Economía

La CE quiere cerrar la puerta a la elusión fiscal de multinacionales en la UE

Bruselas, 25 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso hoy cerrar resquicios legales en la ley que regula la distribución de beneficios entre las empresas matrices y sus subsidiarias para impedir que multinacionales como Apple, Amazon, Google o Starbucks sigan aprovechando las lagunas para eludir el pago de impuestos.

El comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, presentó hoy enmiendas a la directiva matriz subsidiaria, que fue inicialmente concebida para prevenir la doble imposición de las empresas del mismo grupo situadas en diferentes Estados miembros.

No obstante, disparidades en los sistemas tributarios de los Veintiocho «han permitido a algunas compañías aprovecharse de lagunas en esta ley para minimizar sus impuestos o incluso esquivar el pago» del todo, señaló el comisario lituano.

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«Ofrecemos a las empresas todos los beneficios del mercado único y pretendemos reducir cualquier obstáculo a sus actividades transfronterizas, pero a cambio tienen que contribuir justamente a las finanzas públicas», recalcó.

La ingeniería fiscal que aplican algunas multinacionales generó hace algunos meses malestar en la Unión Europea (UE), que ha decidido atacar duramente a los evasores fiscales e impulsar el intercambio automático de información bancaria.

En la primavera pasada se hizo público que multinacionales como Apple, Amazon, Google o Starbucks, minimizaban el pago de impuestos a través de subsidiarias en otros países -como Irlanda- que gozan de mejor trato fiscal en sus tasas sobre sociedades.

Ahora, la CE quiere acabar con estas prácticas: «La doble no imposición deja de ser un riesgo», indicó Semeta en rueda de prensa, donde explicó que las enmiendas propuestas generarán «más ingresos para las arcas de los Estados y una competencia más justa entre las empresas» ubicadas en la UE.

En concreto, el Ejecutivo comunitario «cerrará la puerta a un arreglo específico y muy conocido para eludir impuestos: los préstamos híbridos», explicó Semeta.

En segundo lugar, los Estados miembros tendrán que aplicar unas reglas antiabuso comunes, en línea con las recomendaciones de la CE sobre la planificación fiscal agresiva, explicó el comisario.

Los préstamos híbridos son una herramienta de planificación fiscal que pueden aprovechar especialmente las lagunas en la directiva para minimizar o eludir impuestos.

La directiva obliga actualmente a los Estados miembros a eximir a la firma matriz del pago de impuestos sobre dividendos que recibe de subsidiarias ubicadas en otro Estado miembro.

No obstante, se trata de instrumentos financieros que tienen las características tanto de deuda como de capital, y debido a ello los Estados miembros les dan diferentes tratos tributarios: algunos los califican como un préstamo simple y otros los ven como capital.

Como resultado los préstamos híbridos pueden ser considerados como un gasto deducible en calidad de pago de intereses en el país donde se encuentra la subsidiaria y quedar eximido del tributo al ser considerado un dividendo en el Estado miembro sede de la matriz.

De esta manera, si una compañía elige inteligentemente donde ubicar su sede y su subsidiaria, no paga en ningún caso impuestos sobre estos instrumentos financieros.

Ahora, la CE pretende cerrar esta laguna en la directiva al proponer que el préstamo híbrido tribute necesariamente en el Estado miembro de la matriz si es deducible en el país de la subsidiaria.

La segunda medida que toma el Ejecutivo comunitario para luchar contra las prácticas fiscales de multinacionales en la UE es actualizar la provisión antiabuso en la directiva para obligar a los Estados miembros a adoptar una regla común que les permita ignorar la planificación fiscal artificial entre matriz y subsidiaria que tiene como fin eludir impuestos.

Esos acuerdos artificiales son por ejemplo la creación de sociedades pantalla sin ninguna sustancia, es decir que no tienen empleados ni presencia física pero canalizar miles de millones de euros de sus ganancias globales para evitar el pago de impuestos en otro Estado miembro de la UE o un país tercero.

La propuesta de la CE asegura que los Estados miembros puedan gravar en base a lo que consideran una «sustancia económica real» de las empresas para hacer frente a un problema que facilita a multinacionales la elusión de «miles de millones», según Semeta.

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