Gazprom compra las participaciones del South Stream a sus socios europeos

Moscú, 30 dic (EFE).- El monopolio gasístico ruso Gazprom ha comprado a la italiana Eni, la francesa EDF y la alemana Wintershall el 50 por ciento de la compañía South Stream Transport, creada para la construcción del gasoducto South Stream entre Rusia y el sur de Europa.

Las tres compañías europeas se repartían la mitad del proyecto, cancelado a principios de este mes por Rusia, supuestamente por la negativa de Bulgaria a permitir el paso del gasoducto por su territorio.

Eni poseía el 20 por ciento de las participaciones, mientras que EDF y Wintershall, participaban con un 15 por ciento en el proyecto.

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El país balcánico, presionado por la Comisión Europea, paralizó las obras del gasoducto en su territorio, tras lo cual el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció la cancelación del proyecto y la apuesta por Turquía como país de transito y destino para su gas.

La controversia por el proyecto, criticado desde siempre por Bruselas por incrementar aún más la dependencia europea del gas ruso, fue a más con la crisis de Ucrania.

Al igual que el ya operativo North Stream, el nuevo gasoducto evitaría el territorio ucraniano para conectar directamente Rusia con la Unión Europea.

South Stream, un proyecto que iba a costar unos 16.000 millones de euros, nació en 2012 como rival del europeo Nabucco, otro gasoducto que iba a transportar gas desde el mar Caspio a Europa sin pasar por Rusia, pero que también está paralizado.

El proyecto preveía transportar unos 63.000 millones de metros cúbicos desde Rusia a los países de la UE a través de las aguas territoriales turcas en el mar Negro para evitar así Ucrania.

La construcción iba a correr a cargo de empresas mixtas creadas por Gazprom con sus socios en Bulgaria, Serbia, Hungría, Grecia, Croacia, Eslovenia y Austria.

La longitud total del gasoducto se calculaba en 2.380 kilómetros, con un tramo de 1.455 kilómetros entre la ciudad portuaria búlgara de Varna y el norte de Italia tras atravesar Serbia, Hungría y Eslovenia.

Sin embargo, la Comisión Europea consideró que el proyecto socavaba normas europeas sobre energía y adjudicación de contratos públicos.