Desde hace varios días el Gobierno colombiano insiste ante su similar de China para que les perdone la vida a nueve colombianos capturados en ese país por delitos relacionados con narcotráfico, delito por el cual la legislación del país asiático contempla penas que van desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte.
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Los colombianos fueron capturados por las autoridades Chinas por diversos delitos, seis de ellos afrontan cargos por tráfico de droga y los demás por trata de personas en la modalidad de explotación sexual.
Pese a la gravedad de los delitos la Cancillería colombiana ha pedido a las autoridades de ese país que no condene a los capturados a la pena de muerte, sino que rebaje sus penas, por lo menos, a la cadena perpetua.
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Según Andrés Molano, profesor de la Universidad del Rosario, la pena de muerte es una constante en regímenes poco democráticos y autoritarios y agregó que el único país democrático y liberal donde está instaurada ese tipo de pena es en Estados Unidos. El analista esbozó que la mayoría de países liberales han decidido respetar la vida de sus capturados por más graves que sean sus delitos.
La decisión sobre la suerte de los colombianos se decidirá el próximo 26 de agosto en una audiencia en la provincia de Guangzhou, China.
El argumento de la Cancillería es que en Colombia no existe la pena de muerte, y por eso ha solicitado a las autoridades chinas que no apliquen dicha condena. Sin embargo, los capturados están bajo la jurisdicción China y será la justicia de ese país la que decida su suerte.
El director de asuntos consulares de la cancillería colombiana, Álvaro Calderón, dijo que “la tipificación de la pena capital y la cadena perpetua están en el código penal interno de China. Nosotros acudimos a las autoridades de ese país porque esa pena no es aceptable por nuestra ley interna y en el marco de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos de la que Colombia hace parte no se contempla la pena capital. Pero debemos respetar la ley interna de China”.
Para Giovanni Reyes, internacionalista de la Universidad del Rosario, es difícil pronosticar la decisión de la justicia China porque allí intervienen muchas cosas, “la justicia de ese país estará mandando un mensaje a sus nacionales y a los países de sur América”.
El académico agrega que en los países asiáticos la ley funciona a través de la disuasión, “no quiere decir que yo esté de acuerdo con ello, los gobiernos del sudeste asiático aplican penas como esa. En Singapur, por ejemplo, el robo así sea muy pequeño se castiga con el corte de una mano”.
Según el analista ese tipo de países tienen, debido a ese tipo de penas, un índice de criminalidad muy bajo, pero sacrifican el compromiso de la humanidad con sus propios derechos.
La Cancillería colombiana reporta un total de 113 personas detenidas en China de las cuales siete están condenados a pena capital y otras siete a cadena perpetua.
Sin embargo, hay una esperanza para los colombianos capturados, según el director de asuntos consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, hay una información no formal de que a uno de ellos se le ha cambiado la pena de muerte a cadena perpetua.
Reyes advierte que pese a que Colombia haya suscrito los tratados internacionales que le impiden aplicar la pena de muerte, “China tiene el derecho de aplicar la pena que considere porque el crimen fue cometido dentro de su jurisdicción. Lo que busca la pena es castigar un eventual daño que se le quería hacer a la sociedad China”.
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