La CE pide a España que recupere las ayudas concedidas a grandes empresas

Por Publimetro Colombia

Bruselas, 15 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) pidió hoy a España que recupere las ayudas concedidas a grandes empresas mediante beneficios fiscales para la adquisición indirecta de participaciones en sociedades extranjeras, ya que las considera ilegales

El portavoz comunitario de Competencia, Antoine Colombani, afirmó en la rueda de prensa diaria de la CE que no puede cifrar el monto que España debe recuperar de las multinacionales o el número de empresas afectadas por la decisión, porque corresponde a las autoridades españolas proporcionar al Ejecutivo comunitario esta información.

El Gobierno español dispone de dos meses para recurrir la decisión, que es la tercera negativa sobre el régimen fiscal después de dos anteriores, en 2009 y 2011.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, que no quiso hoy desvelar de qué empresas se trata, dijo que es muy difícil determinar la cuantía de la que se está hablando,

Asimismo explicó que la CE les había dicho que estas compras estaban “cubiertas por el beneficio” y que hay disparidad de criterios en el seno de la Comisión.

Lo único que se sabe con certeza hasta ahora es que el Banco Santander ha recurrido en Luxemburgo la decisión de la CE de 2011 y que Autogrill ha hecho lo propio para oponerse al fallo de 2009, en dos casos diferentes sobre los que el Tribunal de Justicia de la UE prevé dictar su sentencia el 7 de noviembre, según las fuentes consultadas.

El Ejecutivo comunitario ha determinado, tras una investigación en profundidad abierta en julio de 2013, que la nueva interpretación de ese régimen fiscal que beneficia a las empresas españolas que adquieren participaciones en sociedades extranjeras es incompatible con las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea (UE).

Entre 2002 y 2012 el régimen español inicial solo se aplicaba a las adquisiciones directas de participaciones en sociedades extranjeras.

Pero en marzo de 2012 las autoridades españolas adoptaron una nueva interpretación que permitió, con carácter retroactivo, deducciones también para la compra indirecta de acciones en compañías no residentes.

Con ello España ampliaba el ámbito de aplicación de la medida, cuya nueva interpretación no notificó a la CE hasta abril de 2012, con posterioridad a haberla aplicado.

Ya en 2009 y 2011 la Comisión pidió a España que suprimiera la disposición en el impuesto de sociedades que permite a las empresas amortizar a lo largo de 20 años el fondo de comercio financiero por la adquisición de participaciones en el extranjero.

La Comisión Europea limitó además la recuperación de la ayuda por la existencia de confianza legítima entre algunos beneficiarios.

España se comprometió a no conceder la exención a los nuevos beneficiarios, pero no derogó la disposición, ya que la amortización seguía siendo posible en los casos en los que la CE admitió la confianza legítima o autorizó un periodo transitorio.

En 2012 el Gobierno adoptó la nueva interpretación ahora también declarada incompatible.

Cuando la CE abrió hace algo más de un año la investigación, pidió a las autoridades que suspendieran la medida hasta que Bruselas haya tomado una decisión definitiva sobre el régimen ampliado.

La Comisión ha determinado además que las multinacionales españolas que se han beneficiado de esta nueva interpretación no pueden tener ninguna confianza legítima en lo que respecta a su situación, por lo que todos los beneficiaros tendrán que devolver las ayudas ilegales.

Dado que las deducciones se aplican a lo largo de 20 años el cálculo de las devoluciones es difícil de hacer. En cualquier caso, la ayuda ya recibida tiene que ser reembolsada al Estado.

Colombani explicó que la recuperación de las ayudas declaradas ilegales en las dos anteriores decisiones de 2009 y 2011, “está bien avanzada y acercándose a su finalización”, pero tampoco pudo facilitar el importe a devolver por parte de las empresas.

En 2007, cuando la CE abrió su primera investigación la ley española disponía que, durante los 20 años siguientes a la adquisición, una compañía española podrá deducir el fondo de comercio financiero resultante de la compra de una participación de más del 5 % en una empresa extranjera.

La Comisión decidió dos años después que el régimen era incompatible en cuanto a las adquisiciones en países de la UE y mantuvo abierta la investigación sobre operaciones en países de fuera de la Unión, resultando en la segunda decisión negativa en 2011.

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