Griesa considera "ilegal" el pago de Argentina a bonistas y urge a una negociación

Por Publimetro Colombia

Nueva York, 27 jun (EFE).- El juez estadounidense Thomas Griesa consideró hoy “ilegal” el pago de Argentina a tenedores de bonos reestructurados y advirtió de que el país incurriría en “desacato” si se hace efectivo, si bien no impuso sanciones y se militó a instar a seguir las negociaciones.

“Cualquier intento hoy en día de pagar a los bonistas (con deuda reestructurada) es ilegal, no puede hacerse y no puede ser permitido por esta corte”, afirmó el juez en la audiencia de hoy y añadió que “cualquiera que lo haga estará incurriendo en desacato”.

Pero también aseguró que, pese a las peticiones de los abogados de los fondos especulativos para sancionar a Argentina y hacer un informe de las cuentas del país, “lo importante es que las negociaciones sigan, más que los detalles de unas cosas y otras”.

“Lo único que ha pasado es que los fondos han llegado al banco”, dijo el juez, por lo que no llegó a utilizar la palabra “embargo”.

Griesa había convocado hoy esta audiencia de urgencia, a petición de los abogados de los llamados “fondos buitres”, después de que Argentina pagara ayer alrededor de 1.000 millones de dólares a los bonistas a cuatro días de la fecha límite para pagarles a ellos los 1.500 millones (1.330 más intereses), rompiendo la orden de pago simultánea o “pari passu” dictada por el juez el 23 de febrero.

Griesa, en una orden definitiva, puso como fecha límite el 30 de junio para el pago de la deuda, pero él mismo afirmó hoy: “Todos sabemos que las negociaciones no se van a resolver en esta semana ni en la próxima”, previendo que Argentina recurra a los 30 días de gracia de los que dispone para ejecutar el pago.

Por ello, Griesa solicitó que las negociaciones se retomaran “esta misma tarde”, algo que fue confirmado posteriormente por Pollack a la salida del tribunal, y entendió que “el objetivo de toda negociación es lograr un ‘status quo’ y la dificultad en este caso es poder superar el no pago del 30 de junio”, dijo Griesa, quien abogó por simplificar el caso y no añadir órdenes suplementarias.

“NML y los otros fondos de inversión aquí representados no son los únicos que han visto afectados su derecho a un pago simultáneo, pero llegados a este punto, me parece que no es una buena idea firmar más órdenes”, aseguró.

“Lo que sería deseable, si es posible, es llegar a un acuerdo, y no quiero ir mucho más lejos”, digo Griesa, quien añadió que ha convocado a un mediador especialista para ello (el abogado especializado en finanzas Daniel Pollack) y “no lo habría hecho si realmente no estuviera interesado en que el proceso avance”.

Argentina asegura que el pago que exigen los “holdouts” sumiría al país en suspensión de pagos, especialmente sí acarrea el pago equitativo a quienes aceptaron la reestructuración de bonos, que podrían reclamar al país 124.000 millones de dólares, cifra inabordable para las reservas argentinas.

De los 1.000 millones de dólares pagados ayer, 539 millones (225,8 millones de euros y 230,92 millones de dólares) fueron ingresados en la cuenta del Bank of New York Mellon en el Banco Central de la República y hoy un representante legal del banco acudió al tribunal para confirmar la recepción del dinero y consultar cómo debe proceder ahora.

“Su banco no ha hecho nada mal, pero propongo que el dinero sea devuelto a la República Argentina”, dijo al representante de New York Mellon, a quien recomendó, en cualquier caso, negociar con el abogado de NML Capital, Robert A. Cohen, la manera de que no llegue a los bonistas.

El juez se dirigió al abogado de la República Argentina, Carmine Boccuzzi, para decirle que los documentos presentados para la moratoria del pago habían sido “insuficientes”. “Nadie en su uso de razón podría considerar esas cartas una solicitud”, aseguró Griesa.

Finalmente, el magistrado rechazó la legalidad de los pagos de Argentina a bonistas europeos sin pasar por territorio ni entidades bancarias estadounidenses, reivindicada por el representante legal de uno de los bonistas europeos. “Si el pago lo hizo Argentina, ese pago va en contra de la orden dictada por este tribunal”, concluyó.

La deuda que Argentina contrajo con los “fondos buitres” se remonta a antes de la suspensión de pagos de 2001, cuando sucedió el llamado “corralito” en el país latinoamericano.

Desde entonces, el Gobierno Argentino ha realizado dos canjes de los bonos de deuda, en 2005 y 2010, al que se acogieron un 93 % de los acreedores, quedando este 7 %, los “buitres”, que siguen litigando para que Argentina efectúe el 100 % de pago.

Mateo Sancho Cardiel

Buenos Aires, 27 jun (EFE).- El Gobierno de Argentina publicó hoy en los principales periódicos del país un “aviso legal” en el que notifica a sus acreedores de deuda reestructurada del pago del vencimiento del próximo lunes.

“El presente aviso se publica con el objeto de comunicar a los tenedores adherentes de los canjes de deuda soberana argentina de 2005 y 2010 el efectivo cumplimiento de la República Argentina respecto a sus obligaciones”, indica.

En el aviso, el Gobierno argentino dice que se “deslinda” así de “cualquier responsabilidad y/o cumplimiento que pretenda imputársele” a Argentina, debido a que los fondos destinados a este pago están bajo riesgo de ser embargados en los Estados Unidos.

El posible embargo será resuelto por el juez neoyorquino Thomas Griesa, quien emitió un fallo, que ha quedado firme tras varias apelaciones infructuosas de Argentina, a favor de fondos de inversión litigantes, que reclaman al país suramericano el pago de 1.500 millones de dólares, entre capital e intereses, por bonos en mora desde finales de 2001 y que los querellantes compraron en 2008.

Griesa ha convocado para la mañana de hoy, en Nueva York, a las partes, para definir los pasos a seguir en la ejecución de la sentencia.

Argentina ha solicitado que se le permita cumplir el próximo lunes con el pago a sus acreedores de deuda reestructurada ya que un eventual embargo le supondría un incumplimiento con estos inversores, lo que podría accionar una catarata de reclamos judiciales.

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