Lima, 16 oct (EFE).- América Latina y el Caribe adoptaron una iniciativa para declarar a la región libre del trabajo infantil, una práctica que afecta a 12,5 millones de menores en el continente, en el marco de la 18 Reunión Regional Americana de la OIT, que concluyó hoy en Lima.
El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, explicó a Efe que 25 países de la región tomaron la decisión de lanzar esta iniciativa, la cual fue destacada en la Declaración de Lima aprobada con las conclusiones de la cita.
Ryder señaló que «en las Américas todavía trabajan 12,5 millones de niños y adolescentes» y que lo preocupante es que «la mayoría, casi 10 millones, laboran en las peores formas de trabajo, que son peligrosas para su salud y su desarrollo moral».
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Añadió que «lo que tenemos que tener es la voluntad política, para poner en marcha estas políticas de eliminación del trabajo infantil» y que «esta iniciativa puede servir para desarrollar esta voluntad».
La región proyecta la erradicación total del trabajo infantil en el 2020.
En opinión de Ryder, lo que necesita la región es «una combinación de políticas, de inspección de trabajo para reprimir las formas abusivas de trabajo de los niños, pero también se necesita un acceso general a la educación y políticas de protección social».
Respecto al desempleo juvenil, Ryder afirmó que se trata de un «drama mundial, donde las Américas no son una excepción a esta situación».
«Llama la atención el hecho de que 6 de cada diez jóvenes de esta región, encuentran trabajo en condiciones de informalidad, tenemos que pensar en la calidad de ese trabajo, además de la cantidad», anotó.
Al cabo de tres días de reuniones y debates, los aproximadamente 500 participantes de 33 países aprobaron la Declaración de Lima con las conclusiones de la cita y sus expectativas para los próximos cuatro años.
La declaración señaló que las Américas siguen teniendo grandes desigualdades y que el reto de combatir la desigualdad requiere de políticas públicas integradas, que promuevan la inclusión social, el trabajo decente y el empleo productivo.
Entre las expectativas expresadas por las partes están que la OIT pueda prestar asistencia para que los países implementen un marco amplio de políticas para la promoción del empleo pleno, decente, productivo y libremente elegido.
Asimismo, políticas para promover el respeto a la libertad sindical y la negociación colectiva, políticas para promover un entorno propicio para la creación y el desarrollo de las empresas, y estrategias coherentes para facilitar la transición de la economía informal a la formal.
Los delegados también solicitaron a la OIT su asistencia para adoptar políticas de salarios mínimos, y una acción inmediata, renovada y específica dirigida a abordar la crisis del empleo juvenil en temas de educación, formación y políticas del mercado de trabajo.
Entre los medios de acción, los participantes pidieron a la OIT apoyar un marco integrado de políticas para la formalización, así como fortalecer el Programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe.
Igualmente, desarrollar programas focalizados, basados en modelos exitosos para fortalecer las administraciones del trabajo y la capacidad de las inspecciones del trabajo.
El ministro peruano de Trabajo, Freddy Otárola, afirmó en la clausura que «la historia política y económica de América Latina aún está por escribirse» y que para ello las naciones tienen que fortalecer sus mercados y multiplicar sus inversiones.
Otárola señaló que los desafíos para generar un trabajo decente en la región son tener un crecimiento económico sostenido, mejorar la confianza en la democracia, ampliar la protección social y tomar medidas para reducir la desigualdad social.
