Consejo de Estado restituye derechos políticos a Alonso Salazar

El exmandatario ya no estará inhabilitado por 12 años, como lo había dicho la Procuraduría

Por Colprensa

El Consejo de Estado tumbó la destitución e inhabilidad por 12 años que había dictado la Procuraduría General de la Nación contra el ex alcalde de Medellín, Alonso Salazar, por participación en política.

La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, tumbó el fallo de la Procuraduría y en vez de la destitución e inhabilidad dio a Salazar una amonestación por la forma como utilizó los medios de comunicación y las redes sociales durante la contienda electoral del año 2011.

El magistrado Gómez explicó que la decisión se dio por considerar desproporcionada la sanción impuesta por el Ministerio Público, y en ese sentido devolvió a Salazar la posibilidad de hacer política.

“La decisión que se adoptó anula las decisiones que había tomado la Procuraduría en primera y segunda instancias, y como el juez disciplinario tiene la competencia para reemplazar las decisiones de la administración para efectos de restablecimiento de derecho, se produce una decisión contra el Alcalde pero proporcionada a los hechos”, indicó Gómez.

En ese sentido, explicó el magistrado, se hizo una “sanción disciplinaria de amonestación porque el hecho que se demostró fue básicamente haber emitido en su cuenta de Twitter una información sobre un candidato a la Alcaldía de Medellín en aquel entonces y haber dado unas declaraciones de prensa sobre infiltración del paramilitarismo en las elecciones”.

El magistrado Gómez explicó que en este caso se utilizó el nuevo procedimiento oral de los procesos contenciosos administrativos e indicó que contra esta determinación no cabe ningún recurso.

De acuerdo con el magistrado, la amonestación consiste en hacer un reclamo por no haber actuado con la prudencia debida por su posición de Alcalde, “pero no se demostró que eso significara intervención a favor de colectividades políticas”.

Salazar había sido destituido por la Procuraduría General de la Nación luego que denunciara en medios de comunicación y en su cuenta de Twitter irregularidades en la contienda electoral de 2011 para la Alcaldía de la capital paisa, y presuntas presiones que favorecían a uno de los candidatos.

La Procuraduría había considerado que Salazar había participado en política y no había obrado con la “prudencia que le era debida” como Alcalde y que, en ese sentido, con sus declaraciones “decidió influenciar el proceso electoral”.

Por su parte, Salazar consideró a lo largo del proceso en el Consejo de Estado que no debió haber sido sancionado por haber alertado a la ciudadanía en Medellín de las denuncias y quejas que estaba recibiendo sobre presuntas irregularidades en la contienda electoral.

“Lo que propone la sanción de la Procuraduría es que los alcaldes como jefes de orden público guarden silencio frente a los graves problemas que tiene el país y que se la deje desprotegida, cosa que sería absolutamente grave”, señaló en su momento ante el Consejo de Estado.

El magistrado Gómez Aranguren recordó que las sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría pueden ser objeto de modificación por parte del Consejo de Estado.

 

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