Firmar la paz es buen negocio para su bolsillo

El crecimiento económico que se pierde por la guerra se solucionaría con el fin del conflicto; ¿paz con equidad?

Por Mauricio Barrantes / Publimetro
¿Cuánto crecería la economía Colombiana con la paz?

Entre 0,3 % y 4,4 %, que significa llegar a más de 8 % de crecimiento del PIB anual.

Lo que se discute en La Habana ha llenado de escepticismo a miles de colombianos. Piénselo apenas en su familia, una pequeña Colombia, donde se puede ver que existe polarización sobre el tema, al punto que apoyar el proceso de paz, o rechazarlo, podría definirse mejor por cara y sello, como para no entrar en discusiones sobre la mesa. Sin embargo, así como se preocupa por el aumento del salario mínimo, por lo que va a comprar de mercado esta semana, y hasta por el popular ¿cuándo pagan?, no está de más si le echa cabeza a cómo podría mejorar la economía del país, y la suya, si hay paz.

Este miércoles, en el club El Nogal, se reunieron unos tipos que saben mucho de números, acompañados por una experta en el asunto, la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Ana María Ibáñez, que, para romper el hielo, pronunció su máxima verdad: “solo los del clima se equivocan más que nosotros los economistas”. De allí que las cifras de crecimiento económico de las que habló Sergio Clavijo, presidente de ANIF, solo tengan, como él mismo dijo, validez de unas pocas horas.

La lógica es básica, entre mayor seguridad haya, más posibilidades de ser “súper atractivo” para invertir, como asegura Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según este ‘hombre de negocios’ colombiano, como lo define Wikipedia, “mejorar la seguridad es el impulso adecuado para la economía colombiana”, porque implica que empresarios, medianos y grandes, nacionales y extranjeros, consideren a Colombia como una opción viable para hacer empresa.

Pero no todo es color de rosa, y hay preocupaciones para que se logre una paz duradera que beneficie la inversión. Moreno asegura que el problema mayor es “cómo se ha dañado el diálogo político en Colombia, ya que la histórica buena relación público privada, que ha ayudado a sortear una cantidad de crisis, se empaña por la contrariedad de que la paz en La Habana se discuta, pero no se puedan poner de acuerdo en Bogotá”.

Y es que la importancia de la paz trasciende el de la posición política. Al menos, así se puede ver con las cifras que muestra Ibáñez y que le apuestan a que los cálculos de crecimiento, en caso del fin del conflicto, variarían de 0,3 % a 4,4 % adicional anual del PIB. Eso quiere decir que si ahora se crece cercano al 4 %, se llegaría a una ambiciosa cifra del 8 %.

La educación sería una de las grandes beneficiadas y de allí la posibilidad que, con mejor escolaridad, más colombianos puedan cambiar la situación de sus ‘bolsillos’. Así mismo, el hacer que las conquistas sociales lleguen al sector rural, llevaría a reducir la grave desigualdad que existe en propiedad de la tierra. Y es que si la gente se asombra en la calle por la diferencia de ingresos de salario, esto es mucho mayor cuando se analiza la distribución del campo.  

236 propietarios son dueños del 7 %; 2.359, dueños del 18,17 %, y el top del 1 % son dueños del 42 % de la tierra en Colombia. Razón por la cual, lo que se discute en La Habana, y lo que se trata en el país con la reforma tributaria pueden cambiar este escenario y llevar a que no sea utópico que la paz signifique mayor equidad para todos, como reza el popular eslogan gobiernista.

Frase necesaria la que pronunció el presidente del BID que dijo que “en la medida que los salarios reales no crezcan, tampoco la economía crecerá” . Así que pensar en un crecimiento económico que se logre con la paz, implica también exigir mejores condiciones laborales para todos los ciudadanos, que signifique que las finanzas personales crezcan como crecerían las arcas del Estado.

Claro, lo principal es pensar en las víctimas, como asegura Ana Teresa Bernal, Alta Consejera de Victimas, que insta a que los esfuerzos deben ser muy superiores a los que hasta el momento se han empleado: “esfuerzos reales para la restitución de la tierra, la garantía de empleos y proyectos productivos para las víctimas y la indemnización completa por los daños y afectaciones sufridos. Además de políticas suficientes para la rehabilitación y la satisfacción de las víctimas, acompañados de garantías de no repetición”.

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