Fiscal dice que el campesino que cuidó al hijo de Clara Rojas es de las FARC

Por EFE

Una fiscal dijo hoy que José Crisanto Gómez, el campesino que cuidó al hijo de Clara Rojas y que fue condenado a 33 años de cárcel por secuestro y otros delitos relacionados con ese caso, pertenece a las FARC.

La directora de la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía colombiana, Mary Patricia Conejo, argumentó en una rueda de prensa que hay pruebas suficientes para acreditar la pertenencia del campesino a las FARC.

Gómez fue condenado por el Tribunal Superior de Villavicencio a 33 años de cárcel al encontrarlo culpable de los delitos de secuestro extorsivo agravado, rebelión, fraude procesal y falso testimonio.

El campesino pasó cuatro años en la cárcel pero fue puesto en libertad el año pasado por decisión de un juez.

La Fiscalía apeló esa decisión, pues según Conejo había pruebas de la vinculación del campesino a las FARC y “en ese orden, para la Fiscalía se considera que era responsable y coautor de secuestro extorsivo agravado”.

“Lo que sí les puedo concretar es que es de las FARC y que las pruebas lo vincularon con esta organización criminal y por eso fue condenado”, explicó la fiscal, quien también acusó al campesino de haber mentido a las autoridades sobre su identidad.

La versión de Gómez, que inspiró la película franco-española ‘Operación E’ (2012), sostiene que las FARC le obligaron a cuidar al hijo que tuvo la abogada Clara Rojas, excandidata a la vicepresidencia de la República, mientras estuvo secuestrada entre 2002 y 2008 por el grupo guerrillero.

El campesino afirma haber entregado al menor a una institución pública porque estaba enfermo. En este sentido, la fiscal discrepó al manifestar que Gómez no entregó al niño al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sino que fueron los vecinos del condenado los que alertaron de la situación en la que se encontraba el hijo de Rojas.

“Engañó frente a su identidad, a su familiaridad y en ese orden consiguió un registro civil”, sostuvo Conejo.

Gómez dijo a Efe en una entrevista telefónica que hasta el momento la decisión judicial no le ha sido notificada oficialmente.

La fiscal precisó que su captura no se hará efectiva hasta que la Corte Suprema de Justicia confirme la condena de segunda instancia de 33 años de prisión.

El campesino puede interponer todavía un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, de manera que la orden de captura quedaría en el aire hasta comprobar si se acepta o no el recurso.

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