Solo cuatro municipios están libres de sospecha de minas en el país

Aún si las Farc ayudan a identificar las minas, mientras no se firme un acuerdo final o haya un cese bilateral al fuego, sacarlas del territorio nacional es una tarea casi imposible.

Por PUBLIMETRO
En cifras
Desminado

394
personas efectúan la labor de desminado humanitario en el país.

10.000
efectivos que trabajen en la labor de desminado es la meta que se ha puesto el ministerio de Defensa, la cual fue anunciada este lunes por Juan Carlos Pinzón.

72
municipios son considerados prioritarios para ser desminados. (Aunque, paradójicamente, estos no se encuentran en las zonas donde más reportes de víctimas de minas hay).

4
(de cerca de 700) municipios han sido declarados libres de sospecha de la presencia de minas: San Carlos y San Francisco (Antioquia), El Dorado (Meta) y Zambrano (Bolívar).

Nueva campaña
Suelos de paz

En alianza con el Servicio de Acción contra Minas de las Naciones Unidas la ONG Arcángeles creó la campaña ‘Suelos de Paz’, que busca concientizar a la población civil sobre la importancia del desminado humanitario, sobre todo en las zonas donde hay mayor amenaza o donde más se han presentado víctimas de estas minas antipersona.

La ONG, reconocida por crear la campaña ‘Remángate’, que invita a las personas a remangarse la bota del pantalón en forma de solidaridad con las víctimas de minas antipersona en todo el país, desea explicar el desminado humanitario y promoverlo como una solución sostenible frente al problema de contaminación por minas y restos explosivos de guerra en el país.

Para esta organización, “el desminado es como una herramienta para la protección de poblaciones, y una manera de liberar tierras para el uso seguro de comunidades y la construcción de una paz duradera en Colombia”. Según el lema de la campaña, “cuando se realiza un desminado humanitario,
el suelo vuelve a ser de todos, de la comunidad. Vuelve a ser un suelo de paz”.

Las cifras son poco alentadoras: en los últimos 15 años hubo 11.068 víctimas (8.857 heridos, 2.211 muertos) por minas antipersona o municiones sin explotar. De estas, el 38% (4.226) fueron civiles y el 62% (6.817) miembros de la Fuerza Pública.

En enero de 2015 se registraron un total de 28 víctimas, tres civiles de los cuales uno murió y 25 miembros de las Fuerza Pública, de los cuales fallecieron dos. Colombia sigue ostentando el primer puesto de víctimas de estos artefactos en el mundo.

Por si esto fuera poco, según informes de la Dirección de Acción Integral contra las Minas (Daicma) de la Presidencia de la República, 31 de los 32 departamentos del país presentaron algún tipo de evento relacionado con estos artefactos (solo San Andrés está libre). En el 65% de los 1092 municipios del país se registró algún evento; solo cuatro están totalmente libres de sospecha de minas antipersona.

Por esto, creer que el país logrará cumplir el compromiso internacional de liberar todo el territorio nacional de las minas antipersona para 2021, resulta difícil.

Son varios los factores que impedirían lograr ese objetivo, aunque hay uno fácilmente identificable que dificulta la acción de desminado y es la permanencia del conflicto armado.

Y es que, mientras existan los enfrentamientos entre las Farc (principal ‘fuente’ de estas minas) y la Fuerza Pública no será posible que los equipos de desminado humanitario hagan su trabajo.

Aunque la guerrilla está en cese unilateral, hay miles de minas que ha sembrado durante las últimas dos décadas para proteger campamentos y cultivos ilícitos, por lo que permitir el desminado sería exponer su seguridad, sobre todo si se tiene en cuenta que quienes hacen esta labor son miembros de un batallón militar, el de Ingenieros Militares No. 60 Coronel Gabino Gutiérrez, el cual ha concentrado sus esfuerzos en las zonas consideradas como prioritarias por el Daicma, las cuales coinciden con poblaciones con alta presencia guerrillera, como San Vicente del Caguán (Caquetá) o Vista Hermosa (Meta).

De ahí que una de las principales apuestas de la subcomisión para la terminación del conflicto de La Habana sea que, en el proceso de desescalamiento de la confrontación, el cual se discute en Cuba desde el año pasado, las Farc faciliten el desminado humanitario.

Para el director de la Campaña Colombiana Contra Minas, Álvaro Jiménez, el desminado requiere de voluntad política de las partes para llegar a un acuerdo frente al fin de la guerra, pues “sacar las minas de las zonas donde el conflicto es más intenso es imposible sin un acuerdo de paz”.

Las cuentas
Ahora bien, aún si hay un acuerdo, bien sea para el fin del conflicto o para un cese bilateral, el cual incluya el compromiso de las Farc de ayudar a identificar las minas, lo cierto es que el país no tiene cómo saber de manera más precisa cuántas minas hay en el país y en donde están.

El general (r) Rafael Colón, director del Daicma, explica que para saber esto, la entidad tiene una línea de diagnóstico que permite identificar, con la ayuda de la población civil y los programas de educación en riesgo, las zonas donde hay presencia de los artefactos.

No obstante, para Jiménez, la ayuda de los guerrilleros es indispensable, pues son ellos los que han sembrado las minas.

Otro de los inconvenientes tiene que ver con el hecho de que no hay suficiente presupuesto para emprender tan titánica tarea, principalmente, porque las donaciones de la comunidad internacional se han reducido en los últimos años.

Las donaciones se han concentrado en tareas del posconflicto que podrían presentar más, mejores y más rápidos resultados que el desminado humanitario, lo que ha mermado la llegada de recursos, tanto económicos como de personal, para realizar esta labor. De hecho, solo la ONG Halo Trust trabaja en el desminado del país y eso porque cuenta con capital propio, pues la sola fase de evaluación para iniciar el trabajo en un solo municipio puede llegar a costar hasta 500.000 dólares.

Para solucionar el tema de los recursos, el general Colón y su entidad trabajan en un plan de acción para presentarlo a los países que pueden donar. Este lunes, de hecho, sostuvo una reunión, en la que también participó el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, con los miembros del Grupo de Apoyo a la Acción contra las Minas (MASG por sus siglas en inglés), encabezado por el embajador de Japón ante la ONU, Yoshifumi Okamura, para exponer los retos del desminado humanitario y allanar el terreno para las posibles donaciones.

“Contamos con capacidad nacional para responder reto de minas, pero necesitamos apoyo de cooperación internacional para capacitar y fortalecer el desminado humanitario”, insistió Colón.

En todo caso, si bien es cierto que hay esfuerzos encaminados a cumplir la señalada meta para 2021, al país aún le falta bastante. El tiempo corre en contra y mientras no haya libertad para la labor del desminado, es decir, mientras se mantenga la confrontación armada, la tarea será imposible de realizar.

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