Luego de poner tras las rejas a tres de los involucrados en la masacre contra cuatro hermanos en Caquetá, el director de la Policía lanzó una polémica propuesta en torno a que los responsables de este tipo de crímenes se les aplique la pena de muerte.
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En ese sentido se pronunció también la directora del ICBF, Cristina Plazas, quien dijo que eran necesarias penas más fuertes para quienes atentan contra los menores de edad y, aunque no pidió pena de muerte, sí pidió cadena perpetua.
Las posiciones abrieron nuevamente el debate sobre los castigos contra quienes atentan contra los niños, cuyo endurecimiento fue descartado por el Congreso en ocasiones anteriores.
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De hecho, tras lo de este lunes, varios expertos se mostraron en desacuerdo con la pena de muerte o la cadena perpetua, por considerarlas inconstitucionales.
Por ejemplo, Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, recordó que aplicar la pena de muerte en el país iría en contravía de varios acuerdos internacionales que Colombia ha firmado en torno al respeto de los derechos humanos y que lo que se debe hacer es aplicar la ley vigente de manera efectiva, en especial cuando se cometen crímenes contra los niños.
En contra se mostró también el fiscal Eduardo Montealegre, quien señaló que “es un imposible constitucional”.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el Gobierno no tiene contemplado presentar un proyecto de ley para que el Congreso apruebe una pena de muerte, pero que sí se ha estudiado la posibilidad de un referendo para implementar la cadena perpetua.
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