Las FARC emiten una histórica condena por el atentado de una de sus unidades

Bogotá, 24 ene (EFE).- El Secretariado de las FARC emitió hoy una histórica e insólita condena por el atentado cometido por una de sus unidades el pasado 16 de enero en el suroeste de Colombia y anunció «correctivos disciplinarios» para los autores del ataque.

En un inesperado comunicado fechado en las Montañas de Colombia, los máximos jefes guerrilleros expresaron su «repudio» por una acción acometida contra la población civil, que dejó un muerto y más de 50 heridos en Pradera, departamento del Valle del Cauca.

Aunque la cúpula rebelde defendió que los autores «jamás tuvieron la intención de ocasionar algún daño a la población civil», también aclaró que esta circunstancia «no excluye su responsabilidad por la falta de previsión de los efectos contra ella».

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Y es que en la mañana del 16 de enero, un día después del fin de la tregua unilateral declarada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con motivo de las fechas navideñas, una de sus unidades hizo estallar una moto con explosivos el centro de Pradera.

La declaración hecha por hoy por la guerrilla supone un giro en su estrategia militar, ya que nunca hasta ahora habían hecho tan explícito el rechazo a que la población civil se vea afectada en sus ataques, tal y como lo pide el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

«Así no se hace la guerra, esa no es la filosofía ni la orientación política o militar que nos caracteriza», agregaron los jefes guerrilleros.

Pero el rapapolvo del Secretariado no se quedó en eso, también anunciaron «correctivos disciplinarios» para «el mando de una de las unidades que componen el Bloque Móvil Arturo Ruiz», los autores del ataque.

Los únicos precedentes que existen en los que la guerrilla asumió el error de sus actos fue en 1998, con el asesinato de tres indigenistas estadounidenses, y en 2007, con la muerte de once diputados regionales del Valle del Cauca secuestrados.

En el caso de los legisladores, la guerrilla reconoció su «responsabilidad como garantes de la integridad de los diputados», tras los hechos confusos en los que murieron y que las FARC achacaron a un enfrentamiento armado.

En 1998, las FARC secuestraron a tres indigenistas estadounidenses en Arauca (noreste) y sus cadáveres fueron hallados semanas después en el lado venezolano de la frontera, una acción que la guerrilla prometió castigar.

Las FARC sancionaron a los guerrilleros responsables de estos asesinatos con la construcción de caminos y a aprender a leer y escribir, en un hecho que fue tomado como una nueva burla al país.

El experto en conflicto armado Ariel Ávila explicó a Efe que la condena pública efectuada hoy se enmarca dentro del proceso negociador que las FARC y el Gobierno discuten desde noviembre de 2012 en La Habana: «necesitan dar confianza, por esto lo hacen», matizó.

La condena fue recibida con cautela por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que en su momento consideró una «infinita torpeza» el atentado rebelde y que hoy «valoró» el paso efectuado.

En el otro extremo se ubicó el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien suele efectuar el papel más duro del Ejecutivo en contra de las FARC: «El reconocimiento de actos de terrorismo es una acto de cinismo y sinvergüencería», manifestó.

En todo caso, el problema lo tienen ahora los jefes guerrilleros con la unidad que perpetró el atentado, la Columna Móvil Gabriel Galvis, del Bloque Arturo Ruiz, que según los expertos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) no está conforme con las negociaciones de paz.

Ávila, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, descartó este extremo al constatar que esta unidad está comandada por Jorge Torres Victoria, alias «Pablo Catatumbo» y número dos de las FARC en La Habana, por lo que es una «estructura muy bien portada, que obedece órdenes del Secretariado».

Falta ver cuáles serán los «correctivos disciplinarios» que adoptará el Secretariado contra los autores del atentado para saber el papel que tendrá que jugar «Catatumbo» en esta crisis.

Bogotá, 24 ene (EFE).- El máximo jefe de las FARC, «Timochenko», alias de Rodrigo Londoño Echeverri, reivindicó el derribo de dos helicópteros en el departamento de Antioquia (noroeste) en las últimas semanas y aclaró que la caída de la segunda aeronave respondió a un ataque conjunto con el ELN.

«Timochenko» hizo este reconocimiento en una carta abierta publicada en su página de internet escrita desde las «montañas de Colombia», en la que argumentó que «la guerra real (…) no se está librando como la pintan ellos», en alusión al Ministerio de Defensa, que a su juicio «calla y oculta los golpes» de la insurgencia.

«Los helicópteros, por ejemplo, se están cayendo por obra de accidentes y casualidades, cuando no se puede ocultar su caída, o sencillamente jamás son alcanzados por el fuego guerrillero», ironizó Londoño Echeverri.

El jefe de las FARC explicó que el pasado 22 de diciembre en una zona rural del municipio antioqueño de Briceño «fue destruido por completo uno de ellos (helicópteros) cuando se aprestaba a desembarcar tropas en operaciones ofensivas contra unidades del Bloque Iván Ríos» de las FARC.

La versión oficial en aquella ocasión fue que la aeronave cayó en un campo minado con artefactos que habían instalado integrantes del Frente 36 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que explotaron al aterrizar y bajar la tripulación del aparato.

El ataque contra este helicóptero, que pertenecía a la Dirección Antinarcóticos de la Policía, no dejó heridos ni muertos, y se registró en medio de una tregua unilateral que la guerrilla declaró durante la temporada navideña, en la que se reservó el derecho a responder cualquier ofensiva militar.

«Pese a que la respuesta defensiva tuvo lugar en el curso del cese el fuego unilateral, el Ejército, por temor a la divulgación del fracaso, se abstuvo de denunciar el hecho como una violación a la palabra empeñada por las FARC-EP, uno de sus recursos habituales de difamación», anotó «Timochenko».

Asimismo, se refirió al «aparato derribado el 9 de enero por unidades conjuntas de las FARC y el ELN en el área rural del municipio de Anorí (Antioquia), que el alto mando militar prefirió atribuir a cualquier otra causa para evitar que se conociera el desplome de su plan de desembarcos de tropas a distancia».

En este caso, fallecieron los cinco tripulantes que viajaban en el helicóptero siniestrado, entre ellos cuatro personas vinculadas al Ejército y un sacerdote.

Las primeras pesquisas apuntaron a causas técnicas, pero la empresa civil propietaria del aparato que había alquilado al Ejército argumentó que el helicóptero se encontraba en buenas condiciones.

Al mismo tiempo, el expresidente Álvaro Uribe, crítico del Gobierno de su sucesor, Juan Manuel Santos, defendió la hipótesis del derribo por parte de la guerrilla e incluso divulgó una fotografía de lo que parecía un impacto de bala en un tanque de combustible.