La Corte Suprema rechaza los recursos contra el canal interoceánico en Nicaragua

Por Publimetro Colombia

Managua, 19 dic (EFE).- La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua rechazó una treintena de recursos de inconstitucionalidad interpuestos en contra de la ley de concesión del canal interoceánico, que construirá la compañía china HKND Group con una inversión cifrada por el Gobierno en 40.000 millones de dólares, confirmaron hoy diversas fuentes.

La Corte declaró sin lugar los 32 recursos presentados por organizaciones defensoras de los derechos humanos, partidos, ambientalistas, empresarios y personajes prominentes de Nicaragua, entre otros, dijo este jueves a Efe un portavoz judicial.

La sentencia, con fecha del 10 de diciembre, fue notificada a los recurrentes ayer y en ella los magistrados de la Corte Suprema, la mayoría de tendencia sandinista declararon como “no ha lugar al recurso por inconstitucionalidad de la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas”.

Los magistrados argumentaron que el proceso legislativo “cumplió con cada uno de los requisitos que establece nuestra Constitución Política”, y que la misma fue aprobada “con suficientes votos, lo cual le otorga más legitimidad al ser respaldada por una mayoría calificada” en la Asamblea Nacional.

La titular de la Suprema, Alba Luz Ramos, explicó a periodistas que declararon constitucional la ley porque no viola la Carta Magna, ni la soberanía, ni el medio ambiente y porque prevalece el interés supremo de la nación al ser un proyecto de “gran desarrollo” para el país.

La Ley de Concesión del Gran Canal Interoceánico recibió al menos 32 recursos por inconstitucionalidad en su contra en Nicaragua.

Las quejas estuvieron relacionadas especialmente a la presunta violación de hasta 40 artículos de la Constitución, entre ellos que violenta la soberanía nacional, la falta de consulta y el que ninguna otra ley debe oponerse a la de la concesión del canal.

Los recurrentes anunciaron hoy que protestarán en las afueras de la sede de la CSJ contra esa sentencia.

El Gobierno nicaragüense y la compañía china HKND Group firmaron el 14 de junio pasado un acuerdo marco para la construcción del proyecto Gran Canal Interoceánico, el cual contempla la concesión y explotación por 50 años, prorrogables por otros 50.

Aún se desconoce la ruta del canal, y una compañía británica está a cargo de realizar los estudios de impacto ambiental y espera tenerlos listos en el plazo de un año.

El HKND Group, una firma creada en Islas Caimán y asentada en Hong Kong, es presidida por el empresario chino Wang Jing.

El proyecto del canal interoceánico de Nicaragua pretende ser una alternativa al de Panamá, al permitir el paso de barcos más grandes que los que admite la vía panameña.

El canal de Nicaragua uniría los océanos Pacífico y Atlántico, incluiría un ferrocarril, un oleoducto, dos puertos de aguas profundas, dos aeropuertos y zonas francas, a un coste de 40.000 millones de dólares, según el Gobierno.

Managua, 19 dic (EFE).- Un organismo defensor de los derechos humanos en Nicaragua dijo hoy que se impuso la “voluntad del dictador”, en alusión al presidente del país, Daniel Ortega, en el rechazo judicial a una treintena de recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la ley de concesión del canal interoceánico.

“En Nicaragua no existe un Poder Judicial independiente. Los recursos y las leyes son letra muerta”, denunció la presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, al ser consultada por periodistas sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de denegar los recursos de inconstitucionalidad contra la ley del canal.

“Ellos, más que jueces, son operadores políticos”, dijo sobre los magistrados.

Agregó que “allí lo que rige, en el actuar del Poder Judicial, no es ninguna consideración de carácter jurídico, sino que se impone la voluntad del dictador”.

El Cenidh fue uno de los recurrentes contra la concesión.

La Corte declaró sin lugar los 32 recursos presentados por organizaciones defensoras de los derechos humanos, partidos, ambientalistas, empresarios y personajes prominentes de Nicaragua, entre otros, contra la ley de concesión del canal interoceánico que construirá la compañía china HKND Group con una inversión cifrada por el Gobierno en 40.000 millones de dólares.

La sentencia, con fecha del 10 de diciembre, fue notificada a los recurrentes ayer y en ella los magistrados de la Suprema, la mayoría de tendencia sandinista, declararon como “no ha lugar al recurso por inconstitucionalidad de la Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas”.

Los magistrados argumentaron que el proceso legislativo “cumplió con cada uno de los requisitos que establece nuestra Constitución”, y que la misma fue aprobada “con suficientes votos, lo cual le otorga más legitimidad al ser respaldada por una mayoría calificada” en la Asamblea Nacional.

La titular de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, explicó a periodistas que declararon constitucional la ley porque no viola la Carta Magna, ni la soberanía, ni el medio ambiente y porque prevalece el interés supremo de la nación al ser un proyecto de “gran desarrollo” para el país.

Para la activista de los derechos humanos, esas consideraciones no sustentan “semejante aberración jurídica” y pese a que ese fallo “era crónica de una muerte anunciada”, la misma “crea desesperanza en la población”.

“Lo único que uno puede esperar cuando hay hechos violatorios de derechos humanos es que haya un Poder Judicial independiente que de respuesta. Sin embargo, aquí no existe Poder Judicial independiente y eso es una de las características de una dictadura”, advirtió.

Núñez dijo que el Estado sólo está dejando espacio a la protesta, la cual, anotó, es “a lo único que reacciona” el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.

El Gobierno nicaragüense y la compañía china HKND Group firmaron el 14 de junio pasado un acuerdo marco para la construcción del proyecto Gran Canal Interoceánico, el cual contempla la concesión y explotación por 50 años, prorrogables por otros 50.

Aún se desconoce la ruta del canal, y una compañía británica está a cargo de realizar los estudios de impacto ambiental y espera tenerlos listos en el plazo de un año.

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