Nuevo código para bienes de la mafia

Recompensas. La Ley de Extinción de Dominio contempla darles a los colaboradores un porcentaje de lo que se obtenga del bien

Por PUBLIMETRO

El nuevo Código de Extinción de Dominio, contemplado en el Ley 1708, busca facilitarles a las autoridades el rastreo e incautación de estos bienes, así como repartir de una manera diferente las ganancias obtenidas por la venta de los mismos.

Dentro de las estrategias, está contemplada una especie de recompensa a las personas particulares que entreguen información sobre bienes adquiridos ilícitamente o con dineros ilegales. Se trata de un 5% del producto que el Estado obtenga por el remate.

La extinción de dominio le permite al Estado quitarles los bienes (muebles e inmuebles) a los ciudadanos que los hayan obtenido a través de actividades ilícitas tales como el narcotráfico, el terrorismo o el lavado de activos, entre otros.

El presidente Juan Manuel Santos sancionó la semana pasada la ley aprobada en 2013 por el Congreso, que, según explicó en su momento, lo hacía con miras a “perfeccionar la Ley de Extinción de Dominio de 1996, que es una herramienta muy importante contra el crimen organizado y especialmente contra el narcotráfico”.

De igual manera, la recompensa también se aplicará para los acusados que se acojan a sentencia anticipada, para quienes irá el 3% de lo obtenido en el remate. Esto solo sí el procesado aporta información valiosa para el proceso, acerca de propiedades que estén a nombre de otros miembros de su organización.

La nueva ley también estipula la creación de una Dirección Especializada de Extinción de Derecho y Dominio, así como una Policía que se concentrará exclusivamente en este tema. De igual manera, se crearán juzgados y tribunales especializados en la extinción de dominio.

La repartición de lo que se obtenga a partir del remate o uso de estos bienes también cambió. El 25% de ellos irá para la Rama Judicial (altas cortes, tribunales y juzgados), otro tanto será para la Fiscalía y el 50% restante para el Gobierno.

El nuevo código entrará a regir a partir de julio de este año, cuando la Fiscalía ya deberá estar preparada para asumir los nuevos ingresos producto de los bienes que se le incauten a la mafia.

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