El dato
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de marzo culminará el actual ciclo de conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc en Cuba.
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Tras un inicio de semana polémico por cuenta del debate de si los guerrilleros deben pagar cárcel tras la firma del acuerdo de paz y la propuesta de que la justicia transicional sea igual para todos los actores del conflicto, este miércoles, las Farc y el Gobierno volvieron a la Mesa de Negociaciones de La Habana.
Al inicio del ciclo número 33 de las conversaciones, las partes retomaron la discusión sobre el punto de la reparación integral a las víctimas, a la espera de sus respectivos encuentros el designado de la Casa Blanca para los diálogos de paz, Bernard Aronson, así como el exsecretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, quienes se unen al proceso como acompañantes de las negociaciones.
A propósito de las víctimas, en la voz del comandante guerrillero ‘Pastor Alape’, las Farc dieron a conocer su octavo paquete de propuestas para resarcirlas, en esta ocasión, enfocada en la justicia transicional.
La guerrilla insistió en que cualquier acuerdo sobre este tema debe ser producto de la concertación entre las partes.
“Un acuerdo sobre justicia transicional solo puede ser el resultado de un acuerdo político nacional que supere sustancialmente los contornos y dimensiones de los diseños normativos y los debates sobre la llamada justicia transicional”, señaló ‘Alape’.
El vocero de la guerrilla se refirió además al tema sobre ‘definición concertada de mecanismos e instrumentos de justicia para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto’ y dijo que, en ese sentido, el Estado no puede actuar como “juez y parte”.
Además, que “el carácter de organización político-militar de las Farc, debe abrir paso al presupuesto principal del reconocimiento amplio del delito político y del derecho a la rebelión, incluidas las conexidades, con todo lo que ello implica”.
Cruce de recriminaciones
El gobierno y la guerrilla llevan debatiendo desde hace siete meses el complejo tema de la reparación de las víctimas, pero persisten todavía profundos desacuerdos, sobre todo, precisamente, en lo que tiene que ver con si los guerrilleros deben pagar penas que incluyan prisión.
Las mayores disputas giran en torno al proyecto de justicia transicional que ya tiene en marcha el Gobierno de Juan Manuel Santos, el cual ha sido rechazado por las Farc, que afirman que busca llevar a los guerrilleros a la cárcel una vez que se firme la paz, hecho con el que no están de acuerdo.
Estas posiciones han hecho que las partes lleguen a la mesa apenas horas después de un cruce de recriminaciones.
El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, denunció en un foro realizado en Bogotá que las Farc han continuado realizando extorsiones y actividades de narcotráfico durante la tregua unilateral que decretaron el pasado 20 de diciembre, al tiempo que reprochó la falta de reconocimiento de sus víctimas.
Por su parte, el jefe negociador de las Farc, Iván Márquez, respondió que los participantes en dicho foro (en el que estuvieron, entre otros, el nobel de paz Óscar Arias, y el exsecretario Annan) veían el «conflicto con ojos de juez y parte», y sostuvo que «lo que lo entrampa las negociaciones es la enredadera jurídica tendida en el campo de la paz» por el Gobierno.
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