Argentina apela la orden de desacato en su contra emitida por un juez de EE.UU.

Por Publimetro Colombia

Nueva York, 4 nov (EFE).- Argentina apeló ante la Justicia estadounidense la decisión de un juez de declarar en desacato a ese país en el litigio planteado en tribunales de Nueva York por un grupo de fondos de inversión, informaron hoy fuentes judiciales.

El desacato fue comunicado por el juez Thomas Griesa el pasado 29 de septiembre a raíz de los intentos del Estado argentino de violar la cláusula de pago simultáneo a los tenedores de bonos después de que Buenos Aires anunciara una nueva propuesta de pago.

En una comunicación difundida por el tribunal que lleva la causa, los abogados que defienden a Argentina anunciaron que han presentado un recurso ante el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos por la orden de desacato emitida por Griesa.

El magistrado había adoptado esa decisión a raíz de una propuesta anunciada por el Gobierno de Cristina Fernández para desligar al Bank of New York Mellon (BoNY) como agente del pago de vencimientos de deuda a los tenedores de bonos que habían aceptado una reestructuración.

La Justicia de Estados Unidos había congelado el pago de esos vencimientos como parte del litigio planteado por fondos de inversión especulativos que se hicieron con títulos de deuda que entraron en cese de pagos en 2001 y que no fueron reestructurados.

Con su nueva propuesta, Argentina optó por entregar la responsabilidad del pago de los vencimientos de deuda a la entidad pública Nación Fideicomiso, con el fin de evitar así que el dinero pasara por Estados Unidos y quedara congelado.

Griesa, sin embargo, consideró que esa propuesta estaba en contra de las reservas impuestas por la Justicia en Estados Unidos porque viola la llamada cláusula “pari passu” en el litigio planteado en los tribunales de Nueva York.

Esa cláusula fue aplicada por Griesa el 23 de febrero de 2012 con el fin de impedir a Argentina pagar a los bonistas que aceptaron canjear sus títulos dentro de los programas de reestructuración de 2005 y 2010 sin hacer un pago equivalente a los tenedores de bonos no reestructurados.

El desacato fue comunicado por Griesa a las partes en la vista que se celebró el 29 de septiembre y registrado en el tribunal con fecha 3 de octubre.

Un mes después, los abogados de Argentina comunicaron al tribunal de Griesa su decisión de apelar, en un documento que anoche fue depositado en la corte, y este martes se notificó que el recurso había sido trasladado a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.

Los fondos especulativos reclaman a Argentina unos 1.500 millones de dólares por el monto de los bonos que no entraron en reestructuración y los intereses acumulados.

Argentina dice que los bonos en poder de estos “fondos buitre” son una minoría y considera que la orden de desacato emitida por Griesa es “inconcebible” y representa “una ilegítima injerencia en los asuntos internos” de ese país.

Es la segunda ocasión en la que se traslada a la Corte de Apelaciones una orden emitida por Griesa como parte de este litigio.

En septiembre pasado un tribunal de apelaciones rechazó “por falta de jurisdicción” un recurso que estaba vinculado con un pago único que hizo el Citibank en junio a tenedores de bonos reestructurados.

Washington, 4 nov (EFE).- Estados Unidos defendió hoy que cualquier actividad de Nancy Soderberg en la disputa entre Argentina y los fondos buitre “no está relacionada” con su trabajo como presidenta de una junta asesora del Gobierno de Barack Obama, en respuesta a una duda planteada por la presidenta argentina, Cristina Fernández.

Un portavoz del Departamento de Estado consultado por Efe reaccionó a la carta enviada el pasado viernes por Fernández a Obama, en relación con los fondos que ganaron una demanda presentada contra Argentina en EE.UU. en reclamo de deudas impagadas desde 2001.

En la misiva, Fernández preguntaba si Nancy Soderberg, la presidenta del organismo asesor Junta de Desclasificación de Interés Público de EE.UU. (PIDB, por su sigla en inglés), es la persona homónima que copreside la American Task Force Argentina (ATFA), el lobby que aglutina a los llamados “fondos buitre”.

El portavoz confirmó que Obama designó a Soderberg en enero de 2012 y, de nuevo en diciembre de ese año, como presidenta de la PIDB, “un comité asesor establecido por el Congreso en 2000 para promover el acceso del público a documentos del Gobierno relacionados con actividades de seguridad nacional de EE.UU.”.

No obstante, subrayó que “las posiciones de la junta de la PIDB son a tiempo parcial, y es típico que los miembros de la PIDB y de la mayoría de juntas de asesoría al Gobierno tengan empleos fuera” de ese órgano.

“La señora Soderberg es una ciudadana particular que trabaja en una junta que asesora al Gobierno”, destacó el portavoz, que pidió el anonimato.

“Sus responsabilidades en su capacidad oficial como presidenta de la PIDB no están relacionadas con cualquier implicación que pueda tener en el litigio de los tenedores de deuda de Argentina como ciudadana privada”, señaló la fuente.

El Departamento de Estado defendió así que no existe un conflicto de intereses entre la labor de Soderberg en la junta asesora y su supuesto rol al frente de la ATFA.

En su carta, Fernández denunció “la agresividad y bajeza moral de la campaña dirigida por la señora Nancy Soderberg desde ATFA” contra Argentina, y recordó “hechos vergonzantes” como haber instalado una rata inflable gigante frente a la embajada argentina en Washington.

“Estas acciones deleznables se convertirían en una cuestión de Estado si fuesen realizadas por una funcionaria pública. Sería el caso si la responsable de ATFA fuera la misma persona que trabaja en la Casa Blanca y no simples homónimos”, advirtió Fernández.

La mandataria remarcó que las funciones del PIDB “abarcan aspectos sensibles de seguridad nacional” y consideró que “sería inadmisible que un cargo clave del gobierno de los Estados Unidos, con acceso a información clasificada” sea la misma persona que copreside la ATFA.

El juez Thomas Griesa de Nueva York falló a favor de los fondos que demandaron a Argentina y ordenó al Estado de ese país que pague 1.300 millones de dólares más intereses por bonos no reestructurados en mora desde el cese de pagos de 2001.

La sentencia de Griesa fue ratificada por la Corte Suprema de EE.UU., pero Argentina no ha pagado hasta ahora a los demandantes.

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