable. Tal vez sean las redes, que todo lo magnifican, lo pixelan, lo viralizan y lo convierten en meme o trending topic. No más hace poco llamaron violador a cierto expresidente, sin que mediaran acusaciones formales ni nombres propios para sustentar semejante adjetivo. Lo dice alguien sin motivación distinta a la de ser ético, incluso tratándose de aquel por quien me cuesta sentir empatía.

Por estos días muchos alertan obstinados sobre las supuestas intenciones de un aspirante a primer mandatario de despojar de una de sus viviendas a cada colombiano con más de dos inmuebles propios. Hay quienes siguen contándomelo, indignados y aterrorizados, en múltiples escenarios: taxis, papelerías, parques públicos y hasta en domicilios de parientes y amigos. Aunque en lo personal no tengo ni en qué caerme expropiado, dado que varios voceadores del ‘expropiacionismo’ son de mi confianza, les he preguntado si en efecto leyeron u oyeron eso de labios del candidato. Incluso, llevo días reclamándoles pruebas escritas o audiovisuales. Ninguno ha aparecido con una, aunque varios aún persistan en su insustentable: “¡Él lo dijo!, ¡él lo dijo!”.

Consulté los oráculos Google y YouTube detrás de iluminación imparcial. Ni rastro que involucre al candidato con dichos planteamientos. Repito: no pretendo asumir defensas. Reclamo el derecho de nosotros y de los candidatos a la verdad. Por cierto: si alguien dispone de evidencias legibles, visibles o audibles que me refuten, lo invito a exponerlas. Prometo rectificar enseguida ante los ‘antiexpropiacionistas’.

Que políticos apelen a la calumnia no extraña. Lo lamentable es que en estos tiempos, cuando andamos ufanándonos de contar con información accesible, inmediata y fidedigna, aún nos permitamos la indignidad de devaluar la palabra propia sirviendo como replicadores o testigos de aquello no visto ni oído y como agentes voluntarios de la difamación. Urge examinar nuestros niveles de ‘cibercomprensión lectora’ y de credulidad. En caso contrario, continuaremos creyéndonos que Iberia regala tiquetes a quienes reenvían sus correos y que el príncipe de Mauritania está repartiendo su fortuna. También enfadándonos torpemente con las brillantes ironías de Actualidad Panamericana o con la primera noticia fake que nos titile en el timeline.

Discernir entre verdades fáciles de probar y engaños desmentibles es una competencia esencial en contextos electorales. En particular dentro de un país donde, por ejemplo, Juan Carlos Vélez, publicista a cargo de la campaña del ‘no’ en la pasada consulta, confesó que su estrategia había apostado por que “la gente saliera a votar berraca” y por atemorizar con la amenaza del ‘Timo’ presidente, absurdeces ya desmentidas por los sonoros abucheos al susodicho en días recientes. No podemos rendirnos a los designios del consultor publicitario a cargo ni reducirnos a corifeos pasionales y desinformados de la mentira solo para sustentar simpatías, antipatías o sesgos personales. Parte del ascenso de Trump, de hecho, se debió al sinnúmero de injurias estratégicamente pronunciadas en su honor. Al final, mejor desarmar al contendor con argumentos comprobables –o cuando menos con grabaciones reales– que con infundios. Un debate político fundamentado en falsedades prefabricadas debería ser tipificado como vergüenza nacional y como delito. Así las cosas, hasta tanto no haya quién corrobore lo de la al parecer inventada expropiación, seguiré pensando que a los ‘antiexpropiacionistas’ les expropiaron la razón. ¡Pobres!

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