Un grupo de 445 líderes sociales pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la aplicación de medidas cautelares de protección que garanticen “el ejercicio libre de la defensa de los derechos humanos en el país”, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Según explicó el senador Iván Cepeda hicieron esta solicitud, que tiene carácter urgente, porque la CIDH “ha demostrado eficacia en casos” similares y agregó que las medidas solicitadas “requieren una vigilancia”.

Asimismo, hacen que el Estado adquiera la “tarea de reforzar su atención sobre el problema”, por lo que se crea una “especie de cinturón de protección internacional”.

“La situación de Colombia es muy particular, pero en México se han presentado medidas muy similares a las que estamos pidiendo y en contextos incluso menos complejos, especialmente el caso de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa”, aseguró Cepeda antes de agregar que la CIDH encargó la creación de “un mecanismo de seguimiento similar a la que estamos pidiendo”.

En el primer trimestre de este año, 46 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, lo que supone 26 más que en el mismo periodo de 2017, según un informe del programa Somos Defensores.

Esa misma organización publicó un informe el pasado 1 de marzo en el que aseguraron que la violencia contra activistas de los derechos humanos y líderes sociales se cobró 106 vidas en 2017.

También aseguran que el asesinato de líderes sociales es “la piedra en el zapato” de la política de paz del Gobierno colombiano.

El estudio detalla que el año pasado “en promedio cada tres días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia”, antes de criticar la respuesta del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos a este problema.

Sin embargo, Santos dijo el pasado 14 de marzo que 160 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde 2016.

En este sentido, la líder de la Unión Patriótica (UP) y senadora electa Aída Avella aseguró en rueda de prensa que “siguen existiendo listas para matar”, por lo que consideró que “no es casual que exactamente golpeen a los dirigentes de las acciones comunales, los defensores (de derechos humanos) y a los reclamantes de tierras.

“Por eso estamos solicitando a la CIDH que proceda muy rápidamente para evitar un desangre parecido al que sucedió con los militantes de la UP en las décadas de los 80, 90 y 2000”, comentó Avella en referencia al asesinato sistemático de miles de militantes de su partido durante esos años.

La senadora electa dijo que “no se necesita ser un detective de alto calado” para saber que detrás de los asesinatos de reclamantes de tierras “están los ocupantes de esas tierras”.

Con ella coincidió también Cepeda, quien consideró que “hay suficiente evidencia del perfil de las víctimas, de la distribución geográfica del hecho, las circunstancias y patrones que operan en cada caso” para considerar que hay sistematicidad en los asesinatos.

“Obviamente habrá situaciones individuales, más particulares, pero estamos ante un proceso que se viene incrementando”, aseguró.

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