La cifra
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departamentos del país tendrían situaciones de «control poblacional» de parte de las Farc, por medio de actividades como las amenazas y la extorsión.
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La Defensoría del Pueblo reveló este miércoles un informe en el que da cuenta que, pese a la tregua unilateral (que se ha cumplido), las Farc siguen intimidando a la población civil en al menos 11 departamentos del país.
El Ministerio Público detectó que por medio de su Sistema de Alertas Tempranas que hay «situaciones de control poblacional» mediante actividades de constreñimiento, presión e intimidación.
Un ejemplo de esto es que se han presentado restricciones de movilidad a por lo menos 624 familias en 17 veredas de San Miguel, (Putumayo), donde los habitantes se abstienen de transitar por los caminos secundarios y el área rural debido al temor por la posible presencia de campos minados.
“La información sobre la presunta instalación de estos artefactos comenzó a circular el pasado 6 de diciembre, cuando se dio a conocer un panfleto atribuido a presuntos miembros de las Farc, en el que se advertía a la población sobre el riesgo de transitar por atajos, montañas, caminos alternos e incluso las orillas de los ríos, así como la suspensión de actividades como la caza y la pesca”, destaca la Defensoría.
De hecho, de acuerdo con la Defensoría Regional en Putumayo, entre el 26 de enero y el 2 de febrero de este año, se presentaron tres accidentes por minas antipersonal en Puerto Asís, Valle de Guamuez y San Miguel, ocasionando la muerte de un militar, heridas a otro uniformado y a un trabajador de la industria petrolera, así como el desplazamiento de una familia con tres menores de edad.
A estos hechos se suman otras circunstancias como las amenazas que a finales de enero recibieron los comerciantes del corregimiento Juan José, en jurisdicción de Puerto Libertador (Córdoba), donde presuntos miembros del frente 18 de las Farc los obligaron a suspender sus actividades, mientras integrantes de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas’ les exigían reabrir, «so pena de atentar contra su vida y la de sus familiares».
Las denuncias recopiladas indican que las presiones de las Farc hacia distintos sectores de la población civil, se han extendido a otras regiones como Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Meta, Guaviare, Arauca, Antioquia y Chocó a través de actividades como las amenazas y la extorsión.
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