Caracas, 24 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela puso en vigor hoy un nuevo sistema cambiario y una ley que aumenta el control sobre los precios de los productos, en el marco de lo que el presidente, Nicolás Maduro, ha llamado nueva «ofensiva» para estabilizar una economía con alta inflación y escasez de dólares.
El nuevo sistema cambiario marca el fin del acceso al dólar preferencial para los venezolanos que viajen al exterior y los importadores de productos no prioritarios, en un intento por optimizar la asignación de divisas bajo el control de cambios vigente desde el 2003.
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Decenas de personas se apostaron hoy, desde primera hora de la mañana, en los puntos de venta de la Gaceta Oficial en Caracas para conocer de primera mano las nuevas medidas, que prevén una reducción en el monto anual de divisas que pueden gastar los venezolanos en sus viajes al exterior y en sus compras por internet.
Además, se oficializa que el monto anual de dólares destinados a este renglón ya no se entregará al tipo de cambio oficial de 6,3 bolívares por dólar como hasta ahora, sino a una tasa que surgirá de un mecanismo alternativo conocido como Sicad, que otorga divisas mediante subastas a una cotización que actualmente ronda los 11,3 bolívares por dólar.
La nueva resolución dispone que los venezolanos podrán gastar hasta 3.000 dólares anuales o su equivalente en otras divisas en consumos en el exterior, cifra que incluye el gasto destinado a compras por internet y un avance en efectivo.
En Venezuela, el Estado regula la compra y venta de divisas y monopoliza su distribución, en el marco de un sistema de control de cambios vigente desde hace más de una década.
Bajo este esquema, se han establecido una serie reglas que determinan los montos que se entregan a particulares y personas jurídicas.
El presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior, Alejandro Fleming, dijo hoy que con la revisión de los cupos de divisas el Gobierno espera ahorrar un total de 1.576 millones de dólares.
«Esto nos va a permitir un ahorro (…) para un uso racional, responsable, de nuestras divisas, el desarrollo de la actividad económica en nuestro país», afirmó, mientras prometía endurecer los controles para evitar los fraudes en la asignación de divisas.
El nuevo sistema cambiario deja la tasa oficial de 6,3 bolívares por dólar reservada para sectores considerados estratégicos, que, sin embargo, siguen representando el 80 % de la economía.
Las medidas establecieron además que las líneas aéreas internacionales con operaciones en Venezuela deberán ir a la tasa del Sicad para acceder a dólares, una situación que hoy mantenía prácticamente paralizadas las ventas de pasajes para salir del país.
Algunas aerolíneas, como la ecuatoriana Tame o Air Canadá, han anunciado la suspensión temporal de operaciones en el país a la espera de que el Gobierno les liquide una deuda que el sector estima que asciende a 3.000 millones de dólares.
El Gobierno dice ser víctima de una «guerra económica» encabezada por empresarios, en alianza con la oposición, para generar desestabilización en el país y ha lanzado una ofensiva para combatir el fraude en divisas y controlar los precios, tras un 2013 que cerró con una inflación del 56 %, un alza en la escasez de bienes y una fuerte brecha entre el dólar oficial y el paralelo ilegal.
Dentro de esta ofensiva, también salió hoy publicada la Ley Orgánica de Precios Justos, que prevé penas de hasta 10 años de prisión para aquellos empresarios que sean declarados culpables de acaparar productos para inflar su precio.
Igualmente, la nueva ley establece multas de hasta 5,35 millones de bolívares (unos 850.000 dólares) y contempla la ocupación temporal de los comercios por 180 días en caso de detectarse prácticas de acaparamiento.
Como ya había adelantado Maduro, entre las disposiciones de la norma figura un máximo del 30 % en el margen de ganancia que pueden tener los comercios, mientras que para poder acceder a divisas los comerciantes deberán demostrar a las autoridades que cumplen con los criterios de «precios justos».
Maduro ha hecho del combate al acaparamiento y la especulación una de las banderas de su Gobierno y ha declarado este año una «ofensiva económica» para garantizar el abastecimiento y los precios controlados.
La oposición ha responsabilizado al Gobierno del desabastecimiento y la inflación por «una expansión desproporcionada y sin respaldo del gasto público», las «rígidas» políticas de controles de precios» y la destrucción del tejido productivo con expropiaciones que muestran, a su juicio, el «fracaso del Estado productor».
Caracas, 24 ene (EFE).- La Ley de Precios Justos, un instrumento con el que el Gobierno de Venezuela pretende controlar los precios y acabar con la escasez, entró hoy en vigor con medidas que contemplan la prohibición de márgenes de ganancias superiores al 30 % y penas de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores.
El presidente Nicolás Maduro aprobó la ley en noviembre pasado a través de una ley Habilitante, usando entonces por primera vez un mecanismo por el cual puede legislar sin control parlamentario, pero estaba pendiente de ser ratificada por el Tribunal Supremo para adquirir carácter orgánico, lo que se produjo ayer, según indicó el propio gobernante.
La ley, publicada hoy en Gaceta Oficial, establece que el margen de ganancia será establecido anualmente «atendiendo criterios científicos» por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE).
«En ningún caso, el margen de ganancia de cada actor de la cadena de comercialización excederá de treinta puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio», señala la norma.
La ley prevé la aplicación de medidas preventivas y sanciones como el decomiso, la ocupación temporal de establecimientos o bienes, el cierre temporal de un establecimiento o la suspensión de licencias así como el «ajuste inmediato» de precios.
En el apartado de lucha contra el acaparamiento establece que quienes «restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes regulados (…) para provocar escasez o distorsiones en sus precios, serán sancionados por vía judicial con prisión de 8 a 10 años».
Además, prevé multas que van desde 107.000 bolívares (17.000 dólares) a los 5,3 millones de bolívares (850.000 dólares).
El nuevo mecanismo se articula bajo la SUNDDE, que ejercerá la «rectoría, supervisión y fiscalización en materia de estudio, análisis, control y regulación de costos y determinación de márgenes de ganancias y precios».
Este organismo tendrá capacidad para «fijar los precios máximos de la cadena de producción o importación, distribución y consumo de acuerdo a su importancia y su carácter estratégico, en beneficio de la población, así como los criterios técnicos para la valoración de los niveles de intercambio equitativo y justo de bienes y servicios».
Esas prerrogativas alcanzan al establecimiento de criterios para fijar los cánones de arrendamiento de los locales comerciales.
Como ya había adelantado en noviembre Maduro, la norma establece la creación de un Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (UPDAE) en el que deben estar inscritos quienes realicen actividad económica y comercial.
Además, prevé asuntos referidos al uso de las divisas como que aquellas empresas que importen o utilicen dólares del Estado deberán firmar un contrato que les obligue a gastarlos para el objeto solicitado o que los bienes importados con esos recursos muestren una etiqueta identificativa.
La norma también establece la derogación de la anterior Ley de Costos y Precios Justos aprobada en julio de 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez, quien sancionó aquella ley como una forma de acelerar la «transición» al socialismo y llamando a «que se acabe la especulación, que se acabe el acaparamiento».
