Odyssey dice que intentó aclarar la legislación sobre barcos y no cambiarla

Por Publimetro Colombia

Miami (EE.UU.), 20 dic (EFE).- La empresa Odyssey aseguró hoy que la enmienda que quiso introducir para modificar la ley de EEUU sobre barcos hundidos de manera que le fuera favorable en su litigio con España por la titularidad de un tesoro de medio millón de monedas de plata, no pretendía cambiar la legislación sino aclararla.

“La terminología que fue propuesta no era un cambio, sino una aclaración”, señaló a Efe Melinda MacConnel, vicepresidenta de Odyssey, la compañía estadounidense que pugna con España por el tesoro encontrado en 2007 en un pecio español hundido en aguas internacionales y que está valorado en unos 500 millones de dólares.

La semana pasada se supo que un grupo de presión que hace campaña a favor de Odyssey intentó sin éxito introducir una enmienda para modificar la ley estadounidense sobre barcos hundidos.

La propuesta incluía un cambio sintáctico en la ley de Embarcaciones Militares Hundidas (SMCA, en inglés) que, pese a ser mínimo, reforzaría uno de los principales argumentos de Odyssey para tratar de quedarse con un tesoro que la Justicia estadounidense le ha ordenado entregar a España.

La norma dice que los barcos militares hundidos son propiedad del país de origen y gozan de “inmunidad soberana”.

Sin embargo, para Odyssey esta y otras leyes estadounidenses e internacionales dicen que “sólo los barcos de guerra de un gobierno en servicio no comercial tiene inmunidad soberana”.

“Esta es la manera en que las leyes y los tratados han sido interpretados siempre”, explicó hoy a Efe la vicepresidenta y consejera general de Odyssey.

Uno de los ejes principales de su impugnación se basa en que la fragata “Nuestra Señora de las Mercedes”, de la que procede el tesoro, no navegaba en misión de guerra cuando fue cañoneada por una flota inglesa, sino que lo hacía en misión comercial, por lo que la carga no gozaba de inmunidad soberana cuando fue hundida.

“No hay discusión en que unas tres cuartas partes de las monedas del ‘Mercedes’ eran de particulares y no del Gobierno español. ¿No deberían los herederos de aquellos propietarios tener la oportunidad de disputar en los tribunales esa titularidad?”, preguntó McConnel.

Añadió que “el Gobierno español dice que no tienen derecho; que todas las monedas son de España porque iban en una fragata española, incluso pese a que sus dueños originales pagaron por el transporte de esas monedas”.

Con un mero cambio sintáctico, Odyssey lograría que cualquier barco que no estuviera en misión militar en el momento de su hundimiento perdiera automáticamente la inmunidad soberana y dejara de pertenecer al país de origen.

El mes pasado el Tribunal de Apelaciones de Atlanta desestimó el recurso de la empresa de exploración submarina contra la sentencia que le obliga a devolver a España el tesoro de 17 toneladas de monedas de plata y oro, que permanece custodiado por las autoridades en un lugar secreto de Florida.

Tras la negativa de ese tribunal a reconsiderar su decisión, la empresa pidió que quedara en suspenso la orden de entrega a España del tesoro, lo que es “un intento a la desesperada” de retrasar su derrota, según James Goold, abogado del Estado español en este caso.

La firma “busca desesperadamente conseguir una suspensión de emergencia” mientras intenta demostrar que el Tribunal Supremo aceptaría revisar el caso, “lo que es ridículo”, afirmó a Efe Goold.

Sin embargo, MacConnel defiende que “en el caso del ‘Cisne negro’ (nombre que Odyssey dio al proyecto de rescate de este tesoro) el Gobierno español y el Departamento de Estado de EEUU trataron de leer la SMCA de una forma que cambió el sentido original”.

“Esta aclaración -dijo- no tiene que ver sólo con este caso, sino que tiene una implicaciones de mayor alcance para EEUU y cualquier otro país”.

Una fuente de la Embajada de España en EEUU aseguró a Efe que se trata de una maniobra jurídica de Odyssey que “no tiene ningún sentido”.

“La ley hace una distinción clarísima: la protección se aplica a las naves militares y no a las comerciales”, indicó la fuente, que consideró que la empresa trata de “defender una posición que ha estado utilizando en el juicio” pero que es “irrelevante jurídicamente”.

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