Varios jueces del Supremo de EE. UU. criticaron este miércoles la decisión «sin precedentes» del Gobierno de Barack Obama de dejar de defender la ley que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, pese a seguir aplicándola.
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Los nueve magistrados del Supremo dedicaron la primera hora de la audiencia de este miércoles a examinar si existía siquiera base legal para que los defensores de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) llevaran la disputa ante la máxima instancia judicial, debido a que el Gobierno de EE. UU., demandado en el caso, ya no apoya la medida.
Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes han ocupado el vacío que ha dejado el Departamento de Justicia, a través del grupo de Asesoría Legal Bipartidista de ese hemiciclo.
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Los jueces centraron sus preguntas en cuestionar por qué el Gobierno de Barack Obama decidió en 2011 dejar de defender la ley DOMA en los tribunales federales, pese a que sigue aplicándola en la práctica, a la espera de un veredicto en el
Supremo.
El magistrado Anthony Kennedy, visto como el voto decisivo en caso de empate entre jueces liberales y conservadores, recordó que si el presidente de EE.UU. no cree que una ley sea constitucional no debe firmarla, y sugirió que el mismo principio puede trasladarse a su aplicación: si no la respalda, no debería hacerla cumplir.
El juez John Roberts, que encabeza el ala conservadora, se mostró directamente irritado con el Gobierno de Obama, al señalar que quizá la administración debería tener la «valentía» de aplicar la ley basándose en su constitucionalidad en lugar de trasladar la responsabilidad al Supremo. Consideró que declarar una ley inconstitucional pero seguir aplicándola hasta que el Supremo decida «no tiene precedentes, no se ha hecho nunca».
Los magistrados examinaron también la posición de los republicanos, a través de los argumentos de una profesora de Derecho de la Universidad de Harvard, Vicky Jackson, quien consideró que el Congreso no tiene nada en juego en este caso y no sufrirá ningún daño si la ley resulta derogada, por lo que no tiene base suficiente para erigirse en defensor de la medida.
Jackson pidió a los jueces que «esperen a que llegue otro caso» para decidir sobre la constitucionalidad de DOMA, dado que el Gobierno demandado está de acuerdo con la demandante, Edith Windsor, por lo que no existe siquiera una disputa sustancial.
Al respecto, el juez Samuel Alito mostró dudas de que la Cámara baja pueda defender una ley sin la participación del Senado, dado que se requiere de ambos hemiciclos para aprobar una medida. Paul Clement, el abogado de los legisladores republicanos, argumentó que aprobar las leyes y defenderlas es «la función más importante» del Congreso, por lo que su rol en el caso es legítimo.
La decisión del Supremo se espera alrededor de junio y los detractores de DOMA temen que los magistrados determinen que no tienen jurisdicción para decidir sobre la constitucionalidad de la ley, como pidió Jackson.
En ese caso, los analistas pronostican que la ley dejaría de aplicarse en los estados del noroeste del país que han tenido decisiones contrarias a DOMA, pero las consecuencias a nivel nacional serían inciertas. A la audiencia de hoy asistió Windsor, la mujer de 83 años que reclama que le devuelvan los impuestos que tuvo que pagar por no reconocerse su matrimonio homosexual a nivel federal, y también Tammy Baldwin, la primera senadora abiertamente gay de EE. UU.
Al comenzar la segunda porción de la audiencia, dedicada a los argumentos, el blog oficial del Supremo indicó en su cuenta de Twitter que hay probabilidades del 80 % de que el tribunal derogue DOMA, dado que cuatro de sus jueces sugirieron hoy que creen que viola los derechos de los homosexuales.