Washington, 29 ene (EFE).- El Tribunal Supremo de EE.UU. ordenó a última hora del martes la suspensión temporal de la ejecución de Herbert Smulls, prevista para la medianoche, después de que los abogados del preso alegaran en una última petición que el Estado de Misuri se ha negado a revelar la procedencia de la inyección letal.
La inyección que se pretende utilizar en este caso no está homologada por las autoridades federales, sólo por el Estado, y su procedencia ha sido catalogada como «secreto».
Smulls, de 56 años, está condenado a pena de muerte por asesinar al dueño de una joyería del condado de San Luis durante un robo en 1991, un suceso en el que también hirió de gravedad a la esposa de la víctima.
Recomendados
Bitcoin supera su máximo histórico, impulsado por el primer “fondo cripto” que cotiza con la bendición de los...
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/metroworldnews/DSO6WXLAWZG3TML4AV5VF4NH6Q.jpg)
La “guerra entre operadores” la están ganando los usuarios
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/metroworldnews/QHPZQ4QUCJENDDOABMMG6CHT2I.jpg)
Eventos de ventas online impulsan el comercio electrónico: ¡este lunes hay Cyberlunes!
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/metroworldnews/A2WCTH6NRFH6FPE3TW5L2QTXCU.jpg)
Los abogados defensores trabajaban desde hace tiempo en retrasar la ejecución con los argumentos de que el contenido de la inyección letal procede de un laboratorio de Oklahoma sin licencia en Misuri y que ha sido mal conservado.
Según la defensa, no se dispone de suficiente información para garantizar que el preso no sufrirá dolor durante la ejecución, lo que podría violar la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles.
Una jueza federal del distrito en Kansas City rechazó el lunes la petición de retrasar la ejecución 60 días por considerar que el hecho de que se desconozcan los peligros asociados a la inyección no implica necesariamente que su aplicación vaya a causar dolor.
En Misuri, como en la mayoría de los 32 estados que aplican la pena de muerte en Estados Unidos, se usaba una inyección letal con una combinación de tres medicamentos, pero se agotaron las existencias cuando las farmacéuticas que producían los anestésicos, los ingredientes clave, dejaron de venderlos para su aplicación en la pena capital.
En caso de que finalmente se le aplique la pena muerte a Smulls, sería la sexta ejecución en lo que va de año en Estados Unidos.
Washington, 29 ene (EFE).- Estados Unidos asiste estos días al nacimiento de nuevos métodos para aplicar la pena de muerte y las ejecuciones de los presos condenados al castigo capital se convierten en experimentaciones letales.
La escasez de las dosis de las inyecciones letales convencionales ha forzado a la mayoría de los 32 estados que aplican la pena de muerte a tantear nuevos métodos de ejecución, incluso ha puesto sobre la mesa una posible vuelta al uso obligatorio de la silla eléctrica.
«Me quema todo el cuerpo», dijo Michael Lee Wilson tras recibir la inyección letal el pasado 9 de enero en el estado de Oklahoma. Fueron sus últimas palabras.
Sólo dos de las seis ejecuciones que se han realizado en Estados Unidos en lo que va de 2014 han utilizado las inyecciones letales más comunes, compuestas por tres medicamentos, y en las otras cuatro se han empleado tres combinaciones distintas.
En la última prevista, que ha quedado suspendida temporalmente por el Tribunal Supremo, se pretende usar una inyección letal con un solo componente, el anestésico pentobarbital, cuya procedencia fue declarada «secreto» en el estado de Misuri y que se obtuvo a través de una fórmula magistral, excluida, por tanto, de la supervisión de las autoridades federales.
«Muchos estados son reticentes a informar sobre el origen y la calidad de los fármacos usados, lo que evita que los tribunales, los únicos que pueden determinar la legalidad de la ejecución, decidan antes», lamenta en declaraciones a EFE Jennifer Moreno, abogada de la Death Penalty Clinic de la Universidad de California en Berkeley.
El ajusticiamiento más polémico, sin embargo, fue el de Dennis McGuire, que tuvo lugar el jueves 16 de enero en Ohio, con una inyección letal de dos fármacos cuyo uso no tenía precedentes, y que acabó convirtiéndose en uno de los más largos que se recuerdan.
Entre convulsiones y jadeos, según relatan las crónicas de los periodistas que presenciaron los hechos, McGuire esperó casi media hora desde que recibió la inyección hasta que se declaró su fallecimiento, algo que no suele llevar mucho más de cinco minutos.
La familia del preso ya ha denunciado al estado de Ohio y a la compañía farmacéutica que suministró los medicamentos, a los que acusa de proporcionar al reo un castigo «cruel e inusual».
Aún así, Luisiana, otro estado en el que escasean las reservas de inyecciones letales, ha anunciado que adoptará la fórmula que se utilizó en Ohio con McGuire.
El legislativo de Virginia debatió y finalmente rechazó la semana pasada una propuesta para usar obligatoriamente la silla eléctrica en ausencia de inyecciones letales disponibles, en lugar de dar a elegir a los presos entre la inyección y la electrocución.
Durante años, en la mayoría de los estados se utilizó una combinación estándar de tres medicamentos para la inyección letal: un anestésico o barbitúrico (pentotal sódico o, en su defecto, pentorbital), un paralizante (bromuro de pancuronio) y cloruro de potasio.
Según explica a EFE el profesor asociado de Medicina de la Universidad John Hopkins, Paul Christo, experto en el tratamiento del dolor, el potasio, el último componente en actuar, provoca que los latidos del corazón se hagan irregulares y finalmente se detengan.
Además, previamente, el pentotal sódico induce la pérdida de conciencia y el pancuronio paraliza los músculos esqueléticos, incluido el diafragma, lo que dificulta la respiración, cuando no la imposibilita.
«Cada uno de los fármacos se administra en dosis más grandes de lo normal para asegurarse de que sean letales», añade Christo.
Pero en los últimos meses se ha complicado el acceso a los ingredientes clave de la inyección letal, los barbitúricos.
El origen de esta escasez se remonta a 2011, cuando la empresa que proporcionaba el pentotal sódico (que entonces era el anestésico utilizado por todos los estados que aplicaban la pena capital), la estadounidense Hospira, detuvo la producción.
Las cárceles estadounidenses miraron entonces a Europa como alternativa para conseguir barbitúricos, pero poco después la Comisión Europea prohibió la exportación de productos para ser usados en inyecciones letales, en su intento por acabar con la tortura y la pena de muerte en el mundo.
Así, los estados se han visto obligados a probar nuevas mezclas o a recurrir a las fórmulas magistrales, un método más opaco y menos controlado, a medida que se les han ido agotando las existencias de inyecciones letales.
En cualquier caso, lo cierto es que los barbitúricos se están acabando y eso podría hacer a muchos de los más de 3.000 presos que esperan en el corredor de la muerte en Estados Unidos se les inyecte una experimentación letal.
