Unas de cal y otras de arena

Por NICOLÁS SÁNCHEZ A.

¿Qué es el perdón? ¿Cuándo pedirlo? Y sobre todo: ¿Cuándo otorgarlo? Son preguntas que están en la agenda nacional y que gozan de especial atención por los diálogos que se adelantan entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc, desde noviembre de 2012 en La Habana, Cuba.

El Estado colombiano ha sido uno más de los victimarios del conflicto, por razones distintas: desde pasar por alto la garantía de los derechos ciudadanos, hasta perpetrar desapariciones forzadas. Por esos hechos, la Nación ha tenido que indemnizar económicamente a las víctimas y a sus familiares.

Pero la reparación no solo es económica; también lo es simbólica. Ello asegura que el resarcimiento a las víctimas sea integral. Sobre esta última, cortes nacionales e internacionales han obligado al Estado colombiano a pedir perdón públicamente.

El representante a la Cámara por el Polo Democrático Iván Cepeda, hijo del asesinado senador Manuel Cepeda (el 9 de agosto de 1994), cree que eso actos “tienen un gran valor si están, al mismo tiempo, articulados a muchas otras acciones (de verdad y justicia)”. María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, no le resta importancia a los pedidos de perdón pero los entiende como “apenas un elemento de la reparación”.

Aurelio Iragorri, ministro del Interior, dijo a En Directo que esas sentencias de las cortes llegan a buena hora, pero consideró: “Nosotros estamos bastante más adelantados que esas decisiones”, debido a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, proyecto bandera del gobierno.

Palacio de Justicia

El Estado ha esgrimido varias posturas a la hora de verse obligado a pedir perdón por los desaparecidos, durante los hechos del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

El Tribunal de Bogotá confirmó parcialmente, el 1 de febrero de 2012, la condena a 30 años de prisión contra el general retirado Alfonso Plazas Vega, por la desaparición de Irma Franco y Carlos Rodríguez. Ella, guerrillera del M-19; él, administrador de la cafetería. Según videos de las cámaras de seguridad y testimonios que se han conocido a lo largo del proceso, Franco y Rodríguez salieron del Palacio custodiados por agentes estatales; sin embargo, 28 años después no se tiene noticia de sus paraderos.

La sentencia contra Plazas también ordena al Ejército pedirles perdón a los familiares de los desaparecidos en un acto público que debe realizarse en la Plaza de Bolívar. Los militares reaccionaron aduciendo que no existía la posibilidad de que la institución castrense pidiera perdón.

El presidente Juan Manuel Santos desde Cali, el mismo 1 de febrero, expresó su “desacuerdo” con el fallo. Sandra Beltrán, hermana del también desaparecido Hernando Beltrán, un mesero de la cafetería del Palacio, califica las palabras del primer mandatario de “vergonzosas”.

En febrero de 2013, un año después del fallo contra Plazas, la opinión pública conoció la estrategia de defensa que utilizaría la Nación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición forzada de 11 personas durante la retoma. Se negaría la existencia de pruebas para demostrar las desapariciones. La revelación causó gran revuelo. “Es la misma posición que el Estado colombiano ha mantenido durante ocho periodos de gobierno”, asevera Beltrán.

Las revelaciones le costaron el puesto al abogado que el Estado había contratado, Rafael Nieto Loaiza. La defensa estatal pasó a manos de Adriana Guillén, quien se desempeñaba como magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. El Estado reconoció en una audiencia ante la CIDH, en la segunda semana de noviembre su responsabilidad en las desapariciones de Irma Franco y Carlos Rodríguez. “A los otros nueve (desaparecidos) los quieren acomodar o los quieren negar”, advierte Beltrán.

“El Estado colombiano pide perdón a las víctimas y a sus familias. Nuevamente quisiera manifestar un absoluto respeto y consideración por todos ustedes”, les dijo Guillén a las víctimas al inicio de la audiencia. Beltrán afirma que el gobierno de Santos no tiene voluntad para aceptar las desapariciones y concluye: “Nos pidieron un perdón que para nosotros no fue ni fu ni fa; no sentimos nada”.

Caso Cepeda

Manuel Cepeda fue periodista y senador por la Unión Patriótica (UP), partido fundado luego de los acuerdos de La Uribe, Meta, en 1985, entre el gobierno de Belisario Betancour y las Farc. El 9 de agosto de 1994, Cepeda fue baleado por dos sicarios. Murió en el acto.

Después de 16 años, tras comprobarse la participación de agentes estatales en el homicidio, la CIDH emitió, el 10 de mayo de 2010, una sentencia en la cual, entre otras cosas, ordenaba al Estado colombiano pedirle perdón a la familia. La Corte especificó unos parámetros para que la petición fuera válida y se enmarcara en los principios de satisfacción y no repetición a los que tienen derecho las víctimas. Reza la sentencia que la ceremonia de reconocimiento debía ser realizada “en el Congreso de la República” y con la presencia “de las más altas autoridades del Estado”.

El 10 de agosto de 2011, más de un año después de dictada la sentencia, el Estado colombiano pidió perdón. Germán Vargas, entonces ministro del Interior y de Justicia, reconoció la participación estatal en el homicidio y pidió perdón. Al respecto, Iván Cepeda recordó: “Como familiares, consideramos que era un perdón y un reconocimiento de responsabilidad que merecía ser aceptado, y así lo hicimos”. Él y la familia triunfaron. “Logramos que la arrogancia del Estado cediera”, dijo a En Directo.

Alirio Uribe, abogado defensor de derechos humanos, asegura que las solicitudes de perdón deben estar dirigidas tanto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en su conjunto, con el fin de que los hechos violentos no se repitan.

Victoria Llorente cree que el perdón es una condición para que haya paz en Colombia. Cepeda, en cambio, piensa que el perdón “es importante, pero no imprescindible”. Para él, existen otras condiciones superiores que son imperativas para construir la paz en Colombia: “Que haya justicia, verdad y democracia”.

POR NICOLÁS SÁNCHEZ A.

andressaar@unisabana.edu.co

@anicolassanchez

 

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