Quito, 27 feb (EFE).- El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador, Blasco Peñaherrera, rechazó hoy los controles de precios introducidos por el Gobierno, los cuales son, a su juicio, un reconocimiento de que en el país andino existe un problema inflacionario.
El Ejecutivo que preside Rafael Correa impuso esta semana por decreto controles de precios a 46 productos agropecuarios, como frutas, verduras, carnes y huevos, para garantizar «un acceso justo a los alimentos indispensables» y para «el control de la especulación».
Peñaherrera aseveró que ese tipo de medidas desincentiva la producción, provoca desabastecimiento, genera mercados negros y permite el «abuso» por parte de las autoridades.
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En su opinión, los más perjudicados serán los pequeños productores, que en el momento en que el precio de venta fijado por el Gobierno sea menor que su costo dejarán de producir.
«Ha comenzado el proceso de radicalización del absurdo», dijo Peñaherrera, en referencia a la promesa de Correa de «radicalizar» su plan de gobierno tras la amplia victoria en los comicios presidenciales del pasado 17 de febrero.
El pasado martes, el mandatario aseveró que ciertos comerciantes «están acostumbrados a especular, haciéndole gran daño a la ciudadanía», lo que motiva los controles introducidos.
Peñaherrera opinó que se trata de una acción «ilegal» porque Correa dijo que sería «en principio permanente», mientras que la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado da potestad al Ejecutivo para establecer políticas de precios «de modo excepcional y temporal», según citó el propio decreto firmado por el presidente.
También señaló que es un reconocimiento «implícito» de que Ecuador tiene un problema inflacionario, que él atribuyó principalmente al aumento del gasto público.
El país cerró el año pasado con un alza de precios del 4,16%, frente al 3,32 % del 2007, cuando asumió la presidencia Correa.
Según Peñaherrera, para frenar la inflación lo mejor es aumentar la producción nacional mediante la estabilidad económica, la seguridad jurídica y la apertura de mercados, factores que no impulsa el Gobierno, en su opinión.
El Ejecutivo, en cambio, destaca la «buena salud» de la economía, que creció un 5 % el año pasado, un número que Diego Martínez, Presidente del Directorio del Banco Central, calificó esta semana como «fabuloso».
Peñaherrera también se refirió hoy a la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que vela por el combate contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, de mantener a Ecuador en la lista de países con medidas insuficientes en esos ámbitos.
«Estamos en la peor lista del mundo en estos temas», se quejó el líder empresarial, que lo calificó como «un nuevo error» en la política internacional del Gobierno.
Peñaherrera dijo que esa circunstancia encarece la financiación externa, pues eleva los riesgos de realizar transacciones con Ecuador, y pidió medidas al Gobierno contra el lavado de activos.
El Procurador General de Ecuador, Diego García, aseveró el lunes que los avances de su país en esas áreas son «innegables», pero dijo que el GAFI insistió en la aprobación de leyes contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo.
García indicó que para salir de la lista es «indispensable» que la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral de la nación andina, dé el visto bueno a esos proyectos legislativos.
Junto con Ecuador, el GAFI colocó en su «lista gris» a Etiopía, Indonesia, Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistán, São Tomé y Príncipe, Siria, Tanzania, Turquía, Vietnam y Yemen, según su página de internet.
Aparte de ellos puso a Irán y a Corea del Norte en su «lista negra», como los mayores infractores.
El año pasado Correa consideró injustificada la inclusión de su país en la «lista gris» del GAFI.
«Ni nos va ni nos viene lo que diga o deje de decir el GAFI, otro de los tantos instrumentos del neocolonialismo», indicó entonces el mandatario, pues dijo que «si tuviera una sola moral, intervendría los paraísos fiscales» en el Caribe o en Estados Unidos.
