El presupuesto para el mejoramiento de vivienda de poblaciones vulnerables en Zarzal (Valle del Cauca) quedó reducido a sus dos terceras partes luego de que, aparentemente, la extesorera del Instituto de Vivienda del municipio se quedara con una parte.

Así lo sugieren las investigaciones contra Blanca Leonor Ruíz Durán, quien ocupaba este cargo, y otras dos funcionarias del mismo instituto que se encuentran en etapa de juicio.

Según la Contraloría departamental, el Gobierno de Zarzal le transfirió $781.043.902 al Instituto de Vivienda (Inviza) en la vigencia 2016. Después de movimientos financieros fraudulentos, el presupuesto quedó reducido a sus dos terceras partes.

“En el desarrollo de la investigación se estableció que los dineros fueron ejecutados presuntamente por la señora Blanca Leonor Ruiz Durán, quien actuaba para ese entonces como tesorera de la entidad. (…) Los dineros hurtados ascienden a un total de $254.900.000”, dijo la Contraloría.

De ese monto, $20 millones fueron depositados en la cuenta de la auxiliar administrativa de Inviza, Ana Milena Restrepo Domínguez, que está vinculada a la investigación. El resto llegó al a cuenta bancaria de Ruiz Durán.

“El total de los recursos hurtados representan un 33% del presupuesto de la entidad. Este desfalco ocasionó un desequilibrio económico e iliquidez para su normal funcionamiento”, agregó la Contraloría. 

Para la rendición de cuentas ante los bancos, las mujeres presentaron extractos adulterados, con saldos insuficientes.

¿Cómo las descubrieron?

Una denuncia ciudadana relacionada con presuntas irregularidades en el instituto fue la clave para que la Contraloría del Valle del Cauca pusiera los ojos en la institución.

Si bien la denuncia hablaba de la apropiación dudosa de $100 millones por parte de la entonces tesorera, en el proceso de investigación se descubrió que se trataba casi del triple de dinero.

Por lo pronto, Ruíz Durán deberá cumplir una condena de 14 años y 5 meses y pagar una multa de $127.450.000 por los delitos de peculado por apropiación agravado, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

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