Una Colombia en retroceso respecto a las oportunidades que se dieron con la firma de la paz. Ese es el panorama que muestra el informe Situación de Derechos Humanos y Derecho Humanitario en Colombia 2013 – 2017, en el que participaron organizaciones civiles de todo el país con el fin de recoger y analizar los avaneces en esta materia de acuerdo a las recomendaciones dadas por Naciones Unidas tras someterse al Examen Periódico Universal que se lleva a cabo cada cinco años.

El informe parte de destacar que la firma del Acuerdo de Paz ha significado un alivio humanitario que, según datos del Cerac, ha evitado la muerte de alrededor de 2.300 personas. No obstante, señala que persiste el conflicto y los demás actores continúan infringiendo el Derecho Internacional Humanitario a través del desplazamiento forzado, el confinamiento, bombardeos, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el irrespeto a la objeción de conciencia, la violencia sexual, el secuestro y los ataques a bienes y personas protegidas.

Juan Carabalí, politólogo y Consultor de Incidencia Política de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), una de las organizaciones que realizaron el informe, habló con PUBLIMETRO sobre los principales hallazgos.

¿En qué ha cambiado el país en cinco años en materia de derechos humanos?

Antes del 2013 y durante estos cinco años hemos venido denunciando ante a comunidad internacional los impactos del conflicto armado en materia de desplazamiento, confinamiento y asesinato de líderes. El conflicto armado tuvo una fuerte dinámica en territorios afrocolombianos. Sin embargo, en estos cinco años se desarrolló el proceso de paz con las Farc. Eso sí significó un alivio a la situación humanitaria y de derechos humanos de las comunidades negras en estos territorios. Pero, en los últimos dos años, el Estado ha sido incapaz de copar los espacios que dejó las Farc, no solo términos militares sino en términos de servicios sociales, lo que ha redundado en la aparición de nuevos grupos que se quieren tomar el poder. El año pasado hubo más de tres mil desplazamientos étnicos en el Chocó, según Acnur, y el asesinato y presiones a líderes sociales se ha mantenido. Podríamos decir que la paz jamás llegó a muchos territorios afrocolombianos.

¿Cuál ha sido la población más afectada en el país?

Sin duda la población afrocolombiana. Y eso no solo lo digo yo sino la Corte a través de los diferentes autos. Ha habido impactos desproporcionados del conflicto en la población étnica afrocolombiana e indígena y en términos de derechos también hay un rezago muy importante en salud, acceso a educación y servicios.

¿Han identificado algún nuevo tipo de violencia en estos años?

Como tal la violencia no es diferente. Seguimos viendo las mismas dinámicas: desplazamiento, confinamiento (las personas no tienen libre locomoción). Sigue habiendo asesinato de líderes, sigue habiendo una profundización de economías ilegales en los territorios. Ahora la diferencia es que están entrando actores que antes no estaban y lo que se evidencia es que el Estado colombiano no ha asumido con seriedad el control sobre su territorio.

¿A qué cree que se debe el asesinato sistemático de líderes sociales tras la firma del proceso de paz?

 Hay que fijarse en lo siguiente: hay una constante y es que la mayoría de líderes han estado involucrados con asuntos de tierras y restitución. Se mantiene esa constante de que es la tierra la que ha sido el núcleo del conflicto, se mantiene durante el conflicto y ahora. Todavía queda mucho por avanzar. La paz no se ha venido construyendo. Se acabó el conflicto con las Farc pero la paz falta mucho por construirla.

¿Cómo ve a Colombia en materia de derechos humanos al compararlo con otros países de Latinoamérica?

Colombia siempre ha sido una cuestión en la región en materia de derechos humanos. Tenemos más de ocho millones de víctimas de conflicto, se supone que se acabó pero se siguen generando víctimas, desplazamiento… El Estado ha propuesto cosas importantes como la Ley de Víctimas (ley 1448), sin embargo, todavía el reto es grande respecto a la reparación a esta cantidad impresionante de víctimas y sobre todo para evitar que surjan más.

¿Qué beneficios se vieron con la firma de la paz?

 Cuando usted se pone a ver lugares donde ganó el Sí (en el plebiscito por la paz) con el 80 o 90% se da cuenta de que esto ocurrió en los lugares donde el conflicto tuvo una intensidad muy grave. La disminución del conflicto con las Farc significó beneficios para la gente porque se redujo el desplazamiento, las amenazas y el confinamiento. Eso fue un beneficio inmediato, sin embargo, vemos que las tendencias se van revirtiendo.

 

Lo que debe saber:

El Examen Periódico Universal, EPU, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que tiene como propósito hacer un seguimiento país a país, de cada uno de los 193 miembros de la ONU, con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno. El Examen se realiza cada cinco años para cada país y este será el tercer ciclo de Examen a Colombia, que se llevará el próximo 10 de mayo en Ginebra (Suiza).

 

Frases:

“Todavía queda mucho por avanzar. La paz no se ha venido construyendo. Se acabó el conflicto con las Farc pero la paz falta mucho por construirla”.

“La falta de presencia del Estado es impresionante a tal punto que los territorios que eran controlados por las Farc ahora han dado un gran paso hacia la deforestación. Las Farc tenían más capacidad de control del territorio que el mismo Estado colombiano”.

 

Las cifras más representativas del informe:

 

  • Se estima que entre 2013 y 2016, entre 600 y 700 mil personas han sido desplazadas, según el Internal Displacement Monitoring Centery la Unidad Nacional de Víctimas.
  • Según datos del Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Acuerdo de Paz, de las 38 Zonas de Paz, antes Zonas Veredales Transitorias de Normalización, solo seis se construyeron totalmente.
  • De la meta de 400 mil familias restituidas trazada por el Estado en la Ley 1448 de 2011, a agosto de 2017 solo se ha iniciado trámite de restitución para 19.822 familias y solo 5.400 cuentan con sentencia de restitución, es decir, cerca del 2% del total de víctimas y 25% de las inscritas en el Registro Único de Víctimas RUV.
  • Se ha documentado la existencia de 13 estructuras que conservan las características del paramilitarismo y siguen actuando en 344 municipios de 31 departamentos, según datos de Indepaz recogidos en el informe.
  • Entre el 2013 y 2017 muchos líderes sociales fueron víctimas de, al menos, 276 asesinatos y 174 atentados.  29 de los asesinatos fueron contra líderes y defensores LGBTI, 61 indígenas, 41 mujeres y 20 afrodescendientes.
  • Entre 2013 y 2016 cerca de 2.810 personas murieron fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica. En los 1.128 casos donde se conoce el presunto autor, en el 69,93% se atribuye la responsabilidad al Estado y en el 29,87%, a las guerrillas.
  • En casos como la desaparición forzada, de 4.578 procesos abiertos por este delito solo el 0,9% se encuentran en juicio y el 0,42% en ejecución de penas.
  • En la última década 2.000 niños y niñas menores de cinco años han fallecido por hambre. solo en La Guajira, entre enero y noviembre de 2016, murieron de hambre 66 niños y niñas pertenecientes al pueblo Wayúu.

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