Managua, 19 dic (EFE).- La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), con sede en Managua, admitió hoy una demanda interpuesta por dos organizaciones ambientalistas nicaragüenses contra el Estado de Costa Rica por la construcción de una carretera de 120 kilómetros al margen sur del fronterizo río San Juan, en territorio costarricense.
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El presidente del tribunal regional, el hondureño Francisco Darío Lobo, dijo a periodistas que, por unanimidad de votos, los seis magistrados de ese órgano de justicia resolvieron admitir esa demanda contra el Estado costarricense y dio plazo de 10 días a la presidenta Laura Chinchilla para que conteste la querella.
Los organismos no gubernamentales Fundación Nicaragüense de Desarrollo Sostenible y el Fondo Nacional de Reciclaje (Fonare) demandaron el pasado día 6 a Costa Rica ante esa corte por supuestamente cometer delitos contra el medio ambiente con la construcción de esa carretera y exigieron a San José suspender la obra.
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«Los seis magistrados nos hemos pronunciado a favor de que sí se admita la demanda, eso quiere decir de que ya se le dio entrada, se inicia el juicio y se le da un término de 10 días al representante legal del Estado de Costa Rica para que conteste la demanda», explicó Lobo.
El funcionario indicó que Costa Rica tiene derecho a contestar la demanda oponiéndose a los hechos o diciendo que los acepta, o bien, no contestarla.
En caso que no conteste la demanda, advirtió Lobo, «vendría una sanción legal» y Costa Rica «sería declarado Estado rebelde» y el juicio continuaría hasta que se dicte sentencia.
En la demanda, esas organizaciones ambientalistas piden a Costa Rica entregar a Nicaragua un estudio de impacto ambiental de la infraestructura vial sobre el río San Juan, de soberanía nicaragüense.
Representantes de los dos organismos ambientalistas recorrieron la zona por tierra, agua y aire, donde, según Kamila Lara, uno de sus dirigentes, constataron «los daños ambientales» e incluso confirmaron «que la carretera, en algunos puntos, está a 20 metros de la orilla del río».
El Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, considera la carretera como «un crimen contra la naturaleza» y ha dicho que denunciará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, que ya dirime un litigio limítrofe bilateral.
Los dos países mantienen una disputa desde octubre de 2010, cuando Costa Rica acusó a Nicaragua de invadir con militares y civiles y causar daños ambientales en un humedal fronterizo en el Caribe, en un territorio que ambos países reclaman como propio.
El caso es ventilado en la CIJ, que en marzo pasado ordenó a los dos países abstenerse de enviar personal de seguridad, militar o civil a la zona en disputa.
La Corte Centroamericana, creada con el Protocolo de Tegucigalpa, en 1991, está integrada por dos magistrados de El Salvador, dos de Honduras y dos de Nicaragua, con sus respectivos suplentes.
Está previsto que pronto se incorporen a este tribunal los dos magistrados de Guatemala, que, por «diferencias políticas», no tiene representantes, ha dicho Lobo, mientras Belice, Costa Rica y Panamá aún no han ratificado el Estatuto de la Corte.
«Algunos Estados no tienen magistrados designados, pero eso no les exime de la obligación de estar bajo la jurisdicción de esta corte y de acatar las resoluciones y sentencias que dictemos», afirmó Lobo.
Lobo anunció que analizan «la posibilidad de que la Corte se traslade en pleno» al sitio «para verificar esos daños que alega la parte demandante».