La Corte ecuatoriana condena a 12 años de prisión al expresidente Jamil Mahuad

Por Publimetro Colombia

Quito, 30 may (EFE).- La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador condenó, en ausencia, a 12 años de prisión al expresidente Jamil Mahuad, como autor de un delito de “peculado” o malversación de fondos públicos en relación con la crisis financiera de 1999.

La jueza de la Sala de lo Penal Ximena Vintimilla declaró culpable a Mahuad y le condenó a prisión, “sin atenuantes que considerar, debido a la enorme alarma social” que causó el delito del que estaba acusado, “cuyas consecuencias continúa padeciendo la sociedad ecuatoriana hasta la presente fecha”.

La sentencia se da pocos días después de que la Interpol emitiera en contra de Mahuad una orden internacional de detención, conocida como “difusión roja”.

El pasado lunes la policía internacional, que en 2013 rechazó una petición de la justicia ecuatoriana para incluir a Mahuad en esa lista de buscados, alegando que había motivos políticos, lo incluyó.

Mahuad, que gobernó Ecuador de 1997 a 2000, fue acusado de malversar fondos públicos y de haber llevado al país en 1999 a la peor crisis financiera de su historia, por lo que el Ministerio Público pidió para él la pena de doce años de prisión.

Según informaciones de prensa, antes de que la Interpol emitiera la “notificación roja”, Mahuad residía en Estados Unidos y dictaba clases en un programa de estudios de la Universidad de Harvard.

Mahuad, quien ha pedido perdón al pueblo ecuatoriano por las decisiones tomadas durante su mandato, vivía desde hace 14 años en Estados Unidos.

Tras su caída del poder en enero de 2000, la Corte Suprema de Justicia de Ecuador inició un proceso penal contra él y dictó su prisión preventiva por el delito de peculado debido a la congelación de los depósitos bancarios que ordenó en 1999, lo que agudizó la crisis financiera.

El exmandatario democristiano ha justificado las acciones tomadas por su Gobierno en 1999, pues, según él, intentaban aplacar la hiperinflación que entonces se advertía.

“Humildemente pido perdón a cada persona por el tremendo dolor que esas medidas inevitables les causaron. Les pido comprender que no tenía alternativa, la crisis llevó al congelamiento, no fue al contrario”, aseguró Mahuad en febrero de 2012 en una entrevista concedida a la revista Vistazo.

Pocos días antes de su derrocamiento, en enero de 2000, Mahuad ordenó eliminar el sucre, la antigua moneda nacional, y dolarizó la economía, política que mantuvo su sucesor, Gustavo Noboa, y que se mantiene hasta hoy.

Esa medida, aplicada a 25.000 sucres por dólar, un valor que superaba en más de tres veces la cotización de la divisa registrada un mes antes de entrar en vigor, pulverizó los ahorros de miles de personas.

Con la crisis a cuestas, casi dos millones de ecuatorianos se vieron obligados a emigrar a otros países, especialmente a Estados Unidos y a España, en busca de mejores oportunidades de vida.

Según la Fiscalía ecuatoriana, al ordenar la congelación de las cuentas bancarias, Mahuad “infringió normas constitucionales y legales con el objetivo de favorecer a los propietarios, gerentes, directivos o administradores de los bancos privados”, que entonces habían caído en una crisis de liquidez.

Una treintena de entidades financieras fueron intervenidas en aquella época, en la que incluso se registraron varios casos de suicidio por la congelación de los depósitos de los ahorradores.

En el Gobierno de Mahuad también se firmó un convenio con EE.UU. para el funcionamiento de una polémica base militar en el puerto de Manta, que fue retirada en 2009.

La presencia militar de EE.UU. en Manta generó sospechas y críticas en diversos sectores de la sociedad ecuatoriana de que ese puesto servía para apoyar el combate contra la guerrilla en Colombia.

Asimismo, en octubre de 1998, Mahuad y el expresidente peruano Alberto Fujimori suscribieron un acuerdo definitivo de límites, que puso fin a una historia de escaramuzas bélicas y diplomáticas.

Bogotá, 30 may (EFE).- Dos expresidentes latinoamericanos, Francisco Flores, de El Salvador, y Jamil Mahuad, de Ecuador, condenado este jueves en ausencia, se encuentran en paradero desconocido y con orden de captura de Interpol, en ambos casos por mal uso de dinero publico.

Mahuad (1997-2000), en la lista roja de Interpol desde el pasado lunes, fue condenado por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador a 12 años de prisión como “autor” del delito de “peculado” o malversación de fondos públicos.

Al político democristiano, que fue el artífice de la dolarización de la economía ecuatoriana, que aún se mantiene, se le acusó de haber llevado al país en 1999 a la peor crisis financiera de su historia con su decisión de congelar los depósitos bancarios.

Se desconoce el paradero actual de Mahuad, que cuando en el año 2000 fue destituido, abandonó Ecuador y se radicó en EE.UU., donde se dedicó a la enseñanza universitaria.

El salvadoreño Francisco Flores (1999-2004) está prófugo de la Justicia desde el pasado 6 de mayo, cuando un tribunal de justicia ordenó su captura, aunque su paradero se desconoce desde enero, cuando debía comparecer ante una comisión legislativa y no lo hizo.

La Fiscalía salvadoreña acusó a Flores el pasado 30 de abril por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito por un total de 15 millones de dólares en ayuda de Taiwán a su Gobierno, y por desobediencia por no comparecer a la cita con la comisión legislativa.

El 26 de mayo el Gobierno salvadoreño envió a Panamá una solicitud de extradición, aunque las autoridades panameñas niegan que Flores esté en su país.

Sin embargo, desde hace varias semanas circulan versiones de políticos panameños y salvadoreños, según las cuales, el prófugo puede estar en Panamá bajo la protección de la expresidenta panameña Mireya Moscoso, quien lo ha negado.

La condena de Mahuad se produce cuando aun resuena el caso del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004), el primer expresidente constitucional latinoamericano que recibe condena en el extranjero.

El juez federal James Patterson, de Nueva York, condenó el 22 de mayo a Portillo a cinco años y diez meses de cárcel por el delito de “abuso de la confianza pública” y le obligó a devolver los 2,5 millones de dólares que aceptó del Gobierno de Taiwán a cambio de reconocer diplomáticamente a ese país asiático.

Portillo fue juzgado en EE.UU., país al que fue extraditado hace un año, porque lavó el dinero de los sobornos en bancos de ese país.

El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), radicado en EE.UU. desde que en 2003 huyó de su país en medio de una ola de protestas sociales que fueron fuertemente reprimidas, puede llegar también a estar frente a un tribunal estadounidense.

El juez de Miami James Cohn dictaminó la semana pasada en un fallo que ve indicios “convincentes” para que avance una demanda presentada en contra de Sánchez de Lozada en EE.UU. por violaciones de los derechos humanos.

Los demandantes son familiares de ocho de las víctimas de la represión destacada contra los manifestantes en 2003.

El exmandatario fue juzgado en ausencia y condenado por genocidio en su país y actualmente la Fiscalía boliviana tramita una segunda solicitud de extradición a EE.UU., que rechazó la primera en 2012.

El peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue extraditado a Perú desde Chile en 2007 y cumple condenas por más de 30 años de cárcel por violaciones de los derechos humanos y por corrupción, pero además es juzgado actualmente por la acusación de haber “comprado” con dinero del Estado la línea editorial de un grupo de diarios.

El argentino Carlos Menem (1989-1999) fue condenado en 2013 a siete años de prisión por un delito de contrabando de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995, pero no ha ido a la cárcel por sus fueros como senador.

En Costa Rica, dos expresidentes, Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), fueron condenados en 2009 y 2011, respectivamente, en juicios separados por corrupción, cada uno a cinco años de cárcel.

Sin embargo, Rodríguez fue absuelto en 2012 por un tribunal de apelaciones de la Corte Suprema, que revocó la condena y anuló la sentencia en su contra.

En el caso de Calderón, la sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en 2011 y tiene que ver con un préstamo finlandés al Estado costarricense para la compra de equipos médicos.

El brasileño Fernando Collor de Melo (1990-1992), al que el Senado de su país destituyó e inhabilitó en un juicio político por corrupción, fue juzgado ya siendo expresidente por la Corte Suprema y absuelto por falta de pruebas en 1994.

La Justicia argentina ordenó en 2012 el sobreseimiento de una causa contra el expresidente Fernando de la Rúa (1999-2001) por la represión de las protestas que condujeron a su renuncia en 2001.

En 2013, De la Rúa fue absuelto en otro juicio, éste por presuntos sobornos a senadores para que aprobasen una reforma laboral.

El peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011), después de su primer mandato, fue procesado por varios casos de corrupción como “reo ausente” y “contumaz”, pues se exilió en Colombia, pero fue absuelto de todas las acusaciones después de la salida de Fujimori del Gobierno.

En Ecuador, antes que Mahuad, fue condenado a prisión Abdalá Bucaram (1996-1997) por calumnias injuriosas en 1998, cuando ya estaba asilado en Panamá, y Lucio Gutiérrez (2002-2005) fue procesado en 2005 por sedición y encarcelado, aunque cinco meses después la causa fue sobreseída.

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