La banda operaba recopilando la información de las víctimas del conflicto para luego suplantarlas y recibir las reclamaciones.
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Las investigaciones adelantadas por un grupo especial de la Policía Nacional indicaron que para el 2 de octubre la Unidad Administrativa para la Reparación Integral a las Victimas, había efectuado el pago irregular a once víctimas por cerca de 232 millones de pesos, mediante la alteración de los formatos y las bases de datos.
A través de la operación “Fortaleza” se capturó a 7 personas, en las que había una mujer, el director territorial de la Unidad de Víctimas de Antioquia, Jorge Mario Alzate Madonaldo; además de funcionarios públicos, ex funcionarios y particulares.
Los capturados fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir, falso testimonio, acceso abusivo a un sistema informático, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad material en documento público.
