Madrid, 28 de mar (EFE).- La junta de accionistas de Repsol aprobó hoy en Madrid el acuerdo alcanzado en febrero por la compañía con el Gobierno argentino para la compensación por la expropiación de su filial YPF en 2012.
El acuerdo pone fin a casi dos años de disputas por la expropiación del 51% de las acciones de YPF que tenía Repsol y establece una compensación para la petrolera española de 5.000 millones de dólares en bonos, una deuda que se terminará de saldar en 2033.
También fija una serie de garantías para asegurar el cobro de la compensación, que se articulará a través de la entrega de deuda soberana argentina.
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Asimismo, contempla la retirada de todos los litigios judiciales pendientes, incluido el arbitraje en el Banco Mundial, y la renuncia a futuras reclamaciones.
El acuerdo fue firmado por Repsol y el Gobierno argentino el pasado 27 de febrero, pero todavía tenía que ser ratificado tanto por el Parlamento argentino como por la junta de accionistas de la Repsol.
Hace dos días, el 26 de marzo, fue aprobado por el Senado argentino, tras once horas de debate y con 42 votos a favor, 18 en contra y ocho abstenciones, lo que despeja el camino para su ratificación definitiva en el Parlamento en las próximas semanas.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, dijo hoy que, tras la firma del acuerdo, la compañía puede dedicarse «en cuerpo y alma» al día a día de su negocio y destinar los recursos de la compensación a su crecimiento tanto orgánico como inorgánico.
Brufau reiteró su intención de vender los bonos «a medio plazo», lo que, unido a la desinversión en la participación que todavía mantiene en YPF, reportaría a la compañía unos ingresos de entre 6.000 y 6.500 millones de dólares.
Esta estrategia «es un salto de calidad muy importante», subrayó el directivo, porque permitirá que «el salto orgánico que tenemos en la casa lo podamos completar con crecimiento inorgánico».
En cualquier caso, si Repsol mantuviera los títulos en cartera, obtendría un incremento en la cuenta de resultados antes de impuestos de entre 400 y 500 millones anuales como resultado de los intereses.
El acuerdo supondrá para Argentina la emisión de deuda pública por hasta 6.000 millones de dólares, que incluirán 5.000 millones de dólares en títulos a valor nominal que se entregarán a Repsol, más otros 1.000 millones de dólares para cubrir la suma acordada en caso que los títulos coticen en el mercado por debajo de su valor nominal.
Si al realizarse el pago los bonos que recibirá Repsol no alcanzan en el mercado un valor de 4.670 millones de dólares, la indemnización se completará con la entrega de más bonos a partir de la emisión adicional por hasta 1.000 millones de dólares.
Repsol no podrá recibir más de 5.000 millones de dólares, sea por la venta en el mercado de los bonos a mayor precio que su valor nominal o porque retenga en su cartera los títulos hasta su vencimiento final.
En cualquiera de los casos, si obtuviera más de 5.000 millones de dólares, deberá devolver la diferencia en títulos.
El pago se considerará cancelado cuando Repsol obtenga 5.000 millones de dólares por la venta de los bonos en el mercado o bien al concluir el plazo de emisión de la deuda, en 2033.
Madrid, 28 mar (EFE).- La Junta General de Accionistas de la española Repsol aprobó hoy un cambio en sus estatutos para dificultar una posible segregación de sus divisiones de exploración y producción de hidrocarburos y de refino y mercadotecnia.
En virtud de este cambio estatutario, que contó con el voto en contra de la mexicana Pemex, cualquier operación de escisión, segregación o enajenación que suponga que Repsol deje de ser una empresa integrada deberá contar con el voto favorable del Consejo de Administración y, posteriormente, del 75 % de la Junta.
Además, estas garantías adicionales afectan también a la liquidación de todos los activos dedicados a alguna de las dos divisiones o una parte sustancial de los mismos.
Este punto tuvo en su día el voto en contra del consejero que representa a Pemex, titular del 9,5 % del capital social de la petrolera española, un rechazo reiterado en la Junta, en la que un portavoz negó que la petrolera mexicana esté interesada en hacerse con el negocio de exploración y producción de la española.
La Junta también autorizó otro cambio estatutario por el que los consejeros de Repsol están obligados a actuar «con solidaridad y coordinación».
Esto supone que deberán abstenerse de actuar en nombre de Repsol en las relaciones de ésta con terceros, salvo que tengan un mandato expreso, y respetar los canales de interlocución establecidos.
Además, los nuevos estatutos prohíben a los consejeros hacer públicas posibles discrepancias y puntos de vista críticos que no se hayan puesto de manifiesto antes en el seno del órgano de dirección de Repsol.
