Las Palmas de Gran Canaria, 25 jun (EFE).- El Tribunal Supremo considera que los permisos para buscar petróleo en aguas cercanas a Canarias respetan la legislación y que su análisis debe quedar ahí, porque no le compete valorar la opción del Consejo de Ministros de aceptar los riesgos que se asumen, «por muy controvertida que sea».
El Supremo ha hecho pública hoy la primera de las siete sentencias -una por recurso- por las que ha convalidado la decisión de 2012 del Consejo de Ministros de retomar los permisos concedidos a Repsol hace una década, para reactivar la búsqueda de petróleo en la zona del Atlántico situada al este de Lanzarote y Fuerteventura.
La sentencia la firman tres de los cinco magistrados que componen la sala que ha juzgado el caso -los otros dos eran partidarios de anular los permisos- y sostiene que el Gobierno ha hecho uso de su «libertad de decisión» al aceptar «los riesgos que pudiera tener esa actividad en otros órdenes de la vida social y económica, como son los relativos al desarrollo turístico de las Islas Canarias».
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Con ello, «el Consejo de Ministros hace uso de propia capacidad de decisión que los tribunales solo examinan desde el ángulo de la adecuación a las normas, sin que puedan sustituirle ni en el fondo de su opción, por muy controvertida que sea, ni en su aceptación de los riegos asumidos», argumentan los magistrados Pedro José Yagüe, Eduardo Espín y Manuel Campos, que subrayan que su cometido es juzgar si se respetan las leyes, como consideran que ha ocurrido.
Los dos magistrados discrepantes, María Isabel Perelló y José Manuel Bandrés, defienden en su voto particular que los permisos deberían ser revocados porque parten de una decisión que ha caducado (las autorizaciones originales de 2001) y a la que se debería exigir un proceso de control ambiental más riguroso que el aplicado.
Además, opinan que, como mínimo, se debería haber consultado antes de dictar sentencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para conocer si entiende que España está aplicando correctamente en este asunto las directivas comunitarias sobre Estrategia Marina y Evaluación de Impacto Ambiental.
Los magistrados que conforman la mayoría defienden la tesis contraria: las autorizaciones de 2001 nunca llegaron a caducar, aunque en 2004 el propio Tribunal Supremo revocara parte de su contenido por sus insuficientes medidas de control ambiental.
El decreto de 2012, subrayan, convalidó esos permisos a condición de que superasen una evaluación de impacto, como ha ocurrido (la sentencia revela que el dictamen favorable del Ministerio de Medio Ambiente se conoció el mismo día en que comenzaban a deliberar sobre los siete recursos presentados por el Gobierno canario, los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote y las organizaciones ecologistas).
El Supremo -que responde en este caso al Cabildo de Fuerteventura- considera que no era exigible que los permisos pasasen por un procedimiento de evaluación de impacto reforzado (la evaluación ambiental estratégica) y que «no puede afirmarse, a priori», que unas prospecciones de una duración limitada «supongan sin más una perturbación significativa» para las especies marinas.
La sentencia aborda otro de los aspectos en los que más han incidido los demandantes: la supuesta contradicción entre este proyecto petrolero y los planes de Ministerio de Medio Ambiente de proponer a la UE la declaración de la zona marítima situada al este de Lanzarote y Fuerteventura como Lugar de Interés Comunitario.
El Supremo responde, en primer lugar, que los puntos de prospección están fuera de la delimitación de ese posible espacio protegido. Pero, además, apunta que aun en el supuesto de que el LIC estuviera ya declarado y los sondeos se ubicaran en su interior, eso «no impediría a priori las prospecciones e incluso la extracción de petróleo y gas de los fondos marinos».
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, recuerda la Sala, «permite autorizar actividades proyectadas sobre espacios de la Red Natura 2000 bajo determinadas condiciones, incluso cuando han obtenido conclusiones negativas», si se estima que concurren «razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica».
Los magistrados discrepantes replican que, en casos como este, debería aplicarse «el principio de cautela» y abogan por que el Supremo revise su jurisprudencia sobre el tipo de control ambiental exigible a los permisos de búsqueda de hidrocarburos.
Washington, 25 jun (EFE).- El presidente de Canarias, Paulino Rivero, aseguró que continuará la batalla contra las prospecciones petrolíferas en el archipiélago y adelantó que se reunirá en julio con Sacyr y Caixa Bank, socios mayoritarios de Repsol, para presionar en contra.
Rivero, de viaje en Estados Unidos para promocionar Canarias como puerta de inversión hacia África, señaló en declaraciones a la prensa que la sentencia del Supremo «no es definitiva» y el Gobierno canario va a plantear otro recurso para solicitar la suspensión cautelar de la fase de exploración.
«Dije desde el primer momento que comenzamos esta batalla contra este atropello contra el archipiélago canario que íbamos a combatir en el terreno jurídico, en el terreno político y en el terreno social», aseveró.
El Tribunal Supremo desestimó el martes los siete recursos planteados contra el decreto de marzo de 2012 que autorizaba la realización de prospecciones petrolíferas en aguas del archipiélago canario.
Rivero explicó que todavía está pendiente una nueva autorización por parte del Ministerio de Industria sobre la base de la declaración de impacto ambiental emitida recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente, favorable a la perforación de sondeos exploratorios, y «ahí plantearemos de nuevo otro recurso al Supremo».
No obstante, señaló que el asunto «no es un tema exclusivamente jurídico, es un tema político», y acusó al Gobierno de España de defender los intereses de las empresas privadas y «poner en riesgo el futuro de las nuevas generaciones de Canarias».
A propósito de las recientes manifestaciones en contra de las prospecciones autorizadas a Repsol, abogó por un referéndum o consulta legal para que «se oiga la voz de Canarias», porque «no queremos vender Canarias».
El presidente regional aseguró que están dispuestos a llegar incluso a instancias europeas e internacionales, aunque subrayó que «todavía no está agotado el camino en el Supremo».
Como medida de presión, adelantó que tiene previsto reunirse con representantes de Sacyr en Madrid el próximo 7 de julio y el 21 de ese mismo mes con miembros de Caixa Bank en Barcelona, mayoritarias en el accionariado de Repsol.
«La sensibilidad que no estamos consiguiendo por parte del Gobierno de España a ver si las conseguimos por parte de las empresas», dijo.
Preguntado por el posible interés de empresas petroleras estadounidenses, señaló que Canarias apuesta por la industria relacionada con la reparación de buques y de plataformas petrolíferas, pero «estamos en contra -añadió- de la explotación de los recursos en las costas del archipiélago».
Los gobiernos de Canarias y Estados Unidos cerraron el martes en Washington el envío de una amplia misión comercial estadounidense al archipiélago entre el 4 y el 7 de noviembre, para explorar las posibilidades de que las islas se conviertan en el centro neurálgico de los negocios y proyectos internacionales con África.
En el transcurso de una recepción, celebrada en la antigua residencia del embajador de España en Washington, Rivero presentó ante un centenar de empresarios y funcionarios los beneficios fiscales, la seguridad jurídica, la estabilidad social y política, y las infraestructuras que tiene Canarias para hacer de plataforma a estos nuevos mercados.
El presidente autonómico, que concluirá su visita en miércoles, ha mantenido reuniones con el senador Tim Kaine, miembro del Comité de Asuntos Exteriores; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno; y la subsecretaria de Estado para Asuntos con África, Bisa Williams.
Las Palmas de Gran Canaria, 25 jun (EFE).- Greenpeace, Ecologistas en Acción y el sector pesquero artesanal han alertado hoy de que las prospecciones previstas en Canarias pueden afectar a uno de los cinco afloramientos de aguas profundas que enriquecen los océanos en todo el mundo, «el pulmón del Atlántico Medio».
Después de que el Tribunal Supremo adelantara ayer que ha desestimado los siete recursos planteados contra el decreto de marzo de 2012 que autorizó a Repsol a buscar hidrocarburos al este de Fuerteventura y Lanzarote, ecologistas y pescadores han asegurado hoy que este fallo, aún no notificado a las partes, les anima a seguir en su empeño de paralizar los sondeos.
Con este afán, han registrado en la Delegación del Gobierno en Canarias «la declaración de impacto negativa que todos los canarios hubieran querido» que recibieran estos sondeos, frente al informe favorable que ha emitido el Ministerio de Medio Ambiente.
Tanto el responsable de campaña de Greenpeace, Julio Barea, como el portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes, han insistido en que las prospecciones previstas cerca de Canarias son «innecesarias y peligrosas» y amenazan a uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, por lo que han abogado por un cambio del modelo energético que pase por «no sacar más petróleo» y apostar decididamente por las renovables.
Barea ha defendido que Canarias es «el Golfo Pérsico de las energías renovables» y ha resaltado que solo con la aplicación de medidas de eficiencia energética en toda Europa, ya se podrían ahorrar 200.000 millones de euros en el continente y crear 1,4 millones de puestos de trabajo hasta 2020.
El responsable de campañas de Greenpeace ha aludido al informe «Petróleo no, ni aquí ni en el Ártico», elaborado por la organización ecologista, sobre el que ha resaltado que «las compañías que tratan de asaltar» el medioambiente en Canarias «son las mismas que están en el Ártico».
Los ecologistas organizarán este fin de semana en Canarias nuevos actos de protesta contra estas exploraciones y en favor de la conservación del medioambiente, que, según ha destacado Barea, «no tiene barreras administrativas» y atesora en las islas 19.000 especies animales y vegetales, 5.000 de ellas endemismos.
Por su parte, Reyes ha recordado que la declaración de impacto ambiental reconoce que, en caso de un derrame masivo, el 6 % del crudo vertido llegaría a las costas de Fuerteventura y Gran Canaria.
Eso, ha advertido, supondría el «colapso en el abastecimiento de agua de 1,2 millones» de personas (las dos islas dependen de las desaladoras), además de «un cierre patronal inmediato de un destino turístico con playas contaminadas».
El portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción también ha subrayado que, según esa declaración de impacto ambiental, 32 toneladas de residuos de las perforaciones se verterán al mar y ha alertado del alto riesgo que entrañan esos trabajos, ya que se realizarán en una zona en la que hay seis volcanes, por lo que podrían «dar con grietas magmáticas».
Por su parte, el patrón mayor de los pescadores de El Hierro, Fernando Gutiérrez, en representación de la mayoría de cofradías de Canarias, ha opinado que «la democracia está secuestrada por los poderes económicos» y ha criticado que, ante asuntos como éste «no se escuche a los pueblos».
Frente a la que ha denominado como «petróleo-dependencia», Greenpeace ha instado a que se prohíban en toda España las prospecciones en busca de hidrocarburos y ha pedido que desaparezcan «las subvenciones a las energías sucias».
En cualquier caso, Reyes ha asegurado que el fallo del Supremo «no cierra la vía del expediente, ya que la declaración de impacto ambiental sigue abierta».
De igual forma, ha recordado que la Dirección General de Minas del Ministerio de Industria emitirá en breve un informe al respecto que se podría recurrir ante el mismo tribunal, por lo que ha augurado una «batalla jurídica larga», que podría incluir la petición de suspensión cautelar de los sondeos y cuantas demandas civiles por daños a bienes económicos y lucro cesante que se quieran interponer.
