Ciudadanos hicieron lobby contra Petro

El exalcalde de Bogotá Jaime Castro; el excomisionado de Paz Víctor G. Ricardo; la directora ejecutiva del ICP, Marcela Prieto Botero, y el presidente de Fenalco en Bogotá, Juan Esteban Orrego, viajaron a Estados Unidos para reunirse en Washington con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el fin de solicitarle que no conceda medidas cautelares que frenen el proceso de destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

La razón, según Jaime Castro, es que “si prospera la tesis de Gustavo Petro, de que solo lo puede destituir un juez penal de doble instancia, los otros gobernantes destituidos empezarán a reclamar por el hecho e incluso pedirán indemnización”, por lo que para el exalcalde la concesión de esta demanda implicaría “un desbarajuste institucional gravísimo”.

Para muchos, la acción de este grupo de colombianos es en defensa de la institucionalidad colombiana y es necesario que la CIDH tenga argumentos para emitir un fallo; para otros es parte de un movimiento en contra de Petro.

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Mientras tanto, se debate la estadía del alcalde en el mandato debido las acciones de tutela que podrían estancar la decisión del Consejo de Estado.

Análisis
Un arma de doble filo

Bien sea el alcalde, el sujeto afectado, los ciudadanos o incluso el Estado, es posible presentar los comentarios que se consideren pertinentes ante la Comisión y, por lo tanto, la solicitud del alcalde, como la de los ciudadanos que se presentaron en Washington, es válida. Pero Petro debe atenerse a lo que diga la Comisión y en caso de que no le otorguen las medidas cautelares no podrá pedir que más bien tengan en cuenta la acción de tutela.

Petro se está jugando una carta, pero debe atenerse a lo que diga la Comisión en su autonomía, que debe escuchar a las dos partes y no tomar partido.

Hernán Alejandro Olano
Director del programa de Humanidades en la Universidad de La Sabana

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