Dos miembros más del gobierno Uribe investigados: ¿se cierra el círculo?

La investigación a dos secretarios del despacho del expresidente se suma al reinicio del juicio contra Luis Carlos Restrepo

Por Juan Manuel Reyes / Publimetro
La respuesta de Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a las investigaciones contra funcionarios de su gobierno criticando a la justicia “politizada” en un diálogo con la comunidad de Montería.

“A nte toda esta arremetida de la justicia politizada, no nos queda más que apelar a la base del pueblo colombiano y apelar a la justicia internacional”, dijo el senador del Centro Democrático.

“Mientras el Gobierno Nacional destruye el país la Fiscalía, en lugar de actuar contra bandidos, pretende llevar injustamente a la cárcel a personas de la bondad, de la transparencia de César Mauricio Velásquez”, indicó.

Los últimos días han dado varias noticias negativas contra miembros del círculo cercano al expresidente Álvaro Uribe. Su secretario jurídico, Edmundo del Castillo, y su secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, recibirán imputación de cargos por tratar de desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia, y el juicio contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo se reanudará el 22 de julio.

Las investigaciones se suman a varios escándalos que rodean a funcionarios de su gobierno, que van desde Agro Ingreso Seguro hasta apoyo a paramilitares (ver infografía). La pregunta más importante que se hacen muchos es: ¿alcanzarán estos escándalos a obligar al expresidente Uribe a responder por los actos de sus subordinados tras las rejas?

Sólo en los estrados se podrá conocer la respuesta a esta pregunta, aunque Uribe   indicó en su cuenta de Twitter que la Fiscalía y el Poder Judicial persiguen a miembros de su gobierno (ver recuadro).

Un paramilitar en Palacio: la visita de alias ‘Job’

Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez son investigados por una visita que hiciera Antonio López, alias ‘Job’, desmovilizado de las AUC y mano derecha del jefe paramilitar ‘Don Berna’ al Palacio de Nariño, envuelta en el caso mayor de las ‘chuzadas’ del DAS.

El escándalo se destapó en 2008 por la revista Semana, que conoció unos audios en los que el desmovilizado mencionó una visita a la ‘Casa de Nari’ en la que entregó a los secretarios videos incriminatorios en la disputa que el primer mandatario tenía con la Corte Suprema de Justicia por las grabaciones ilegales a sus magistrados.

‘Job’ reveló en ese momento a la revista que esos videos habían sido proveídos por ‘don Berna’ y grabados con equipos del DAS, en los que se buscaba realizar un montaje para incriminar al magistrado Iván Velásquez. La intención del jefe paramilitar era evitar su extradición, la cual finalmente se dio en mayo de 2008.

Aunque del Castillo fue absuelto por la Procuraduría en 2010, y Velásquez en 2011, la investigación en la Fiscalía siguió su curso como parte del caso de las ‘chuzadas’. El martes se conoció que el ente investigativo imputará el 3 de agosto a del Castillo por peculado por uso de bienes públicos, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir. Por este último cargo también deberá responder Velásquez.

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Los desmovilizados que no fueron: el bloque ‘Cacica La Gaitana’

Mientras tanto, el juzgado segundo especializado de Bogotá reanudará el juicio contra Luis Carlos Restrepo por su presunta participación en la falsa desmovilización de una columna de guerrilleros del frente ‘Cacica la Gaitana’ de las Farc en 2006.

Según la Fiscalía, las 62 personas presentadas en marzo de ese año como desmovilizados de la guerrilla eran en realidad campesinos, habitantes de la calle y desempleados a los que se le pagó para hacerse pasar como miembros de las Farc, algo que el ente investigador considera un engaño al Estado buscando aumentar las cifras de desmovilización durante la presidencia de Uribe.

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El excomisionado de paz, que huyó del país en enero de 2012 cuando inició su juicio, ha negado categóricamente las acusaciones y asegura que su papel era de negociador político, no de investigador que debiera comprobar los antecedentes penales de los supuestos desmovilizados. Su defensa solicitó preclusión del caso amparada en su labor como negociador de paz, pero el Tribunal Superior de Bogotá desestimó la petición.

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