Por presunta persecución política, los abogados del alcalde Gustavo Petro ya radicaron una demanda contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En ella se le pide al organismo internacional que dicte como medida cautelar la orden para que el procurador Alejandro Ordóñez suspenda la investigación administrativa en contra del mandatario distrital, por cuenta del cambio en el esquema de recolección de basuras en la ciudad.
La noticia no sorprendió a Ordóñez, quien dijo que “estos son los recurrentes y naturales episodios que debemos asumir; por eso me parece normal que juzguen mis actuaciones”.
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Después de interpuesta la demanda, el abogado Rafael Barrios, quien forma parte del grupo de juristas que representa a Petro, dijo que aunque no se conoce el sentido del fallo del procurador, para ellos es claro que él lo quiere “es sancionar, no investigar, entonces para qué vamos a esperar una decisión cuando ya se han agotado los recursos internos”.
En ese sentido dijo que el pliego de cargos que le formuló la Procuraduría se refiere al manejo administrativo que le dio el alcalde al tema de las basuras, como es de recordar, se vivieron algunos días dramáticos en diciembre pasado por cuenta del cambio de esquema. “El pliego de cargos habla de improvisación, de falta de planeación, aquí no hay ninguna conducta dolosa, pero la acusación es por falta gravísima a título de dolo. Lo que queremos es adelantarnos a un posible fallo arbitrario de destitución”, comentó el jurista.
Falta esperar unas dos semanas, según Barrios, a que la CIDH se pronuncie y pida una medida cautelar para que se suspenda el proceso contra Petro. “Aquí el procurador se ha extralimitado en sus funciones al estar por encima del Estado de Derecho y por encima de la comunidad internacional”, dijo el abogado.
De otro lado, se especula que la Procuraduría podría fallar en una o dos semanas.