La Fiscalía citó a declarar a tres policías que presuntamente utilizaron sus cargos para “entorpecer” la investigación del magnicidio del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado en Bogotá en 1995 y declarado el pasado mes de diciembre crimen de lesa humanidad.

“El fiscal de conocimiento decidió llamar a indagatoria por los delitos de favorecimiento y fraude procesal a tres miembros de la Policía que podrían estar vinculados con la desviación en la investigación” del homicidio de Gómez Hurtado, quien pertenecía al Partido Conservador, detalló el ente acusador en un comunicado.

Los policías acusados son Marcos William Duarte, director en esa época de la Unidad de Homicidios de la Dijin, antiguas siglas de la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia; Luis Guillermo Parra, quien era comandante de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de la ciudad de Sincelejo y el exagente Amín Antonio Acuña.

La información agregó que los uniformados “habrían incurrido en actuaciones policivas arbitrarias” como la detención de personas inocentes y el uso de falsos testigos para “entorpecer las investigaciones”.

Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez, fue asesinado a tiros el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, donde era catedrático.

El político conservador también ejercía como periodista y había sido candidato presidencial en tres oportunidades, las dos primeras (1974 y 1986) por el Partido Conservador y la última en 1990 por el Movimiento de Salvación Nacional.

El asesinato de Gómez Hurtado se produjo en un periodo de gran agitación política en Colombia, que por entonces estaba inmersa en un escándalo por la supuesta financiación del cartel del narcotráfico de Cali a la campaña electoral del presidente Ernesto Samper (1994-1998), del cual el político conservador era un severo crítico.

La decisión de considerar el asesinato un crimen de lesa humanidad en diciembre pasado llegó tres años antes de que la investigación prescribiera en 2020, después de que la Fiscalía ya hubiera prorrogado el proceso cinco años más en 2015.

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