Managua, 30 mar (EFE).- La construcción de la hidroeléctrica Tumarín, uno de los grandes proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno del sandinista Daniel Ortega, se iniciará en 2014 tras cuatro años de retraso y luego de un proceso de negociación en el que tuvo que intervenir la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.
En julio de 2009, la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó una ley que habilitaba la ejecución del proyecto Tumarín en Apawás, una comunidad de difícil acceso ubicada en el municipio de La Cruz de Río Grande, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
El proyecto Tumarín consistía en la construcción de una generadora hidroeléctrica cuyo espejo de agua tendría una extensión de 2.590 hectáreas, produciría 253 megavatios de energía y trasladaría a los habitantes de Apawás a un sitio seguro, con casa para cada familia, servicio de agua potable a domicilio, energía eléctrica, tres iglesias (dos evangélicas y una católica), una casa comunal y un centro comercial, más el pago por sus tierras.
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El costo total de Tumarín sería de 800 millones de dólares y estaría a cargo de la firma Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN), creada por la estatal brasileña Eletrobras y el conglomerado Queiroz Galvão.
Ortega lo anunció como lo que era: el proyecto de generación eléctrica más grande en la historia de Nicaragua.
Pero no era cualquier proyecto, puesto que se trataba de energía limpia, lo que le permitía al país soñar con el cambio de su matriz energética, que hace cinco años era predominantemente térmica o de los derivados del petróleo.
Los 253 megavatios de energía hidroeléctrica representaban más del 50 % del consumo nacional en Nicaragua y para cuando generara el primer megavatio garantizaría una producción eléctrica predominantemente renovable.
Con Tumarín, Nicaragua no sólo reduciría el impacto de los altos precios del petróleo, también obtendría prestigio en la carrera frente al cambio climático.
Pero no pasaron seis meses antes del primer problema.
Los tribunales de la RAAS mandaron paralizar el proyecto debido a la supuesta irregularidad en su aprobación.
El tema se resolvió y en julio de 2010, Ortega anunció la inminente construcción de Tumarín y hasta lanzó una invitación pública al entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para colocar la primera piedra.
Todo parecía funcionar. CHN se alistó para contratar gente, construir la carretera y empezó a capacitar a sus futuros trabajadores.
El Gobierno solicitó fondos de Alba Petróleos de Nicaragua S.A. (Albanisa) para pagar la factura energética, con la esperanza de que una vez que Tumarín entrara a operar, los costes bajaran y el excedente de dinero saldara la deuda, que superaba los 42 millones de dólares en aquel año.
Mientras eso ocurría, el Gobierno impulsó otro proyecto hidroeléctrico: Brito, que sería tan grande como Tumarín, pero más barato (600 millones de dólares).
Brito causó polémica porque cortaría el flujo del río San Juan, casi sagrado para los nicaragüenses, trasladaría un pueblo ya urbanizado y desembocaría en el arrecife coralino más rico del Pacífico de Nicaragua.
Un año después, Brito fracasó, pero la polémica ocultó la imposibilidad de CHN de avanzar con Tumarín.
El 2011 fue negativo para CHN, principalmente por el pago de los terrenos que serían afectados.
La empresa y los propietarios inicialmente habían acordado un pago de 800 dólares por manzana (0,70 hectáreas), pero por una supuesta falta de liquidez no terminó de pagar a todos los afectados.
Simultáneamente, el papeleo para iniciar el proyecto se volvió más lento de lo esperado, y los precios de las materias primas se elevaron.
Como resultado, el precio del proyecto se elevó a 1.100 millones de dólares y la fe en que se ejecutara disminuyó.
La carretera de 50 kilómetros construida para el acceso a Apawás había elevado las exigencias de los pobladores afectados, que ya no querían 800 dólares por manzana, sino de 1.000 a 1.500 dólares.
En 2012, los afectados empezaron a viajar cada mes a Managua para protestar reteniendo el tráfico en las calles, exigiendo el pago de sus tierras.
A su vez, el Gobierno exigía el 10 % de participación en CHN, manteniendo la cláusula de que en 30 años obtendría el 100 % de la misma, tal como se había establecido por ley.
Las negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y CHN se produjeron casi de forma oculta, mientras la firma anunciaba el inicio de las obras casi cada seis meses.
Para 2013, la única cara visible del problema eran los pobladores de Apawás, con sus insistentes visitas a Managua.
El Gobierno ya no hablaba con entusiasmo de Tumarín, pero más aún, el Ministerio de Energía y Minas llegó a anunciar que tenía un plan en caso de que el proyecto no se ejecutara.
CHN nunca dejó de anunciar que el proyecto se realizaría.
El asesor económico de Ortega, Bayardo Arce, anunció que Tumarín se ejecutaría con el conglomerado brasileño o sin ellos.
A partir de ahí las partes se comprometieron definitivamente a acometer el proyecto. Días después el ministro nicaragüense de Energía, Emilio Rappaccoli, dijo que el acuerdo se logró por intervención directa de los presidentes de Nicaragua y Brasil.
Se garantizó la financiación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), principal entidad de fomento del Gobierno de Brasil, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el conglomerado Queiroz Galvão, y posiblemente entren el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
Nicaragua espera que los 253 megavatios que Tumarín debe empezar a producir a partir de 2019 aporten el 30 % de la generación nacional, que para ese año tendría al menos un 74 % de producción limpia. Wilder Pérez Roque
