Congreso elimina la Comisión de Acusación y la Judicatura

La reforma de equilibrio de poderes sobrevive a presiones judiciales y crea una Comisión de Aforados para juzgar magistrados

Por Juan Manuel Reyes / Publimetro
¿Presiones a los congresistas?

En el transcurso del debate de la reforma de equilibrio de poderes, tres parlamentarios de la Alianza Verde denunciaron presiones por parte de los magistrados de las altas cortes para evitar que se aprobara la Comisión de Aforados y el fin del Consejo Superior de la Judicatura.

El senador Antonio Navarro y las representantes Angélica Lozano y Ángela Robledo denunciaron llamadas de los magistrados a congresistas, “recordando” las investigaciones en su contra e insinuando que serían juzgados con más dureza si aprobaban los proyectos.

“Aunque a nosotros nadie nos ha intimidado, algunos parlamentarios me comentaron en privado, sin decirnos quiénes eran, que los están asustando, intimidando para que no voten”, dijo Lozano a Caracol Radio.

Cabe recordar que los magistrados de las altas cortes fueron algunos de los opositores más fuertes a la reforma de equilibrio de poderes, que incluso desencadenó el paro judicial de final del año pasado.

El Congreso de la República decidió, en el marco de la reforma de equilibrio de poderes, aprobar la creación de la Comisión de Aforados y acabar con la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El proyecto sobrevivió a la presión de la Rama Judicial, y se une a la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura en un revolcón para la administración de justicia del país.

La comisión de la discordia

La Comisión de Aforados contará con tres miembros, elegidos por el Congreso en pleno para períodos personales de ocho años. Estos miembros serán elegidos de listas elaboradas mediante convocatoria pública de la Gerencia de la Rama Judicial, y deberán cumplir con los requisitos exigidos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El nuevo organismo fue aprobado por 90 votos a favor y 11 en contra en la Cámara de Representantes, a pesar de las supuestas presiones por parte de magistrados (ver recuadro) y se encargará de investigar y acusar a los magistrados de las altas cortes y al Fiscal General de la Nación.

Las investigaciones realizadas por la Comisión de Aforados deberán ser dirigidas, en caso de faltas disciplinarias, ante la Cámara de Representantes, y en caso de la comisión de delitos, a la Corte Suprema de Justicia, que tomarán las decisiones. Los magistrados de la Corte, por su parte, deberán ser juzgados por conjueces designados por el Consejo de Estado.

La Comisión de Acusación se acabará con la aprobación de este artículo. En los más de 4000 procesos que lleva a su cargo, solo una vez realizó una acusación ante la plenaria de la Cámara: sucedió en 1995, contra el entonces presidente Ernesto Samper, en el marco del proceso 8000.

Casos como el del magistrado Jorge Pretelt, investigado en la Comisión de Acusación por el escándalo de Fidupetrol, demostraron la falta de efectividad del mecanismo. Se realizará un empalme de un año entre las Comisiones de Acusación y de Aforados, con el fin de depurar los procesos a cargo de los representantes de la Cámara.

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El fin de la Judicatura

La administración de la justicia también será modificada, con el fin del Consejo Superior de la Judicatura y la creación del Consejo Nacional de Gobierno Judicial. Este proyecto superó una fuerte polémica y fue adoptado también este jueves en el texto de la reforma política.

El Consejo Nacional de Gobierno Judicial estará conformado por los presidentes de las altas cortes, un gerente de la Rama Judicial, representantes de los jueces, de los magistrados y tres personas de dedicación exclusiva. Su misión será postular ternas de candidatos, presentar el presupuesto de la justicia y expedir el reglamento de la rama judicial.

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El gerente de la Rama Judicial será un profesional con 20 años de experiencia en administración de entidades públicas del Estado, y se encargará de servir como representante legal del Consejo

.En el debate se aprobó la posibilidad de que, mediante ley estatutaria, se añada al Consejo la presencia del Fiscal General, los Ministros de Gobierno y representantes de los abogados litigantes.

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