El proyecto para la modernización de semáforos de Bogotá se está quedando en rojo. Desde su inicio, se ha visto empañado por supuestos favorecimientos y señalamientos a la firma ganadora. Incluso hasta de una denuncia penal se habló cuando el contrato se le asignó al consorcio Movilidad Futura 2050, integrada por la argentina Sutec y Siemens.

En rojo

Ahora, además de que la Secretaría de Movilidad aún no se va a pronunciar sobre el tema -se espera que lo haga al final de esta semana- la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la entidad distrital “suspender de manera inmediata el contrato de semaforización inteligente de Bogotá por $215.000 millones de pesos, ante los riesgos que representan para su ejecución las inconsistencias en la información económica que entregó una de las firmas que hace parte del consorcio ganador”.

Esta decisión se conoce luego de los llamados de atencitón que hizo el Ministerio Público durante todo el proceso licitatorio.

¿Cuando el río suena…?

A inicios de este mes se supo que las empresas que participaron en la licitación para la modernización de semáforos de Bogotá, aseguraron que demandarían administrativamente el contrato que ganó Movilidad Futura, debido a que se habría presentado fraude procesal y falsificación en documento público.

En ese momento, la Secretaría de Movilidad aseguró que había recibido la denuncia de un ciudadano que solicitaba terminar el contrato, por lo cual estaba siendo objeto de investigación en la entidad y que para ello “se requirió a la firma Movilidad Futura 2050 allegar los documentos que permitan tener una respuesta clara, precisa y coherente frente a la denuncia”.

Sin embargo, la Procuraduría comentó que “frente a las pruebas practicadas a la documentación presentada en el proceso de licitación por Sutec Sucursal Colombia S. A., miembro del consorcio Movilidad Futura 2050, no hay seguridad de que la información y sus soportes correspondan a la realidad”.

Bocarejo, con luz amarilla

El año pasado el Ministerio Público también anunció una investigación disciplinaria al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, así como a Diana Lucía Vidal Caicedo, subsecretaria de Servicios de Movilidad, en calidad de delegataria como ordenadora del gasto; y a Carolina Pombo Rivera, directora de Asuntos Legales de la Secretaria de Movilidad de Bogotá.

En este momento, “el proceso se encuentra en la etapa de cierre de investigación y se evalúa si se formulan cargos o se archiva el expediente”.

Asimismo, recordaron que desde octubre del año pasado solicitaron la suspensión de esta licitación, “sobre la que hizo reiteradas observaciones de tipo técnico en materia de seguridad vial, la falta de planeación, improvisación en el cálculo económico, probable favorecimiento de oferentes, y alto riesgo para la salvaguarda del patrimonio público invertido”.

A pesar de todas las advertencias que se hicieron, la Secretaría de Movilidad decidió adjudicarle el contrato a Movilidad Futura 2050 el 28 de diciembre de 2017.


“ La Procuraduría solicitó la suspensión de esta licitación, sobre la que hizo reiteradas observaciones de tipo técnico (…)”

Procuraduría General de la Nación


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