El atentado al centro comercial Andino, ubicado al norte de Bogotá, todavía tiene piezas por resolver.

Este domingo, 17 de junio, se cumple un año de la tragedia, en la que tres mujeres perdieron la vida y ocho personas más resultaron heridas, tras ser impactados por un artefacto explosivo detonado en el baño de mujeres del segundo piso.

Siete días después del hecho –el 24 de junio– las autoridades iniciaron una a una las capturas de los presuntos responsables.

Para sorpresa de la opinión pública,  las supuestas investigaciones –que determinaron las acusaciones– dieron frutos en cuestión de horas.

No obstante, desde el primer momento, los jóvenes capturados insistieron en su inocencia, dando paso a la duda de si su caso es un llamado  “falso positivo judicial”.

Natalia, Alejandra, Lizeth, Lina, César, Boris, Andrés, Juan Camilo, Iván y Cristian son los 10 jóvenes que se encuentran privados de su libertad, luego de ser señalados por la Policía y la Fiscalía de pertenecer al Movimiento Revolucionario Popular (MRP) y fraguar el atentado al Andino.  La mayoría de ellos son abogados, sociólogos y politólogos de universidades públicas.

Rondando un año de su detención, los jóvenes enviaron una misiva para “denunciar las actuaciones irregulares de la Fiscalía, la Policía y los jueces de garantías” en este proceso.

“Desde el momento mismo de las capturas (algunas con la orden elaborada después de la captura) hemos insistido en nuestra inocencia; en que el montaje de la Fiscalía encubre a los verdaderos culpables del atentado del Andino, en que nos acusan y capturan por conveniencias políticas del momento (…). Hemos sido puestos en prisión bajo la acusación del crimen del centro comercial Andino con el eco del presidente, las cúpulas militar y policial y el fiscal general, con la caja de resonancia de RCN, Caracol y Semana, que nos condenan sin pruebas ni juicio, repitiendo los dichos de la Fiscalía y contribuyendo a encubrir a los verdaderos culpables”, expresa un aparte de la nota.

Exigen garantías

Desde el patio seis de la cárcel El Buen Pastor, donde las cuatro acusadas pasan sus horas,  Lizeth Rodríguez expresó, en diálogo con PUBLIMETRO, su preocupación por presuntas intimidaciones de agentes del Estado.

“Realmente, la mayor intimidación que nosotros sentimos tiene que ver con la condición de nuestras familias, porque ha habido un evidente seguimiento a nuestros familiares. ¡Existe una persecución!”, advirtió la joven abogada.

En general, esta situación es denunciada por seres queridos de estos 10 jóvenes, quienes en un comunicado expresaron su inmensa preocupación.

“Queremos denunciar los diferentes episodios de los cuales somos víctimas. Nos referimos puntualmente a los seguimientos constantes, al estar en los focos de las cámaras para tomarnos fotos en nuestra cotidianidad, al hostigamiento en nuestro día a día mediante ‘habitantes de calle’, ‘heladeros’, ‘técnicos de Claro, ETB, Une’, ‘barrenderos’,  que extrañamente tienen como única labor el estar pendientes de nuestras conversaciones y movimientos, porque no desarrollan su supuesta actividad”, recalca la misiva, en nombre “de las familias, los amigos y todos aquellos que hoy son soporte para los muchachos y las muchachas que se encuentran privados de la libertad”.

Para el círculo de estos 10 jóvenes, que de principio a fin han jurado su inocencia, es extraño “hacer una denuncia y no saber a quién dirigirla”.

Por su parte, desde La Picota, César Barrera relató en comunicación con este medio la falta de garantías en el proceso. 

“Desde el principio se han violado nuestros derechos, es decir, la presunción de inocencia, que se supone es un derecho de todos los colombianos, ha sido violentado constantemente, desde el Presidente, pasando por el ministro de Defensa y el fiscal encargado del caso, porque siempre han dicho que nosotros somos culpables, pero el proceso judicial no ha dictaminado eso”, recalcó.

Pero además, reveló una presunta inconsistencia relacionada con allanamientos, realizados recientemente.

“En las horas de la mañana hacen allanamientos a familiares y amigos, intentando demostrar que supuestamente íbamos a atentar en las elecciones (…), llegan  de una manera violenta, apuntan a las personas que están dentro de las casas. Ese mismo día nos hacen lo mismo en la cárcel La Modelo: hacen un operativo de registro dentro del patio y nos meten un proveedor de pistolas; razón por la cual dicen que nos vamos a volar y nos dispersan a todos. Desde entonces, estamos en patios distintos, ya no tenemos contacto entre nosotros”, añade César, recalcando que por ese motivo lo trasladaron hace poco a La Picota.

Lizeth y César reflejan el sentimiento colectivo de los demás detenidos por este caso, que dejó más de una herida sin cicatrizar.

Solo el tiempo, las pruebas y las investigaciones establecerán quiénes dicen la verdad.


Así va el proceso de investigación

Por el momento, los 10 jóvenes están a la espera de resolver su situación judicial.

“En este momento hay dos fechas importantes que se vienen: primero, la audiencia preparatoria de juicio, que está programada para la primera semana de julio; la otra tiene que ver con la solicitud de renovación de medida de aseguramiento, que por ley tiene que hacerse cumplido un año de estar privados de libertad, pero aún no sabemos para cuándo está programada”, contó Lizeth Rodríguez.

En la audiencia preparatoria, las partes (Fiscalía y defensa) expondrán las pruebas para en un futuro efectuar el juicio, en el que se determinará si son culpables o inocentes.

Por otra parte, la justicia continúa en la búsqueda de Violeta Arango Ramírez, investigada también como presunta responsable de los delitos de concierto para delinquir y terrorismo, con relación al atentado del Andino. Aún no hay rastro de ella.

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