Las Farc pidieron este jueves, desde la Habana, reformar el sistema electoral colombiano para hacerlo más transparente y democrático. En su comunicado aseguran que se debe «depurar» el sistema electoral para evitar que se repita la entrada de recursos de grupos al margen de la ley.
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«Es apremiante luchar por cambios en el sistema electoral y de actuar presentando propuestas innovadoras que recojan el sentir de los excluidos», declaró en su reunión diaria con la prensa Marco León Calarcá, uno de los delegados de las FARC en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano en Cuba.
«Es momento de que se genere la confianza que permita la conversión de la guerrilla en movimiento político alternativo, que pueda poner en alto la voz de los desposeídos«, agregó Calarcá al comentar el cierre de las inscripciones de candidatos para las elecciones del próximo 25 de octubre.
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Calarcá sostuvo que en la presente campaña «hay al menos 140 candidatos a alcaldías y gobernaciones que estarían vinculados a organizaciones criminales, o cometiendo delitos electorales», basado en cifras de la Fundación Paz y Reconciliación.
«Candidatos navegan en ríos de dinero»
El vocero de la guerrilla justificó la necesidad de reformas afirmando que en las regiones, los candidatos a cargos de elección popular «navegan en ríos de dineros del erario público y de negocios ‘non sanctos’ (…), contando con los avales de partidos y movimientos que, con pocas excepciones, más parecen redes delincuenciales al servicio de intereses personales».
“Por todos lados aparecen denuncias sobre feria de avales para advenedizos y connotados personajes ligados a narco-mafias y paramilitares, cuyos fuertes son el tráfico de votos e influencias, el fraude, el trasteo o trashumancia de electores y la venalidad, los compromisos con capos de la criminalidad y el clientelismo, contrastando con la exclusión de los más débiles y de los que decentemente aspiran a un cargo de elección popular”, señaló Calarcá.
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Las Farc, que decretaron temporalmente treguas en ambas vueltas de los comicios presidenciales de 2014, habían pedido «depurar» el padrón electoral colombiano para impedir fraudes el 10 de septiembre de 2013.
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Esta declaración surge dentro del ciclo 39 de diálogos en la Habana, en el que la guerrilla y el gobierno inician la discusión del complejo tema de justicia para los crímenes cometidos en el conflicto, y continuaron sus debates «técnicos» sobre desminado y el fin de las hostilidades.
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Cabe recordar que la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) ha recibido 124 denuncias sobre delitos electorales hasta la fecha. Según el Ministerio del Interior, unos 9800 aspirantes a cargos de elección popular presentados por los partidos fueron descubiertos con sanciones disciplinarias, penales o fiscales.